La Fiscalía radicó oficialmente el escrito de acusación contra el exdiputado de la Asamblea del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, quien enfrentará un juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Tal como lo comunicó hace unos meses el fiscal Mario Burgos, la hipótesis consolidada en contra del político establece que se enriqueció injustificadamente e intentó blanquear cientos de millones a través de la compra de propiedades.
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El llamado a juicio se da luego de que fracasaran las negociaciones entre el acusado y la Fiscalía, que tuvieron acercamientos durante la audiencia de imputación, en la que Nicolás Petro señaló que contaría “la verdad”. El acusado renunció a la oportunidad de suscribir un acuerdo que le permitiese quedar en libertad, aportando información de interés de la Fiscalía, y ahora tendrá que presentar pruebas y testimonios que lo libren de toda culpa en un juicio penal.
La Fiscalía, por su parte, se mantiene firme en vincular a Nicolás Petro con un incremento patrimonial injustificado en un total de $1.053 911.056 millones. Tal cantidad de dinero no sería “producto de su labor como Diputado, y, al no haber reportado, ni encontrado, otra actividad económica legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado, y lo es, porque éstos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero desde mayo de 2021 hasta finales del año 2022, recibidos en efectivo”.
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Para llegar a esa conclusión, la Fiscalía encontró que la única fuente de ingresos de Nicolás Petro era su labor como diputado. De hecho, en sus declaraciones de renta de 2020 y 2021, reportó únicamente rentas de trabajo. No reportó tener obligaciones financieras, ni ser participe en sociedades o tener actividades económicas de carácter privado. Tampoco tiene inversiones en fondos o reportó haber recibido donaciones durante los últimos años. Y, por si fuese poco, no aparece como propietario de ningún bien mueble o inmueble. De tal manera que, en los últimos tres años, solo tendría que haber tenido en sus cuentas poco más de $314 millones por sesiones ordinarias y poco más de $251 millones por pagos netos.
Aunque su sueldo era, en promedio, de $30 millones, y no tenía otros ingresos, la Fiscalía le habría pescado pagos verdaderamente ostentosos en relación con los que se podía dar. Entre ellos, el pago de un arriendo en el Edificio Balcones del Parque, de Barranquilla, que le costó $23 millones. En julio de 2022, también arrendó una casa de condominio en Puerto Colombia, por $86 millones. En noviembre de ese año, pagó otro arriendo en Barranquilla, el Altos de Bonavista, por $38 millones. Incluso, la Fiscalía tiene mapeado el pago inicial de una casa en Tubará, por $334 millones, y la compra de un Mercedes Benz por $200 millones.
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Para soportar todos estos gastos, Nicolás Petro debió contar con al menos $1.450 millones, sin embargo, a corte de 2022, en realidad solo podría justificar $280 millones, en las cuentas de la Fiscalía. Y ahí es donde entra el delito de lavado de activos, acusado al hijo del presidente por el fiscal Mario Burgos, en razón a su posible estrategia por adquirir, invertir, ocultar y encubrir bienes provenientes del enriquecimiento ilícito. Vuelve al juego la compra de la casa en Tubará, con la cual se habrían querido ocultar $334 millones en efectivo. Con una pista clave: no quedó a nombre de Petro o de su entonces pareja Daysuris Vásquez. Quedó como titular César Emilio Vásquez, familiar de la también imputada.
Es similar el caso del Mercedes Benz, línea E200, modelo 2000, que habría sido pagado en efectivo y que quedó a nombre de la ciudadana Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta. Sobre la casa en el condominio La Herradura, en Puerto Colombia, la Fiscalía tiene como probar que quien quedaría como comprador sería César Emilio Vásquez, en una operación millonaria y desarrollada con dinero en efectivo. Al final, esa casa iba a costar $1.650 millones, lo cual le hubiera tomado más de una década de trabajo a Nicolás Petro, de acuerdo a sus ganancias como diputado. De otro lado, la Fiscalía acusó al hijo del presidente por ocultar dineros en bolsos, maletas, cajas fuertes y resguardar millones a través de terceras personas.
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Para soportar su acusación, la Fiscalía podría llevar al juicio a investigadores del CTI de la misma institución y funcionarios de Policía Judicial, quienes estuvieron a cargo de toda la recolección de documentos clave. Asimismo, ciudadanos que conocieron de los contratos de compraventa y arrendamiento en los que habría participado Nicolás Petro. Como pruebas, la Fiscalía propondrá centenares de órdenes de Policía Judicial, actas de labores propias de la investigación y más documentos relacionados con la adquisición de bienes por parte de cercanos al investigado. Cabe precisar que el fiscal Mario Burgos no mencionó en ninguna parte al “Hombre” Marlboro (fue condenado) o al “Turco” Hilsaca, hombres con cuestionable pasado judicial, quienes fueron mencionados como aportadores de dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro y cuyos millones se habrían quedado en manos de Nicolás Petro.
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