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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de abrir una indagación previa por el escándalo de presunta corrupción en la compra de carrotanques por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD). El alto tribunal tomó la decisión tras los señalamientos que Sneyder Pinilla, exdirectivo de la entidad, señalara a congresistas de recibir $4.000 millones del negocio.
La indagación, inicialmente, está en manos del magistrado Francisco Farfán, quien a mediados de abril regresó a la Corte, después de una licencia no remunerada de tres meses, en la cual se dedicó a su defensa en medio de una investigación que se adelanta en su contra en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Ante medios de comunicación, Pinilla ha reiterado que al presidente del Senado, Iván Name, se le entregaron $3.000 millones en efectivo a través de un mensajero, mientras que a su par en la Cámara de Representantes, Andrés Calle, él mismo le entregó $1.000 millones en el apartamento del congresista en Montería, Córdoba. De acuerdo con las declaraciones del exsubdirector, Sandra Ortíz, consejera para las Regiones de la Presidencia, habría sido quien, al parecer, entregó el dinero a la máxima cabeza del Senado.
La competencia de la Corte Suprema para indagar el caso se da a raíz de los señalamientos de Pinilla, en los que se menciona a ambos congresistas. Tanto Name como Calle han negado cualquier tipo de vínculo con el escándalo de corrupción e, incluso, han señalado que van a colaborar con las investigaciones. Así mismo, según el exsubdirector, el dinero que habrían recibido ambos legisladores habría salido del contrato de los carrotanques, que presentó sobrecostos de cerca de $20.000 millones.
Pinilla, quien busca colaborar con la Fiscalía para obtener beneficios dentro del caso en su contra, habló sobre los supuestos $4.000 millones que llegaron al Congreso por el turbio negocio y explicó que estos fueron repartidos, según dice, para mover las reformas gubernamentales en el Legislativo. Asimismo, se refirió al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quien señaló de haber participado en reuniones en las que se acordó entregarle el dinero a los congresistas para que ayudaran con la aprobación de las reformas de Petro al interior del Congreso.
En las últimas horas, debido a la complejidad del asunto, el gobierno del presidente Gustavo Petro emitió un comunicado en el que, señala, tendrá “cero tolerancia” con hechos de corrupción durante su mandato, haciendo referencia al caso de los carrotanques. Por eso, decidió conformar una Mesa Técnica para investigar a profundidad qué fue lo que pasó. Esa mesa estaría compuesta por la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Judicial y “un grupo de auditores externos especializados en la materia”, con el fin de “articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos”.
Tras el anuncio, El Espectador conoció un audio de la defensa del exdirector de la unidad, Olmedo López, en el que solicita que, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, sea aislado de esa Mesa Técnica presentada por el gobierno, pues, añade, el funcionario habría cuadrado reuniones entre alcaldes y el exdirector López en lo que sería un caso de “trafico de influencias”. Además, habría solicitado, al parecer, cuotas al interior de la Ungrd. Según la defensa del exdirector de la entidad, encabezada por José Luis Moreno, tendrían como soporte unos chats que probarían dichas solicitudes.
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