Mediante un oficio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aclaró que Salvatore Mancuso no tiene medida de aseguramiento o alguna restricción de libertad por parte de esa instancia de justicia transicional. Señaló, además, que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) únicamente tiene calidad de compareciente, pues fue aceptado ante la JEP como “bisagra” o punto de conexión entre la comandancia paramilitar y la fuerza pública.
Según la JEP, el hecho de que Mancuso fuera aceptado como compareciente, desde noviembre de 2023, su situación ante esa instancia “no acarrea ni legal, ni jurídica ni procesalmente su privación de libertad”. “Valga puntualizar (...) que la competencia personal para conocer por parte de esta Jurisdicción Especial para la Paz, de los asuntos en los cuales se encuentra concernido el referido señor Mancuso en el marco del conflicto armado colombiano, se encuentra en disputa, y, por ende, suspendida con ocasión de la colisión positiva de competencia de jurisdicciones que tramita la Corte Constitucional”, añadió la JEP.
Desde el pasado mes de abril, el conflicto de competencias fue radicado ante el alto tribunal, más precisamente en el despacho de la magistrada Diana Constanza Fajardo, quien se encuentra estudiando más de 1.000 folios enviados por la JEP para determinar quién tiene la competencia de llevar los procesos del exjefe paramilitar. Por un lado está la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha solicitado asumir todos esos procesos que se llevan en contra de Mancuso en diferentes juzgados y tribunales. Y, por el otro, la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, que ya le ha otorgado la libertad al cordobés.
Sin embargo, la misma JEP ha reiterado que la libertad de Mancuso está en manos de las autoridades judiciales en donde tiene otros procesos abiertos. De acuerdo con la Jurisdicción, la misma comparecencia de Mancuso a la JEP está en evaluación por parte de la Corte Constitucional y, por ende, la resolución de la situación jurídica del exjefe paramilitar, incluida su libertad, debe ser decidida por la alta corte.
“Resulta pertinente señalar que las autoridades judiciales de Justicia y Paz (en sede de los Tribunales de Bogotá y Barranquilla, y del Juzgado de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz del Territorio Nacional), son quienes han adoptado decisiones judiciales relacionadas con la libertad del señor Mancuso Gómez, asumiendo la competencia relacionada con este específico y puntual tema”, precisó la Jurisdicción.
Como contó El Espectador, en el estudio que se adelanta en la Corte Constitucional es donde no se sabe mucho del movimiento que ha tenido el proceso. Este diario consultó a distintas fuentes dentro del alto tribunal, las cuales aseguraron que son varios los factores que han demorado que Fajardo pueda presentar alguna ponencia sobre el caso de Mancuso. Principalmente, señalaron que son dos. La primera, que se han ido agregando y acumulando expedientes a ese caso y “eso hace que los términos se corran”. La segunda, que al ser un caso tan complejo, en el que dos jurisdicciones especiales se disputan la competencia de la misma persona, no se tiene jurisprudencia al respecto y hace que la togada tenga que ver qué ruta trazar.
Para la defensa del exjefe paramilitar, “el escenario correcto es el de Justicia y Paz”, pues, argumentan, ya se han acumulado todas las sentencias con medida de aseguramiento en su contra, y ya cumplió su tiempo de condena en Estados Unidos. Quienes conocen de cerca el proceso del exjefe de las Autodefensas, aseguran que, tras la decisión del juzgado de Ejecución de Penas, Mancuso podría quedar en libertad mientras la Corte Constitucional define la competencia de jurisdicciones.
El tema de la libertad del exjefe paramiltar ha dado de que hablar, por eso, el propio Salvatore Mancuso dio a conocer un video este lunes 8 de julio, en el que afirma que el Inpec no ha acatado la orden judicial de un juez de Justicia y Paz que lo dejó en libertad y asegura que no existen órdenes judiciales vigentes para capturarlo. Por eso, pidió a Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional hacer seguimiento a sus denuncias sobre la vulneración de sus “derechos fundamentales” y al “debido proceso” por parte del Inpec.
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