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Exintegrantes de las Farc presentaron una carta a las víctimas del secuestro con la que pretendían pedir perdón y comprometerse a escuchar a las víctimas acreditadas en el caso 001, que investiga los secuestros cometidos por la extinta guerrilla en el marco del conflicto. En la misiva, los firmantes aseguraron que “hasta el día de hoy hemos estado prestando cuidadosa atención a lo que de viva voz cuentan las víctimas, sobre esto, en el marco de lo que fue una política que hemos reconocido en diferentes ocasiones, y reiteramos, nunca debió ocurrir”.
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La carta, firmada por Rodrigo Londoño Echeverry, Milton de Jesús Toncel Redondo, Julián Gallo Cubillos, Jaime Alberto Parra, Rodrigo Granda Escobar, Pastor Alape y Pablo Catatumbo, dice que después de tres años de haberse abierto el macrocaso en la JEP, fueron los mismos excombatientes los que le pidieron a esta jurisdicción oír lo que las víctimas tenían por decir. Los exguerrilleros agregaron, sobre los relatos de los afectados por los crímenes: “Hemos pedido y seguiremos pidiendo perdón a las víctimas y a sus familias”.
En el documento, los excombatientes manifiestan que “las víctimas con su generosidad al confiar en este proceso, reclaman una verdad que tenga un sentido reparador y es en ese sentido que trabajamos por cumplir con quienes son el centro del Acuerdo de Paz”. Asimismo, reconocieron que la oportunidad brindada por la JEP de permitirles conocer los relatos los ayuda “a través de la propia voz de quienes sufrieron los vejámenes del secuestro, darnos cuenta que debemos seguir trabajando para crear vínculos, a través de la palabra, que hoy en día es nuestra única arma”.
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Al concluir la misiva, los exguerrilleros explicaron que “no hay justificación alguna para haber causado directa o indirectamente este sufrimiento”. Igualmente, los firmantes han manifestado que “estas audiencias son una oportunidad más para continuar nuestro camino irreversible de reconocimiento, y para reiterar el compromiso con un proceso de paz que inició en La Habana, pero que pese a su difícil implementación, seguimos construyendo con el firme propósito de nunca volver a la guerra”.
Por su parte, víctimas de secuestro acudieron en Cali a la segunda jornada de relatorías por estos hechos. La magistrada Julieta Lemaitre fue la encargada de dirigir el encuentro y, tras más de seis horas de relatos, concluyó diciendo: “espero que haber venido aquí a contar haya generado algún alivio, de saber que la JEP los está escuchando”.
"Las víctimas que acudieron hoy nos contaron relatos muy dolorosos y era evidente que al recordarlos se revivía también el dolor. Espero que haber venido aquí a contar haya generado algún alivio, de saber que la JEP los está escuchando", concluyó la magistrada Julieta Lemaitre. pic.twitter.com/xM1gj9wGgy
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 12, 2021
Un documento similar al recientemente compartido por los exfarc había sido presentado el 30 de abril de este año en el que manifestaron: “Hoy reconocemos que el uso de las cadenas, fue una humillación para los secuestrados. Este reconocimiento se da, después de un ejercicio reflexivo fruto de la oportunidad de escuchar a las víctimas y sus relatos”. En esa ocasión los firmantes reconocieron sus culpas individuales y aportaron información sobre los distintos bloques y comandos participantes en la guerra.
La carta de los exjefes de la guerrilla llega en un momento en donde las críticas en su contra no han escapado de la polémica. La última la protagonizó la senadora Sandra Ramírez por cuenta de unas declaraciones, precisamente, sobre el secuestro. La parlamentaria se refirió a los secuestros y a las “comodidades” que tenían los cientos de personas que mantuvieron en cautiverio en el monte colombiano. “Dentro de esas cárceles tenían sus comodidades, pero hay que ver las cárceles del régimen cómo son, tenemos cárceles para 80.000 personas y tenemos hoy 123.000 personas. Ellos tenían sus comodidades a medida de las condiciones, su camita, su cambuche, todo”, aseveró Sandra Ramírez.
Víctimas de ese delito y sus familiares criticaron las palabras de la senadora. “Así se retracten, ante la JEP hemos escuchado ese tipo de declaraciones sobre que ellos los tenían muy bien, cuando muchas veces en los videos escuchábamos que no había podido entrar una misión médica y ahora vienen a decir que estaban bien. ¿Quién está bien en la selva? Nadie está bien allí”, expresó un familiar de uno de los diputados del Valle, secuestrado en 2002 y asesinado por las Farc en 2007.
En enero de este año, la JEP dio un paso histórico desde su creación en 2017, cuando imputó a los siete firmantes de la carta y a Juan Hermilio Cabrera por delitos de lesa humanidad y crimen de guerra. En esa ocasión, la primera decisión judicial fue cambiar el nombre jurídico del caso que pasó a llamarse toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP. Los ocho exguerrilleros fueron acusados como coautores de los crímenes de privaciones de la libertad, desaparición forzada y homicidio. Algunos también fueron acusados de torturas, violencia sexual y atentados a la dignidad personal, y fueron señalados de haber generado “sufrimiento durante el cautiverio” que dejaron secuelas por la guerra.
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