Tras la captura de tres jefes de la facción del Estado Mayor Central (EMC) comandada por alias Calarcá en medio en vehículos de la Unidad Nacional de Protección en un retén militar en la vía que conduce de Medellín al municipio de Anorí, en Antioquia, la Procuraduría General de la Nación decidió abrir indagaciones preliminares en contra de funcionarios de la UNP para esclarecer las responsabilidades de los servidores en el procedimiento.
La Policía le confirmó a este diario que los disidentes, además de llevar consigo celulares, memorias USB y más de $60 millones en efectivo, también cargaban oro al interior de nueve camionetas de la entidad.
Estas son las pruebas y procedimientos que pedirá la Procuraduría dentro del proceso que se adelanta en contra de la UNP:
- Solicitar apoyo técnico a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales Grupo de Informática Forense para obtener información a través de los medios de comunicación, redes sociales que tengan relación con la noticia que publicó El Espectador en julio de 2024.
- Solicitar inspección disciplinaria a la Unidad Nacional de Protección para obtener información de los nombres, identificación, cargos ocupados manuales de funciones y protocolos de seguridad de los funcionarios de la UNP que conformaron el esquema de seguridad de los disidentes de las FARC y a su vez, de las personas encargadas de establecer cuáles funcionarios debían ser parte de el esquema de seguridad ese día.
- Manuales, protocolos y resoluciones que regulen la protección de personas en el marco del cese al fuego en el proceso que adelanta el Gobierno Nacional con el Estado Mayor Central.
- Manuales, protocolos y resoluciones que regulen los esquemas colectivos de protección implementados por la UNP.
- La UNP deberá entregar reporte de novedades relacionado con los hechos de las capturas de disidentes en un retén militar en Antioquia el pasado 23 de julio.
- La Oficina de Control interno de la UNP será inspeccionada con el fin de tomar poder en la acción disciplinaria que se adelanta en el caso.
- Inspección disciplinaria en la oficina del Consejero Comisionado de Paz para obtener las resoluciones que otorgaron a los miembros del grupo armado que se desplazaban en la caravana y conocer el papel que ejercen como negociadores o facilitadores de paz.
- Inspección disciplinaria a la Unidad Militar de Bello Antioquia para esclarecer las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se produjo la captura y requisa de las camionetas de la UNP.
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