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De los 14 casos por los que está rindiendo cuentas el Estado colombiano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), uno de los más emblemáticos es la condena que recibió Colombia por la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada por paramilitares al mando de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, en julio de 1997. Por estos hechos, en los que fueron desaparecidos un número indeterminado de habitantes de ese municipio, han sido condenados varios paramilitares y el general Jaime Humberto Uscátegui, comandante de la Brigada VII con jurisdicción en la zona. Actualmente se encuentra en libertad luego de haberse sometido a la JEP.
Vea: Los casos por los que Colombia rendirá cuentas en audiencias de la Corte IDH
Luego de finalizadas la sesión en el que el Estado mostró los avances en las medidas que le dio la Corte cuando lo condenó en 2005, El Espectador entrevistó al abogado de las víctimas de la masacre, Eduardo Carreño, quien aseguró que no se ha avanzado en materia de busqueda de las personas que fueron arrojadas al río Guaviare, la construcción de un monumento en memoria las víctims y garantías para que los desplazados vuelvan a Mapiripán. También señaló que no se explica cómo no se ha investigado a los funcionarios del Estado que permitieron que dos aviones salieran de los aeropuertos de Necoclí y Apartadó (Urabá) transportando a los 150 paramilitares que atacaron a la población del municipio.
La investigación de la Fiscalía General arrojó que los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron escoltados por militares de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa (Urabá) y cuyo comandante era, en esa época, el general (r) Rito Alejo del Río. En julio de 2017, este diario reveló que el exalto oficial retirado habiá sido vinculado a la investigación por los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado, concierto para delinquir y terrorismo. Sin embargo, del Río está libre desde septiembre de 2017, luego de haberse sometido a la JEP.
¿Cuál fue la posición que manejó el Estado durante la audiencia?
El Estado mostró las investigaciones que se han hecho sobre el grupo paramilitar que realizó la masacre y las condenas que se dieron contra los 27 miembros de ese grupo al margen de la ley y otro grupo que se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, mostraron la vinculación al expediente de seis miembros de la Fuerza Pública, quienes, en su gran mayoría están condenados. Sin embargo, estamos en este mismo punto desde 2014. Es decir, ya son cinco años en donde el Estado no ha avanzado en las otras líneas de investigación.
¿Cuáles?
Por ejemplo, por qué no se investigó a los funcionarios que permitieron que los paramilitares viajaran en aviones desde el Urabá para cometer la masacre. Tampoco a los policías de la Dirección Antinarcóticos de San José del Guaviare, que es a dónde llegan los hombres armados. O a los miembros de la Fuerza Pública que estaban en los retenes de Puerto López y Puerto Gaitán de donde bajaron los paramilitares del Casanare. Ellos los dejaron pasar y también los dejaron salir. No se puede decir que ha habido grandes avances en la investigación. En la sentencia de la Corte IDH se menciona que al menos 100 paramilitares participaron de la masacre y el Estado solo ha condenado a 27. Asimismo, ¿cómo no se investigó a los funcionarios de la Aeronaútica Civil y la Fuerza Aérea? quienes no reportaron los vuelos con los que los paramilitares atravesaron el país.
¿Qué se comentó sobre los militares que solicitaron entrar a la JEP?
Lo que hay actualmente son tres solicitudes por parte del los generales retirados Jorge Humberto Uscátegui y Rito Alejo del Rio; y el coronel Jorge Eliecer Plazas Acevedo. Hasta el momento no hay una demostración de en que condiciones accederían a los beneficios que otroga esta justicia especial. ¿Cuáles son las garantías que ellos van a plantear para confesar los hechos integralmente?.¿Cuál será la verdad que entregarán? o solo querran entrar a la JEP para ya en libertad dilatar los procesos
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