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El Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos anunció en la mañana del 24 de noviembre que restringió el ingreso del general (r) colombiano Jesús Armando Arias Cabrales al país. En este caso, por una grave violación de derechos humanos durante la retoma del Palacio de Justicia de Bogotá en noviembre de 1985.
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Aunque el Departamento de Estado no explicó en su página web cuál es la violación a la que se refieren, Arias Cabrales fue condenado en la justicia ordinaria a 35 años de prisión como comandante de la Brigada XIII del Ejército que participó en la excesiva retoma. La violencia desplegada por los militares para restablecer el orden, incluso, culminó con la condena de Colombia ante Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014.
También informaron que la restricción no es solo para el general (r), sino que incluye a su esposa, Martha Paulina Isaza de Arias, así como a sus dos hijos. En el comunicado, el Departamento de Estado reiteró su apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz, elogiando el papel de la JEP “para poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con el conflicto”. Precisamente esta jurisdicción expulsó al general (r) Arias por no realizar aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados al proceso.
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El alto oficial del Ejército había sido expulsado inicialmente de la JEP el 16 de marzo de 2023, luego de concluir que durante la audiencia única de aporte a la verdad no suministró información que permitiera establecer el paradero de las víctimas de la retoma, ni los restos de aquellas que han sido entregadas por las autoridades de manera parcial a sus familiares. Para ese organismo “el general (r) Arias desconoció la razón de ser de la construcción de la verdad en la JEP”. Esta decisión quedó confirmada luego de que en agosto de este año se le negara un recurso de apelación que había presentado.
El Gobierno de Estados Unidos ya le había cerrado las puertas de su país a tres altos mandos militares por presuntamente participar en “graves violaciones de derechos humanos” durante el conflicto armado. Los implicados eran los coroneles en retiro Juan Carlos Figueroa Suárez y Publio Hernán Mejía, exmiembros del Batallón La Popa, y el general en retiro Iván Ramírez Quintero, excomandante de Inteligencia del Batallón Charry Solano, de la XIII Brigada del Ejército. A estos se le suma el General (r) Arias.
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