La ficha clave en los contratos del caso carrotanques que no llegó a la Fiscalía

Esta semana ha sido crucial para la Fiscalía. Al búnker llegaron Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en busca de un principio de oportunidad que les permita recibir beneficios judiciales. Esa negociación depende de la información que puedan entregar sobre otros implicados en el esquema de corrupción que compromete a la entidad por presuntos sobrecostos en la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira. Un escándalo que, incluso, ha tocado a funcionarios del gobierno y congresistas. Quien no acudió a la cita con el ente investigador fue Luis Eduardo López Rosero, un viejo conocido en la Unidad y quien se quedó con el contrato para la compra de los vehículos.

Esta semana ha sido crucial para la Fiscalía. Al búnker llegaron Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en busca de un principio de oportunidad que les permita recibir beneficios judiciales. Esa negociación depende de la información que puedan entregar sobre otros implicados en el esquema de corrupción que compromete a la entidad por presuntos sobrecostos en la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira. Un escándalo que, incluso, ha tocado a funcionarios del gobierno y congresistas. Quien no acudió a la cita con el ente investigador fue Luis Eduardo López Rosero, un viejo conocido en la Unidad y quien se quedó con el contrato para la compra de los vehículos.

López, más conocido como el “pastuso”, pues la mayoría de sus negocios están concentrados en Pasto, de la cual también es oriundo, estaba confirmado para su encuentro con la Fiscalía este miércoles 8 de mayo, pero en ningún momento pisó el búnker. Tampoco apareció su abogado. No obstante, fuentes cercanas al proceso le dijeron a este diario que el contratista tendría un nuevo apoderado: el abogado penalista Francisco Bernate. En todo caso, el llamado de Luis Eduardo López responde a la información que tendría sobre los contratos firmados entre la Unidad y la empresa Impoamericana Rogers SAS, que también está en la mira de las autoridades judiciales por haberse quedado con el contrato de los carrotanques que habría tenido sobrecostos.

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El nombre Luis Eduardo López no es nuevo para los entes de control. El 29 de octubre de 2020, el contratista fue imputado por la Contraloría debido a otro caso de corrupción: los sobrecostos en ayudas humanitarias entregadas durante la pandemia del covid-19. Luket SAS fue una de las compañías que terminó enredada en ese escándalo y de la que López es su representante legal. Su nombre tampoco es nuevo para la Ungrd, pues durante 15 años ha sido contratista con la Unidad. Sin ir muy lejos, Luket SAS fue una de las empresas invitadas por el exdirector de la entidad, Olmedo López, para participar en la licitación para la compra de los carrotanques que terminaron parqueados en una base militar en Uribia (La Guajira).

Son varios detalles los que acercan a el “pastuso” con irregularidades en la contratación para la compra de los vehículos. Según reveló W Radio en marzo pasado, López también figura como representante legal de Brand SAS, otra compañía que fue invitada por Olmedo López para la adjudicación del contrato de compra de los carrotanques. Al revisar los detalles de la compañía, el medio radial encontró que la principal accionista de la compañía es Sandra Liliana Brand Pantoja, esposa de Luis Eduardo López. Su hija, de hecho, también figura como representante legal suplente de Kalmo SAS, empresa que, a su vez, consignó a Impoamericana SAS más de $50 millones para pagar una parte de los carrotanques.

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De ahí que, cuando estalló el escándalo de los carrotanques, López fue mencionado en los documentos que obtuvo la Fiscalía sobre las irregularidades en el proceso de contratación. Al final, Impoamericana SAS ganó la licitación por la compra de los 40 carrotanques, en la cual se presentaron presuntos sobrecostos por más de $20.000 millones. La compañía, al presentar su oferta, ofreció más de $1.200 millones por cada cada unidad móvil, por lo que se habría pagado un total de $48.000 millones. Las alarmas se prendieron para las autoridades, no solo por los elevados costos, sino, también, por la inexperiencia de la empresa en el sector y por su delicado estado financiero, pues contaba con un capital de apenas $200 millones.

Este panorama también fue analizado por la Procuraduría, que llamó a declarar a López este jueves 9 de mayo. Para el Ministerio Público, escuchar al contratista en medio del escándalo de los carrotanques “podría aportar mayores elementos de juicio al momento de entrar a evaluar la presente actuación disciplinaria” en contra del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla. Con estos elementos, el contratista también buscaría acogerse a un principio de oportunidad ante la Fiscalía y hablar de todo lo que sabe, desde la cancha contractual, con el fin recibir beneficios penales. Sin embargo, la incertidumbre quedó sembrada en su casa, pues no se presentó a la cita con el ente investigador.

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Quien sí asistió a las instalaciones de la Fiscalía, el miércoles 8 de mayo, fue Sneyder Pinilla, quien se acerca cada vez más un principio de oportunidad. Fuentes que conocen el proceso del exsubdirector le confirmaron a este diario que hasta el momento sus llamados al búnker sólo han derivado en acercamientos y que, por ahora, no hay sobre la mesa una propuesta formal de matriz de colaboración para iniciar a negociar. Con los detalles aportados por Pinilla, hasta ahora reservados, será competencia de la Fiscalía tomar una determinación sobre la situación el antiguo subdirector y si es posible garantizar una negociación o, por el contrario, revisar que otras alternativas se podrían entablar. Hasta el momento, sin pruebas en mano, su situación está en veremos.

Esta semana, fundamental para la Fiscalía, se va terminando con un detalle no menor: el llamado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a Luis Fernando Velasco, ministro del Interior; Carlos Ramón González, exdirector del Dapre; Carlos Carrillo, actual director de la Ungrd y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, a declarar. Los altos funcionarios del gobierno ya salieron mencionados en este escándalo de corrupción, que además ya golpeó a Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Legislativo. El alto tribunal, además, ordenó inspecciones a la Unidad, al Congreso y a la Procuraduría para recopilar información que sirva para anexar a las indagaciones contra los dos congresistas. Así se van configurando los expedientes judiciales del escándalo del momento.

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