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Antes de su extradición, Dairo Antonio Úsuga le contó a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) detalles de lo que vivió durante toda su vida en la guerra, desde sus días en el Epl, después en las Farc y los años en los que estuvo en grupos paramilitares. En medio de su relato, alias Otoniel mencionó a varios políticos, entre ellos Luis Pérez y al senador Miguel Ángel Pinto, de 60 años. Sus declaraciones dieron paso a que la Corte Suprema de Justicia abriera una indagación en contra del congresista y, en versión libre, Pinto se defendió explicando que no es él a quien mencionó Otoniel. El Espectador conoció las pruebas y detalles de su defensa ante el alto tribunal.
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El exlíder de la estructura ilegal, quien fue extraditado el 4 de mayo a Estados Unidos para que salde sus cuentas por el envío de droga a ese país, antes de irse, prendió el ventilador en la justicia transicional. Las declaraciones salpicaron a generales retirados del Ejército, como Mario Montoya y Leonardo Barrero; contratistas y políticos, entre ellos el senador del Partido Liberal. Otoniel dijo que el congresista electo para el próximo período constitucional tuvo conversaciones con miembros del Bloque Centauros de las extintas Auc y recibió ayuda en la votación para llegar al Congreso.
El despacho del magistrado Misael Rodríguez, de la Corte Suprema, abrió la indagación previa en contra de Pinto el mismo día que las autoridades colombianas extraditaron a Otoniel. Lo hizo después de que la JEP resolviera una duda planteada por el mismo congresista, quien aseguró en su momento que Otoniel se había referido a un Miguel Ángel Pinto, pero no a él. En diálogo con El Espectador, el congresista dijo tener “la conciencia tranquila” porque, insistió, se trata de un caso de homonimia. Está convencido de que él no es el Miguel Ángel Pinto del que habla Otoniel en sus declaraciones.
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Las pruebas
El senador liberal le solicitó a la Corte rendir versión libre en su proceso. La diligencia se llevó a cabo el 8 de junio y duró alrededor de una hora. El magistrado recibió en su despacho, lo cual quedó consignado en video, los documentos que, según el senador y su defensa, el abogado Daniel Caicedo, lo sacarán del apuro judicial en el que lo metió Otoniel. Se trata de una relación de cinco contratos en los que aparece el nombre de Miguel Ángel Pinto Barón, contratista santandereano que, al parecer, en la época en la que estuvo Otoniel delinquiendo en la región del Casanare, celebró esos negocios con la Gobernación.
Según el senador Pinto, ya había tenido líos con su homónimo. Al ser oriundos de Santander, según el senador, en los 2000 solía ser confundido con el contratista. “Una vez me llegó una felicitación de cuando él se iba a casar. Hasta un regalo me llegó y me tocó decir que yo no era el homenajeado y devolverlo”, explicó el congresista. Aunque menciona que confía en que la Corte encontrará que no hay relación, dijo que el escándalo le hizo mucho daño a él, su familia y sus conocidos. Por ahora, resaltó que le dará espacio al magistrado Rodríguez para que analice los documentos y una vez corra el tiempo, junto con su abogado, solicitarán que se cierre el caso.
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El contratista y el senador tienen en común, según los documentos, los mismos nombres y un solo apellido, además de coincidir con su lugar de nacimiento. Los convenios que conoció este diario, que superan en conjunto los $5.505 millones, tenían como objeto realizar obras de pavimentación en vías principales y terciarias del departamento de Casanare. Esa situación llama la atención del senador, pues además de que su profesión es abogado, nunca ha tenido relación alguna con la Gobernación de Casanare. Según el senador y su abogado, existen incongruencias en las declaraciones de Otoniel.
“Hay varias deficiencias en la declaración. El señor Otoniel dice, en primer lugar, que en 2003 yo como senador fui a pedir votos allá, pero yo fui candidato por primera vez al Senado hasta el 2018; es decir, no se equivocó sino por 15 años de diferencia. Esa es la primera versión que él entregó. Después, cambia la historia y dice que fue cuando fui representante a la Cámara por Casanare, pero yo nunca fungí en ese cargo por ese departamento. Después, vuelve a cambiar la versión y dice que él se reunía con diputados, y yo nunca fui diputado”, dijo el senador en diálogo con este diario.
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Además de otras inconsistencias en las declaraciones de Otoniel, Pinto y su defensa le entregaron a la Corte un derecho de petición, que contestó la Registraduría, donde señala cuándo llegó el senador liberal al Congreso. Según ese documento, Pinto Hernández llegó por primera vez en 2011, cuando reemplazó a un representante a la Cámara por Santander y, más tarde, llegó su candidatura formal como senador y posterior elección para el 2018-2022. La pregunta de si realmente se trataría del congresista Pinto Hernández también la compartió el procurador que estuvo durante las declaraciones de Otoniel.
El delegado del Ministerio Público le preguntó al exlíder del Clan del Golfo si se refería al senador liberal, pues los hechos narrados por el declarante no cuadraban con las fechas en las que Pinto Hernández fue congresista. Esa pregunta de la Procuraduría quedó consignada también como parte de la defensa de Pinto ante la Corte Suprema. Ahora, el magistrado Rodríguez deberá analizar y determinar si el expediente está basado en un tema de homonimia o si, por el contrario, Pinto debe ser investigado formalmente por vínculos con grupos paramilitares.