Esposa y suegra de exgobernador Hugo Aguilar no serán víctimas en la JEP
Mónica Barrera y su madre Socorro Carreño explicaron que han sido afectadas por las decisiones de la justicia penal contra Hugo Aguilar, pues fueron vinculadas a un proceso por enriquecimiento ilícito. Les han negado créditos bancarios.
La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que Mónica María Barrera y Socorro Carreño, esposa y suegra del exgobernador de Santander Hugo Aguilar, no serán reconocidas como víctimas. Ambas habían explicado que la mano de la justicia en contra de Aguilar, condenado por parapolítica e investigado por enriquecimiento ilícito, las ha afectado en sus vidas como ciudadanas.
En contexto: Juez envía a la JEP el proceso de Hugo Aguilar por lavado de activos
Sin embargo, según la Sección de Apelación ninguna de las denuncias de las mujeres tiene relación con el conflicto armado, razón de ser de la JEP. “Aunque las solicitantes argumentaron que han sido afectadas por las decisiones de la justicia penal ordinaria en contra del exgobernador de Santander, toda vez que son acusadas de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, para la JEP el conflicto armado no ha sido fuente directa o indirecta de ninguno de los procesos y los consecuentes padecimientos que han vivido”, concluyó.
Según dio a conocer la JEP, Barrera y Carreño mencionaron que les han negado créditos bancarios y les han cancelado negocios, además de problemas de “salud, económicos o emocionales” a raíz de las investigaciones penales en su contra. La Sección de Apelación les respondió que esos alegatos no tienen cabida dentro del expediente de Hugo Aguilar, quien se sometió como compareciente voluntario tras ser condenado, en 2013, por aliarse con el Bloque Central Bolívar de las Auc para su proyecto político en la región.
En contexto: Incautan lujoso Porsche del exgobernador Hugo Aguilar
Mónica María Barrera fue capturada en febrero de 2018 junto a su esposo, quien fue gobernador de Santander entre 2004 y 2007 y cuya familia representa el grupo político con mayor poder en el departamento. De hecho, uno de los hijos del político investigado, Richard Aguilar, fue gobernador entre 2012 y 2016 y el actual administrador del departamento es también su hijo, Mauricio Aguilar. Luego de ello, Barrera fue imputada por los delitos de lavado y activos y enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía tiene la hipótesis de que la familia Aguilar se habría enriquecido con los dineros oscuros del Bloque Central Bolívar. Desde el principio de la investigación se ha hablado de $2.500 millones que no tendrían justificación en el capital del exgobernador. Fueron identificados un total de 33 bienes, los cuales fueron sometidos a un proceso de extinción de dominio. Uno de ellos un carro Porsche negro. También fueron decomisados 29 inmuebles en Bucaramanga, Piedecuesta, San Gil, Páramo, Socorro (Santander); Chitaraque (Boyacá) y Bogotá.
Lea también: Se mueve el demorado juicio de Hugo Aguilar relacionado con el Parque Chicamocha
El Porsche de Aguilar fue todo un escándalo en su momento, pues al exgobernador se le había impuesto una multa de 10.750 salarios mínimos en su condena, de 2013, por parapolítica (más de $6.300 millones al momento del fallo). Sin embargo, el coronel (r) de la Policía, a quien se le atribuye el operativo que dio con la muerte de Pablo Escobar, señaló que solo podía pagar $500.000 mensuales porque no tenía recursos para cancelar su deuda.
En 2020, Aguilar logró que su investigación por lavado de activos, el cual salpica a su esposa y suegra, quedara en manos de la JEP. La decisión la tomó la jueza tercera especializada de Bogotá, la cual ordenó suspender la investigación por parte de la Fiscalía. En la justicia ordinaria, además, tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia por supuesta contratación irregular para la creación del Parque Nacional Chicamocha. Se trata de un dilatado expediente que recién en noviembre pasado se activó. La investigación penal inició en 2009.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que Mónica María Barrera y Socorro Carreño, esposa y suegra del exgobernador de Santander Hugo Aguilar, no serán reconocidas como víctimas. Ambas habían explicado que la mano de la justicia en contra de Aguilar, condenado por parapolítica e investigado por enriquecimiento ilícito, las ha afectado en sus vidas como ciudadanas.
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Sin embargo, según la Sección de Apelación ninguna de las denuncias de las mujeres tiene relación con el conflicto armado, razón de ser de la JEP. “Aunque las solicitantes argumentaron que han sido afectadas por las decisiones de la justicia penal ordinaria en contra del exgobernador de Santander, toda vez que son acusadas de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, para la JEP el conflicto armado no ha sido fuente directa o indirecta de ninguno de los procesos y los consecuentes padecimientos que han vivido”, concluyó.
Según dio a conocer la JEP, Barrera y Carreño mencionaron que les han negado créditos bancarios y les han cancelado negocios, además de problemas de “salud, económicos o emocionales” a raíz de las investigaciones penales en su contra. La Sección de Apelación les respondió que esos alegatos no tienen cabida dentro del expediente de Hugo Aguilar, quien se sometió como compareciente voluntario tras ser condenado, en 2013, por aliarse con el Bloque Central Bolívar de las Auc para su proyecto político en la región.
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Mónica María Barrera fue capturada en febrero de 2018 junto a su esposo, quien fue gobernador de Santander entre 2004 y 2007 y cuya familia representa el grupo político con mayor poder en el departamento. De hecho, uno de los hijos del político investigado, Richard Aguilar, fue gobernador entre 2012 y 2016 y el actual administrador del departamento es también su hijo, Mauricio Aguilar. Luego de ello, Barrera fue imputada por los delitos de lavado y activos y enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía tiene la hipótesis de que la familia Aguilar se habría enriquecido con los dineros oscuros del Bloque Central Bolívar. Desde el principio de la investigación se ha hablado de $2.500 millones que no tendrían justificación en el capital del exgobernador. Fueron identificados un total de 33 bienes, los cuales fueron sometidos a un proceso de extinción de dominio. Uno de ellos un carro Porsche negro. También fueron decomisados 29 inmuebles en Bucaramanga, Piedecuesta, San Gil, Páramo, Socorro (Santander); Chitaraque (Boyacá) y Bogotá.
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En 2020, Aguilar logró que su investigación por lavado de activos, el cual salpica a su esposa y suegra, quedara en manos de la JEP. La decisión la tomó la jueza tercera especializada de Bogotá, la cual ordenó suspender la investigación por parte de la Fiscalía. En la justicia ordinaria, además, tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia por supuesta contratación irregular para la creación del Parque Nacional Chicamocha. Se trata de un dilatado expediente que recién en noviembre pasado se activó. La investigación penal inició en 2009.
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