Estamos obligados a arrendar vehículos obsoletos: director de la UNP

Con la llegada de Gustavo Petro al gobierno, su mano derecha, Augusto Rodríguez, llegó a la Unidad Nacional de Protección (UNP). En cuestión de meses, ha advertido un mar de problemas: ha denunciado públicamente corrupción dentro de la entidad, al punto que sus vehículos se usan para cometer delitos y las empresas que rentan dichos automóviles serían “carteles” que tendrían cooptada las licitaciones. En diálogo con El Espectador, reveló detalles de las irregularidades que rodean a la Unidad, aseguró que en dos años habría una reingeniería total de la entidad y, asimismo, criticó a la Fiscalía por investigar su ataque en marzo pasado como un hurto y no como un atentado.

Con la llegada de Gustavo Petro al gobierno, su mano derecha, Augusto Rodríguez, llegó a la Unidad Nacional de Protección (UNP). En cuestión de meses, ha advertido un mar de problemas: ha denunciado públicamente corrupción dentro de la entidad, al punto que sus vehículos se usan para cometer delitos y las empresas que rentan dichos automóviles serían “carteles” que tendrían cooptada las licitaciones. En diálogo con El Espectador, reveló detalles de las irregularidades que rodean a la Unidad, aseguró que en dos años habría una reingeniería total de la entidad y, asimismo, criticó a la Fiscalía por investigar su ataque en marzo pasado como un hurto y no como un atentado.

En marzo su esquema fue atacado con armas de fuego. La Fiscalía procesó al único involucrado por hurto, ¿está cómodo con ese avance investigativo?

Lo primero que debo decir es que ese incidente, ese ataque que recibió mi vehículo y mi esquema, me ha dejado un sinsabor. La persona que nos atacó y que perdió la vida en el hecho había cometido algunos robos en Argentina, pero también encontraron que tenía unos antecedentes por homicidio, al igual que su hermana. La Fiscalía se fija en que habían robado, pero no se fija en que también habían matado. De otro lado, no tiene en cuenta que ellos duraron 40 minutos esperándonos, como muestran las cámaras a las que tuvimos acceso.

¿Es cierto que los estaban siguiendo?

La Fiscalía tampoco tiene en cuenta que nos venían siguiendo desde el día anterior. Detectamos a un vehículo rojo siguiéndonos. De hecho, ese día los escoltas no me dejaron bajar porque el vehículo se parqueó muy cerca a mi casa. Tampoco tiene en cuenta que, cuando entregué la información sobre el señor Manuel Castañeda (conductor capturado con coca en su vehículo de protección), él me dijo que tenía conocimiento de que me estaban siguiendo por orden de Wilson Devia (imputado por supuestamente vender esquemas de seguridad). Y que tenían fotos y videos de mis recorridos, y también de mi casa. Eso se lo dije a la Fiscalía después de la captura de Manuel Castañeda.

Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué puede decir sobre el avance en las investigaciones?

La Fiscalía utilizó la frase: “Después de investigaciones exhaustivas” y dijeron que era un hurto. Pero esta semana escuché a la vicefiscal Martha Mancera diciendo que esa figura (de la investigación exhaustiva) no existe. La investigación sobre mi caso es tan exhaustiva -dice en tono irónico- que el vehículo en el que se cometió el delito sobre mi persona y mis escoltas lo tenemos aquí todavía. Las balas entraron por las luces traseras y ahí están todavía. Nadie ha venido a removerlas. Ahí están los tiros.

¿Se han materializado otras amenazas o intimidaciones en su contra?

No hay amenazas concretas, pero sí hay informaciones de personas que quieren hablar sobre eso. Que hablan de la intervención de manos criminales y de algunas oficinas de cobro que estarían involucradas.

Cambiando un poco de tema, El Espectador examinó la reciente contratación, de marzo pasado, y encontró particularidades. De nuevo se contrató con Alan Perlman, de quien usted dijo que había “jugado con la vida” de 25 personas el año pasado…

Esto tiene que ver con lo que he dicho todo el tiempo sobre la contratación en la UNP. El mercado de los vehículos blindados y convencionales está cartelizado. Hay dos grandes carteles, que tienen rivalidad entre ellos. En uno de los dos, probablemente podría estar el señor Alan Perlman, que se ha enfrentado económicamente al otro cartel, cuyo líder principal está en la ciudad de Miami. Controlan perfectamente el mercado y, si yo sanciono a una empresa de estas, la sanción implica retirarla de la oferta. Y, si yo la retiro como parte de la oferta, pues sencillamente no tengo los vehículos.

¿Y entonces qué solución plantea?

A mí me toca contratar. Yo vengo haciendo los procesos licitatorios. Los abro, participan ellos, se subdividen en las zonas y llegan. Y a veces se vetan entre ellos. Por ejemplo, en la zona de Bogotá tengo un problema porque están enfrentados. Está enfrenado el señor Alan Perlman, que llega a reemplazar en esta zona de Bogotá a la otra empresa del otro sector. Ellos tienen que hacer un periodo de empalme. Y en ese periodo una o la otra empresa tienen que prestar el servicio. Nosotros tenemos que garantizar que haya vehículo permanentemente.

O sea que la única oferta posible en el mercado para licitar son esas dos empresas…

Son esos dos. Sí. Porque la cartelización evita que lleguen otros. Nadie se le mide, porque ellos controlan los vehículos. Es que no hay vehículos en el mercado. Son muy pocos. El negocio es tan bueno que nos obligan a arrendar vehículos del año 2014, totalmente obsoletos. Lo normal es que un vehículo después de los seis años sea obsoleto. Nos encontramos con que esos vehículos se varan. Los arreglamos y a los cuatro días vuelven a vararse. Y entonces las personas se quedan sin la protección. Nos obligan. Esto es lo que hay.

¿La respuesta directa, entonces, es lograr una gran inversión con el Gobierno Nacional?

El caldo de cultivo de este mercado mafioso es que la entidad históricamente viene contratando cada tres y cuatro meses. Son contratos muy cortitos, que, de hecho, es un desgaste terrible para la administración. Todo el tiempo revisando y haciendo empalmes. Solo se rotan las zonas. Eso genera que nosotros no podamos ir a los mercados grandes de renta de vehículos blindados y convencionales. Esos son mercados donde nos pueden ofrecer vehículos nuevos, porque esas empresas no les arriendan a clientes, me perdonan el término, chichipatos.

¿Por que dice que el Estado es un cliente chichipato?

A pesar de ser el mayor contratador de vehículos del país, somos chichipatos porque contratamos por tres meses. A nadie le interesa un contrato así. Entonces, ¿cómo estamos resolviendo el problema con la ayuda del Gobierno Nacional? Nos han autorizado vigencias futuras, que están en trámite. Con recursos de dos o tres periodos, vamos a contratar de una manera grande, de tal manera que no sea con los intermediarios que tienen capturado ese mercado. Lo podremos hacer directamente con los mercados grandes de renta.

¿Cuántos colombianos están protegidos con vehículos de la UNP?

En este momento tenemos alrededor de 9.000 personas protegidas en general. Nosotros tenemos cerca de 5.000 vehículos, que protegen a más de 3.000 personas.

Y con las vigencias futuras, ¿cuántas pretenden proteger?

La idea es cubrirlas a todas y poder comprar una flota, no tan grande, de unos 1.000 vehículos. Y el resto alquilarlo de manera directa a los mercados grandes de renta y no con estos intermediarios que nos rentan por solo tres y cuatro meses.

¿Con esta inversión se va a solucionar el problema más grande que tiene la entidad?

Hay muchos más problemas y uno de ellos es la corrupción. No son solo los vehículos, son las personas de protección. Lo primero que debo decir es que el 99 % de las personas de protección son honestas y cumplen con su labor de manera cabal. Hacen quedar bien a la entidad y arriesgan su vida por los protegidos. Sacrifican horas de estar con sus familias por estar con el protegido y sus familias. De hecho, están agrupadas en sindicatos, que la mayoría de las veces van por las sendas correctas. Pero hay una minoría que lamentablemente no está cumpliendo con su tarea. Es tan grave la situación, las cosas malas que hacen, que nos empañan a todos. Hemos encontrados escoltas que han atracado personas. Tenemos elementos para pensar que hay escoltas que hacen parte de grupos de sicarios. De oficinas de cobro.

¿En qué ciudad?

En el departamento del Meta y en Bogotá.

¿En qué radican esas problemáticas?

Los escoltas son suministrados por empresas tercerizadoras, en su mayoría. Está llegando mucha gente que no está adecuadamente certificada. Son la minoría, pero llegan incluso con certificación falsa. Se necesitan unos requisitos, como que tengan dos años de experiencia como escoltas y deben certificar centenares de horas de capacitación y estudios en el tema. Eso lo están vendiendo en el mercado de manera ilegal. Hay empresas, con falsas identidades, que van a la Superintendencia de Vigilancia Privada y hacen que sean publicadas certificaciones que tienen que ver con la capacitación o la experiencia. Ya estamos trabajando con esa superintendencia para identificar el modus operandi y estamos bregando para que no vuelva a suceder.

¿Le gustaría aumentar el número de escoltas de planta?

Sí, de hecho, esa es la parte estratégica de nuestro proceso de reingeniería que tiene varias líneas. Una de ellas es la formalización de toda la planta.

¿Cree que esa transición se va a dar en este Gobierno?

Sí claro, lo estamos haciendo. Y estamos trabajando con el SENA, que tiene una línea de capacitación para escoltas. Con ellos queremos readaptar esa línea para la UNP, de tal manera que nuestros escoltas deban pasar por allí, que puedan tener algunas bases para que la experiencia la vayan adquiriendo progresivamente con su trabajo en la entidad. Yo le pongo dos años a esa transición.

Volviendo a los temas de contratación, se firmaron contrataciones a favor de OLT y JVector, a los que usted reportó por no tener suficientes vehículos para cumplir sus contratos.

Nosotros abrimos otro proceso de contratación y en ese proceso se presentaron todas las empresas que no estaban sancionadas. Y ellos no estaban sancionados. Que haya proceso para sanción, podría pasar. Pero al momento que se abrió la licitación no estaban sancionados.

Por otro lado, la Corte Constitucional alertó que hay una masiva violación de derechos humanos contra los desmovilizados de las Farc. ¿Cuántos tiene bajo su protección y qué se está haciendo para minimizar sus muertes?

Tenemos a 1.109, con esquemas colectivos, individuales, en sedes y en Espacios Territoriales para la Capacitación y Reincorporación. Reconocemos que 350 muertes es una cifra alta. Hemos recogido la orden de la Corte. Debemos aceptar que no ha venido funcionando bien la protección de los exFarc. Si no hacemos un diagnóstico, no tenemos con qué comparar los trabajos y los progresos que hagamos.

¿Qué han hecho frente a este tema?

En primer lugar, estamos reorganizando la planta en el número de analistas del riesgo. Ya logramos ponernos al día, porque cuando llegamos había un déficit grande. Luego, hay que reconocer que hay una falla enorme en el tema de los equipos, que están obsoletos, son escasos y están siendo utilizados en contextos distintos a las funciones. Es todo lo que hablamos. Ha habido vehículos que han sido utilizados para la ilegalidad. Incluso hay quejas de que han sido usados para transporte de municiones o armas.

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