Estados Unidos prohíbe el ingreso de tres exmilitares por violaciones a DD. HH.
El secretario de Estado del gobierno norteamericano, Antony Blinken, anunció las sanciones contra los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, relacionados con falsos positivos. Además, contra el general Iván Ramírez Quintero, expulsado de la JEP por el caso Palacio de Justicia.
El Gobierno de Estados Unidos les cerró las puertas de su país a tres antiguos altos mandos militares colombianos por su participación en “graves violaciones de derechos humanos” durante el conflicto armado. Se trata de los coroneles en retiro Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa Suárez, exmiembros del Batallón La Popa, y del general en retiro Iván Ramírez Quintero, excomandante de Inteligencia del Batallón Charry Solano, de la XIII Brigada del Ejército.
Lea: General (r) Iván Ramírez sale de JEP por renuencia a hablar del Palacio de Justicia
La noticia fue dada a conocer por el secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken, quien aseguró que las medidas tienen el objetivo de ser un mecanismo de rendición de cuentas. Ninguno de los tres estará habilitado para entrar a Estados Unidos, así como cinco de sus familiares. El secretario Blinken concluyó que las medidas refuerzan el apoyo al Acuerdo de Paz de 2016 y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Al respecto, la embajadora itinerante de Estados Unidos para la Justicia Global Penal, Beth Van Schaack, manifestó que espera el sometimiento de otros miembros de las Fuerzas Armadas en la JEP para que se haga justicia. “Es importante que hay personas dentro y fuera del poder que saben donde están los cuerpos de las personas desaparecidas, a única forma de obtener la verdad es que comparezcan ante el sistema de verdad, reparación, garantías y no repetición”, afirmó la embajadora. “Su manifiesta falta de cooperación con las investigaciones de la JEP abominable y una afrente a las víctimas, su negativa a participar en el proceso a la JEP debe abordarse no solo en el ámbito nacional, sino internacional”, añadió respecto a los exmilitares.
Las implicaciones que tienen las designaciones a los tres exmilitares incluyen el veto para ingresar a Estados Unidos, así como miembros de su familia, según mencionó la embajadora. Además, dijo que la decisión es totalmente independiente de la JEP, que no hizo parte de ninguna solicitud de este tribunal, del que solamente recibió información. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco L. Palmieri, se refirió a la liberación de ayer, gracias a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, del ciudadano sueco-americano Ulf Bilger Erlingsson, quien se encontraba secuestrado por el Eln desde el primero de marzo de 2022 en Norte de Santander.
El primero en la lista de los exmilitares señalados de graves violaciones a derechos humanos es el general (r) Iván Ramírez Quintero, a quien la JEP le rechazó su sometimiento por no brindar información sobre los hechos del Palacio de Justicia. El expediente contra Ramírez Quintero por una docena de desapariciones forzadas en la retoma del Palacio de Justicia en 1985, cuando era jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y comandante de la extinta Brigada XX, se mantiene en la justicia ordinaria. El exgeneral es señalado, además, como del exterminio de los integrantes del partido Unión Patriótica.
El otro coronel (r) señalado de graves violaciones a derechos humanos es Publio Hernán Mejía. El exmilitar, antiguo comandante del Batallón La Popa en el Cesar, purga una condena a 14 años de prisión por aliarse con las Auc para presentar “falsos positivos”, entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004. Fue imputado por la JEP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por el asesinato de 75 personas que luego fueron presentadas como bajas en combate en el norte de Cesar y sur de La Guajira.
General (r) Iván Ramírez sale de JEP por renuencia a hablar del Palacio de Justicia
Según la JEP, tanto Mejía como su sucesor en el batallón, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa, comandante desde 2004 hasta mediados de 2005, habrían usado a los militares bajo sus órdenes para servirse de su mando y de su control, en una estructura altamente jerarquizada, para emitir órdenes dirigidas a presentar asesinatos fuera de combate como resultados operacionales legítimos.
El tercer y último excoronel es Juan Carlos Figueroa, fue uno de los primeros militares señalado como máximo responsable de “falsos positivos” por la JEP cuando fue comandante del Batallón La Popa, ubicado en Valledupar (Cesar). En concreto, Figueroa fue comandante de batallón entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005, periodo en que sus hombres reportaron 113 bajas en combate, de las cuales 51 serían “falsos positivos”, según la imputación de la JEP. De acuerdo con el órgano de justicia, Figueroa habría llegado para abanderar el siniestro fenómeno de guerra, tras la salida del coronel retirado Publio Hernán Mejía.
En su declaración, el secretario Byken, aseguro que con esta decisión, Estados Unidos ratifica su apoyo al Acuerdo de Paz. “El Acuerdo aborda las atrocidades y los abusos relacionados con el conflicto que tuvieron lugar durante más de 50 años, a través de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este sistema se basa en varias instituciones de justicia de transición que promueven la justicia y la rendición de cuentas”, concluyó el departamento de Estado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El Gobierno de Estados Unidos les cerró las puertas de su país a tres antiguos altos mandos militares colombianos por su participación en “graves violaciones de derechos humanos” durante el conflicto armado. Se trata de los coroneles en retiro Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa Suárez, exmiembros del Batallón La Popa, y del general en retiro Iván Ramírez Quintero, excomandante de Inteligencia del Batallón Charry Solano, de la XIII Brigada del Ejército.
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La noticia fue dada a conocer por el secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken, quien aseguró que las medidas tienen el objetivo de ser un mecanismo de rendición de cuentas. Ninguno de los tres estará habilitado para entrar a Estados Unidos, así como cinco de sus familiares. El secretario Blinken concluyó que las medidas refuerzan el apoyo al Acuerdo de Paz de 2016 y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Al respecto, la embajadora itinerante de Estados Unidos para la Justicia Global Penal, Beth Van Schaack, manifestó que espera el sometimiento de otros miembros de las Fuerzas Armadas en la JEP para que se haga justicia. “Es importante que hay personas dentro y fuera del poder que saben donde están los cuerpos de las personas desaparecidas, a única forma de obtener la verdad es que comparezcan ante el sistema de verdad, reparación, garantías y no repetición”, afirmó la embajadora. “Su manifiesta falta de cooperación con las investigaciones de la JEP abominable y una afrente a las víctimas, su negativa a participar en el proceso a la JEP debe abordarse no solo en el ámbito nacional, sino internacional”, añadió respecto a los exmilitares.
Las implicaciones que tienen las designaciones a los tres exmilitares incluyen el veto para ingresar a Estados Unidos, así como miembros de su familia, según mencionó la embajadora. Además, dijo que la decisión es totalmente independiente de la JEP, que no hizo parte de ninguna solicitud de este tribunal, del que solamente recibió información. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco L. Palmieri, se refirió a la liberación de ayer, gracias a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, del ciudadano sueco-americano Ulf Bilger Erlingsson, quien se encontraba secuestrado por el Eln desde el primero de marzo de 2022 en Norte de Santander.
El primero en la lista de los exmilitares señalados de graves violaciones a derechos humanos es el general (r) Iván Ramírez Quintero, a quien la JEP le rechazó su sometimiento por no brindar información sobre los hechos del Palacio de Justicia. El expediente contra Ramírez Quintero por una docena de desapariciones forzadas en la retoma del Palacio de Justicia en 1985, cuando era jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y comandante de la extinta Brigada XX, se mantiene en la justicia ordinaria. El exgeneral es señalado, además, como del exterminio de los integrantes del partido Unión Patriótica.
El otro coronel (r) señalado de graves violaciones a derechos humanos es Publio Hernán Mejía. El exmilitar, antiguo comandante del Batallón La Popa en el Cesar, purga una condena a 14 años de prisión por aliarse con las Auc para presentar “falsos positivos”, entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004. Fue imputado por la JEP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por el asesinato de 75 personas que luego fueron presentadas como bajas en combate en el norte de Cesar y sur de La Guajira.
General (r) Iván Ramírez sale de JEP por renuencia a hablar del Palacio de Justicia
Según la JEP, tanto Mejía como su sucesor en el batallón, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa, comandante desde 2004 hasta mediados de 2005, habrían usado a los militares bajo sus órdenes para servirse de su mando y de su control, en una estructura altamente jerarquizada, para emitir órdenes dirigidas a presentar asesinatos fuera de combate como resultados operacionales legítimos.
El tercer y último excoronel es Juan Carlos Figueroa, fue uno de los primeros militares señalado como máximo responsable de “falsos positivos” por la JEP cuando fue comandante del Batallón La Popa, ubicado en Valledupar (Cesar). En concreto, Figueroa fue comandante de batallón entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005, periodo en que sus hombres reportaron 113 bajas en combate, de las cuales 51 serían “falsos positivos”, según la imputación de la JEP. De acuerdo con el órgano de justicia, Figueroa habría llegado para abanderar el siniestro fenómeno de guerra, tras la salida del coronel retirado Publio Hernán Mejía.
En su declaración, el secretario Byken, aseguro que con esta decisión, Estados Unidos ratifica su apoyo al Acuerdo de Paz. “El Acuerdo aborda las atrocidades y los abusos relacionados con el conflicto que tuvieron lugar durante más de 50 años, a través de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este sistema se basa en varias instituciones de justicia de transición que promueven la justicia y la rendición de cuentas”, concluyó el departamento de Estado.
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