Esta es la política de drogas oficial del gobierno de Gustavo Petro
El Espectador conoció el documento de 80 páginas titulado “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”. De entrada, se sabe que no se legalizará, por ahora, la coca. Tendrá una inversión de $21 billones. Estas son las estrategias definidas.
Jhoan Sebastian Cote
El Espectador conoció el documento final de la nueva política de drogas del gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual tendrá una vigencia de 10 años, y que, según el Ministerio de Justicia, tendrá una inversión de $21 billones. El documento oficial, de 80 páginas, se llama “Sembrando vida desterramos el narcotráfico” y tiene un total de ocho enfoques, entre ellos los derechos humanos, la salud pública y la construcción de paz. De entrada, el gobierno Petro no propuso legalizar la hoja de coca, pero sí habrá un cambio de rumbo para abordar el problema de las drogas. Así lo dio a conocer Petro y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante la presente Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas en Cali, que contó con la representación de 19 países participantes y observadores.
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Según conoció este diario, la nueva política de drogas va en doble vía: por un lado, oxígeno para los campesinos cultivadores de plantas de uso ilícito como la coca, amapola o cannabis. Para ellos se plantea tránsito a economías licitas en zonas rurales y de manejo espacial. Además, esta estrategia contempla cuidado ambiental de territorios afectados por la economía de las drogas ilícitas; atención a la población vulnerable frente a mercados urbanos de drogas; y el consumo de sustancias psicoactivas desde el cuidado integral, la salud pública y los derechos humanos. Tal como lo estableció el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habrá programas de consumo controlado para usuarios de drogas.
De otro lado, está la política de asfixia que, en síntesis, será la afectación a los actores estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico. El gobierno de Gustavo Petro plantea golpear con mayor frecuencia las infraestructuras de producción, frenar la comercialización de insumos y precursores químicos, afectar las finanzas ilegales de los narcotraficantes, fortalecer las interdicciones y, como novedad, hacer un uso estratégico y eficiente de la erradicación. “Combatir la corrupción blindando la implementación de la política de drogas”, se lee en el texto.
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La nueva política de drogas está basada en el diagnóstico desfavorable sobre las últimas estrategias enmarcadas en esa “guerra contra las drogas”. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, aunque no existe una cifra oficial sobre el gasto en esa lucha, el Observatorio de Drogas en Colombia estima que, en promedio, el gasto anual es de $3,8 billones de pesos. En los últimos 20 años, el gasto sería de aproximadamente $76 billones de pesos. Y no se logró el principal objetivo que era reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas. En cuanto a la demanda de sustancias psicoactivas, también se observa en el país un incremento del 5,1% al 8,7% en el consumo de cualquier sustancia ilícita.
Oxígeno
Sobre la estrategia de oxígeno, el gobierno proyecta un modelo de tránsito a economías lícitas de los campesinos. Empezará con el cumplimiento en programas de sustitución, que transitará por el ordenamiento y la planificación territorial y finalizará con una propuesta de “bienes y servicios públicos”, la cual está dividida en lo siguiente: acceso a tierras, integración de mercados, estímulo a la asociatividad, comercialización agroalimentaria y la entrega de créditos y subsidios. La erradicación forzosa solo aplicará en los cultivos que no se encuentren dentro de la categoría de “pequeño cultivador”, que sean sembrados después de la publicación de esta política y que tengan infraestructura para la producción de base y clorhidrato de cocaína.
“Como parte de la estrategia de comercialización de productos devenidos de la transformación productiva en áreas con presencia de cultivos de uso ilícito, el Estado debe ofrecer un mercado estable y seguro para los productores que han abandonado la economía ilegal. Además de la capacitación en actividades agropecuarias que reconozcan y dignifiquen la labor campesina, se buscará diversificar el modelo de desarrollo, realizando capacitaciones técnicas en actividades no agropecuarias como los sectores de servicios, transporte, construcción, turismo, tecnologías”, se lee en el texto.
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Además, entidades financieras como el Banco Agrario, Finagro, Findeter, Bancoldex o Fontur brindarán programas de crédito ajustados a las condiciones especiales de estos territorios, con el fin de facilitar la financiación de actividades económicas licitas. Asimismo, entidades del sector de Inclusión Social y Reconciliación otorgarán subsidios especiales para la transición hacia la economía legal. Se dará estudios a los jóvenes que viven en entornos de cultivos de coca. El Gobierno se comprometió, incluso, a ofrecer beneficios a los empresarios que se asocien comercialmente con las comunidades.
Como lo había contado El Espectador, habrá una titulación individual y colectiva a favor de campesinos en “proceso de reconversión productiva”, que estará a cargo de la Agencia Nacional de Tierras. Se viene, de otro lado, la creación de la marca “Sembrando Vida”, que permita identificar productos y servicios derivados de la reconversión económica. Se impulsará un tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores dado que, como se estableció en el Acuerdo de Paz, es clara su vulnerabilidad y su baja influencia en la cadena de narcotráfico.
Asfixia
La política de drogas es clara en mencionar que se aumentarán las labores de destrucción de infraestructuras dedicadas a la producción de drogas ilícitas, con énfasis en las que producen base y clorhidrato de cocaína, heroína y drogas de síntesis. Entre las novedades, está fortalecer el sistema de registro, inspección y control a empresas de metalurgia que provean equipos para la producción de sustancias ilícitas. “En cuanto a las drogas sintéticas, entre las que se encuentran el ‘tusibí’ o el fentanilo de fabricación ilícita, se adelantarán operaciones de desmantelamiento y destrucción de infraestructura diferenciadas y se actualizarán los estudios de caracterización de sus mecanismos de producción”, agrega el documento.
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De otro lado, la promesa es fortalecer la interdicción marítima, fluvial, aérea y terrestre, tanto en las fronteras como en el interior del país. Para ello se invertirá en tecnología avanzada de vigilancia y dirección para cada uno de los frentes. Esto incluye radares modernos, drones, sistemas de dirección de drogas, vehículos de patrulla marítima y equipos de inspección terrestre. Capacitarán a las fuerzas de seguridad en técnicas de interdicción. Se reforzarán las capacidades de inteligencia para recopilar y analizar información sobre las redes de tráfico. Habrá más patrullaje y vigilancia en áreas críticas, especialmente en zonas fronterizas.
Consumo de sustancias psicoactivas
Como lo ha reiterado el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el manejo del consumo de las sustancias psicoactivas se manejará desde el enfoque de la prevención. “Esta política considera determinante que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean acompañados en una formación integral como ciudadanos y ciudadanas saludables, creativos, libres y responsables en la toma de decisiones”, dice el documento. Para esto se implementará un pan de respuesta integral frente a la amenaza de drogas de alto impacto como el fentanilo, opioides y otras drogas emergentes. En ese sentido, se impulsarán las Casas de la Niñez y la Juventud del ICBF.
“De otro lado, esta política propenderá por reducir las barreras de acceso a medicamentos tales como la metadona y a otras alternativas, para asegurar el acceso y la continuidad de los tratamientos de sustitución y mantenimiento (incluso en entornos de privación de libertad), así como a la naloxona como antídoto para las sobredosis, en entornos comunitarios no hospitalarios”, es otro de los datos clave de la política. De esta manera, los actores del Sistema de Salud estarán obligados a asegura la atención integral de todas las personas que lo requieran y fortalecer la oferta de servicios de desintoxicación, deshabituación, tratamientos de sustitución y otros de reducción de daños. A cargo estará el Ministerio de Salud.
En uno de los puntos más novedosos se contempla que las personas que hayan cometido delitos menores relacionados con drogas, con ocasión al consumo problemático de sustancias psicoactivas, accederán a un tratamiento en salud. Además, deberá garantizar la reparación de las víctimas, a cambio de no recibir una pena privativa de la libertad en las cárceles del país. “El enfoque de justicia terapéutica permite desarrollar programas de tratamiento, así como la prevención del delito a través de la construcción de nuevos proyectos de vida personales, familiares y comunitarios”, es el horizonte del Gobierno.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El Espectador conoció el documento final de la nueva política de drogas del gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual tendrá una vigencia de 10 años, y que, según el Ministerio de Justicia, tendrá una inversión de $21 billones. El documento oficial, de 80 páginas, se llama “Sembrando vida desterramos el narcotráfico” y tiene un total de ocho enfoques, entre ellos los derechos humanos, la salud pública y la construcción de paz. De entrada, el gobierno Petro no propuso legalizar la hoja de coca, pero sí habrá un cambio de rumbo para abordar el problema de las drogas. Así lo dio a conocer Petro y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante la presente Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas en Cali, que contó con la representación de 19 países participantes y observadores.
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Según conoció este diario, la nueva política de drogas va en doble vía: por un lado, oxígeno para los campesinos cultivadores de plantas de uso ilícito como la coca, amapola o cannabis. Para ellos se plantea tránsito a economías licitas en zonas rurales y de manejo espacial. Además, esta estrategia contempla cuidado ambiental de territorios afectados por la economía de las drogas ilícitas; atención a la población vulnerable frente a mercados urbanos de drogas; y el consumo de sustancias psicoactivas desde el cuidado integral, la salud pública y los derechos humanos. Tal como lo estableció el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habrá programas de consumo controlado para usuarios de drogas.
De otro lado, está la política de asfixia que, en síntesis, será la afectación a los actores estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico. El gobierno de Gustavo Petro plantea golpear con mayor frecuencia las infraestructuras de producción, frenar la comercialización de insumos y precursores químicos, afectar las finanzas ilegales de los narcotraficantes, fortalecer las interdicciones y, como novedad, hacer un uso estratégico y eficiente de la erradicación. “Combatir la corrupción blindando la implementación de la política de drogas”, se lee en el texto.
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La nueva política de drogas está basada en el diagnóstico desfavorable sobre las últimas estrategias enmarcadas en esa “guerra contra las drogas”. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, aunque no existe una cifra oficial sobre el gasto en esa lucha, el Observatorio de Drogas en Colombia estima que, en promedio, el gasto anual es de $3,8 billones de pesos. En los últimos 20 años, el gasto sería de aproximadamente $76 billones de pesos. Y no se logró el principal objetivo que era reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas. En cuanto a la demanda de sustancias psicoactivas, también se observa en el país un incremento del 5,1% al 8,7% en el consumo de cualquier sustancia ilícita.
Oxígeno
Sobre la estrategia de oxígeno, el gobierno proyecta un modelo de tránsito a economías lícitas de los campesinos. Empezará con el cumplimiento en programas de sustitución, que transitará por el ordenamiento y la planificación territorial y finalizará con una propuesta de “bienes y servicios públicos”, la cual está dividida en lo siguiente: acceso a tierras, integración de mercados, estímulo a la asociatividad, comercialización agroalimentaria y la entrega de créditos y subsidios. La erradicación forzosa solo aplicará en los cultivos que no se encuentren dentro de la categoría de “pequeño cultivador”, que sean sembrados después de la publicación de esta política y que tengan infraestructura para la producción de base y clorhidrato de cocaína.
“Como parte de la estrategia de comercialización de productos devenidos de la transformación productiva en áreas con presencia de cultivos de uso ilícito, el Estado debe ofrecer un mercado estable y seguro para los productores que han abandonado la economía ilegal. Además de la capacitación en actividades agropecuarias que reconozcan y dignifiquen la labor campesina, se buscará diversificar el modelo de desarrollo, realizando capacitaciones técnicas en actividades no agropecuarias como los sectores de servicios, transporte, construcción, turismo, tecnologías”, se lee en el texto.
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Además, entidades financieras como el Banco Agrario, Finagro, Findeter, Bancoldex o Fontur brindarán programas de crédito ajustados a las condiciones especiales de estos territorios, con el fin de facilitar la financiación de actividades económicas licitas. Asimismo, entidades del sector de Inclusión Social y Reconciliación otorgarán subsidios especiales para la transición hacia la economía legal. Se dará estudios a los jóvenes que viven en entornos de cultivos de coca. El Gobierno se comprometió, incluso, a ofrecer beneficios a los empresarios que se asocien comercialmente con las comunidades.
Como lo había contado El Espectador, habrá una titulación individual y colectiva a favor de campesinos en “proceso de reconversión productiva”, que estará a cargo de la Agencia Nacional de Tierras. Se viene, de otro lado, la creación de la marca “Sembrando Vida”, que permita identificar productos y servicios derivados de la reconversión económica. Se impulsará un tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores dado que, como se estableció en el Acuerdo de Paz, es clara su vulnerabilidad y su baja influencia en la cadena de narcotráfico.
Asfixia
La política de drogas es clara en mencionar que se aumentarán las labores de destrucción de infraestructuras dedicadas a la producción de drogas ilícitas, con énfasis en las que producen base y clorhidrato de cocaína, heroína y drogas de síntesis. Entre las novedades, está fortalecer el sistema de registro, inspección y control a empresas de metalurgia que provean equipos para la producción de sustancias ilícitas. “En cuanto a las drogas sintéticas, entre las que se encuentran el ‘tusibí’ o el fentanilo de fabricación ilícita, se adelantarán operaciones de desmantelamiento y destrucción de infraestructura diferenciadas y se actualizarán los estudios de caracterización de sus mecanismos de producción”, agrega el documento.
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De otro lado, la promesa es fortalecer la interdicción marítima, fluvial, aérea y terrestre, tanto en las fronteras como en el interior del país. Para ello se invertirá en tecnología avanzada de vigilancia y dirección para cada uno de los frentes. Esto incluye radares modernos, drones, sistemas de dirección de drogas, vehículos de patrulla marítima y equipos de inspección terrestre. Capacitarán a las fuerzas de seguridad en técnicas de interdicción. Se reforzarán las capacidades de inteligencia para recopilar y analizar información sobre las redes de tráfico. Habrá más patrullaje y vigilancia en áreas críticas, especialmente en zonas fronterizas.
Consumo de sustancias psicoactivas
Como lo ha reiterado el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el manejo del consumo de las sustancias psicoactivas se manejará desde el enfoque de la prevención. “Esta política considera determinante que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean acompañados en una formación integral como ciudadanos y ciudadanas saludables, creativos, libres y responsables en la toma de decisiones”, dice el documento. Para esto se implementará un pan de respuesta integral frente a la amenaza de drogas de alto impacto como el fentanilo, opioides y otras drogas emergentes. En ese sentido, se impulsarán las Casas de la Niñez y la Juventud del ICBF.
“De otro lado, esta política propenderá por reducir las barreras de acceso a medicamentos tales como la metadona y a otras alternativas, para asegurar el acceso y la continuidad de los tratamientos de sustitución y mantenimiento (incluso en entornos de privación de libertad), así como a la naloxona como antídoto para las sobredosis, en entornos comunitarios no hospitalarios”, es otro de los datos clave de la política. De esta manera, los actores del Sistema de Salud estarán obligados a asegura la atención integral de todas las personas que lo requieran y fortalecer la oferta de servicios de desintoxicación, deshabituación, tratamientos de sustitución y otros de reducción de daños. A cargo estará el Ministerio de Salud.
En uno de los puntos más novedosos se contempla que las personas que hayan cometido delitos menores relacionados con drogas, con ocasión al consumo problemático de sustancias psicoactivas, accederán a un tratamiento en salud. Además, deberá garantizar la reparación de las víctimas, a cambio de no recibir una pena privativa de la libertad en las cárceles del país. “El enfoque de justicia terapéutica permite desarrollar programas de tratamiento, así como la prevención del delito a través de la construcción de nuevos proyectos de vida personales, familiares y comunitarios”, es el horizonte del Gobierno.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.