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El fiscal Daniel Hernández es el encargado de llevar a cabo la investigación contra los dos miembros de la Dijín de la Policía que coordinaron las interceptaciones de José Ñeñe Hernández, el polémico y oscuro ganadero (asesinado en julio de 2019) que, al parecer, fue orgánico a la estructura criminal de Marquitos Figueroa en La Guajira. Esas escuchas telefónicas terminaron revelando un escándalo político y judicial: un supuesto manejo irregular de dineros durante la campaña presidencial de Iván Duque en 2018.
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En entrevista con El Espectador, Hernández señala que su investigación no tiene nada que ver con la denominada ñeñepolítica, lo cual ha sido la defensa de los policías Wadith Velázquez y Yefferson Tocarruncho. Los policías son investigados por, supuestamente, haber interceptado a cinco de sus de sus compañeros, señalados haberse robado un dinero en Cali durante un allanamiento. El fiscal dice que Tocarruncho y Velásquez fueron advertidos de inmediato de que estaban “chuzando” a policías que no tenían nada que ver con la investigación por el homicidio de Óscar Rodríguez, hijo del prestamista Carlos Rodríguez y por el que se interceptó al Ñeñe Hernández.
¿La Fiscalía oculta pruebas de la investigación por la ñeñepolítica, como denuncia el abogado Miguel del Río?
Totalmente falso. Este proceso contra los dos policías, el mayor (Yefferson) Tocarruncho y el intendente (Wadith) Velásquez, nada tiene que ver con la ñeñepolítica. Tiene la mala fortuna de que estos dos policías hayan ordenado presuntamente la interceptación ilegal de cinco números de compañeros de trabajo dentro del proceso conocido como la ñeñepolítica, esa es la única relación real o directa que existe. Para probar de una mejor manera cómo son de falsos estos señalamientos, las interceptaciones de esos cinco policías tampoco se encontraban en el proceso que lleva la Fiscalía 21 especializada. Los audios tuvieron que ser buscados en la Dijín, como lo manifestó en su momento el fiscal general (Francisco Barbosa). Tendrán que verificar ustedes si fue el ente investigador el que ocultó dicha información o si más bien reposa en el sistema Graco de interceptaciones de la Policía.
Pero, ¿por qué no se han entregado todos los audios, como dice Del Río?
Yo no tengo relación directa con ese caso que tiene la Fiscalía 21, pero lo que sí puedo referir es que los audios del proceso por las cinco interceptaciones que presumo ilegales, no los encontré en el proceso que se le adelantaba a José Ñeñe Hernández por el asesinato del señor (Óscar) Rodríguez Pomar, esto demostraría que pasó lo mismo con los audios del Ñeñe Hernández.
¿Es esta una estrategia para invalidar las interceptaciones que se hicieron al “Ñeñe” Hernández?
Como lo he dicho en las audiencias públicas, la Fiscalía no ha generado ninguna tacha frente a la información aportada por alias la Penca referente al teléfono del Ñeñe y que dio vida a esa interceptación. Si la pregunta va encaminada al por qué se consideran legales, como muy bien lo dijo el abogado Del Río, no fui yo el que determinó la legalidad de los audios, fueron dos jueces de control de garantías que legalizaron única y exclusivamente los audios del “Ñeñe” Hernández de noviembre de 2018 a mayo de 2019. Si fuera cierta esa teoría, la Fiscalía habría participado en la generación de los informes falsos en donde se incluyeron los nombres de los cinco policías (interceptados). No fue la Fiscalía. En las audiencias también me he referido a que la información plasmada en el informe que se tacha como falsa es única y exclusiva la que adicionó Velázquez de manera ilegal por órdenes del mayor Tocarruncho, situación que no compromete en nada la información aportada por la Penca o por el teléfono del Ñeñe Hernández.
¿Por qué avanzó más rápido el caso de los investigadores de la Dijín que destaparon la ñeñepolítica que la misma investigación de la ñeñepolítica?
Si no me traiciona la memoria, estos audios fueron legalizados en mayo de 2019 y solo se hicieron públicos hasta febrero de 2020. Entonces no entiendo por qué se dice que estas personas fueron las que dieron a conocer a la sociedad colombiana los audios de la ñeñepolítica. Si es cierta la tesis del abogado Del Río, ellos (Velázquez y Tocarruncho) también participaron en el ocultamiento de esta información al país y a la Fiscalía. Hay, además, diferentes tiempos de trabajo de los funcionarios, mis tiempos no pueden ser comparables con los de otros fiscales. Llevo ocho años manejando casos de connotación nacional y trabajo de lunes a lunes, es mi forma de trabajar. No puedo responder por el trabajo de otros fiscales.
Nadie ha dicho que la Policía reveló la ñeñepolítica. Lo hizo el abogado del Río, ¿cómo tuvo acceso a esa información?
Eso solo se lo podrá contar él. Cómo pudo haber obtenido una información que estuvo oculta durante cerca de un año y no por la Fiscalía si no por parte de los funcionarios que participaron en la toma de esa información (quienes interceptaron las líneas).
¿Qué ha avanzado la Fiscalía en el caso de María Claudia Daza?
No sabría decirle por que no estoy a cargo de ese caso.
¿Qué responde a quienes dicen que la Fiscalía le está dando un trato preferente a María Claudia Daza, la exasesora de Uribe en el Senado e interlocutora del “Ñeñe” en el famoso audio?
No puedo hablar sobre casos que no manejo. No sé si es un trato preferente o no, pero esas son las consideraciones que toma cada fiscal de manera autónoma. En mi despacho manejo las investigaciones de una manera distinta. El abogado Del Río manifestó que la mía es una fiscalía express. No es así, soy un fiscal y me pagan por trabajar.
¿No considera un error haber llevado paralelamente las investigaciones?
Para nada, porque mi investigación inició el 12 de julio de 2019. Casi un año me demoré para actuar en este caso.
Usted tiene información hace un año de las supuestas interceptaciones irregulares, ¿por qué toma decisiones ahora, justo en medio de la ñeñepolítica?
El 12 de julio (de 2019) conozco una información que me dice que se interceptaron ilegalmente unos teléfonos dentro de un proceso que llevaba una fiscalía especializada contra el crimen organizado. En ese momento, no tenía ni idea que este fuera el proceso de la ñeñepolítica o que tuviera relación. Ahora, hay que tener en cuenta que manejo un línea de investigación con más de 2.300 teléfonos que fueron interceptados de manera irregular. ¿Por qué se toman hasta ahora decisiones? Por el actuar que presentó Wadith Velázquez al momento de rendir su declaración en marzo (de este año). Cuando este funcionario sale a manifestar públicamente que la Fiscalía con su actuar está poniendo en riesgo a la ñeñepolítica y a su fuente (alias la Penca), que es la más importante en los casos contra Marquitos Figueroa, y que hace responsable a la Fiscalía de cualquier cosa que le pase, me lleva a actuar de manera inmediata para poder preservar los elementos materiales probatorios de este proceso.
¿Y por qué justo cuando se divulga el famoso audio de la ñeñepolítica cita a Velázquez?
Eso será una casualidad, no tengo cómo explicarlo.
¿Cómo puede ser una casualidad cuando sabemos que el fiscal general, Francisco Barbosa, es muy amigo del presidente Iván Duque?
Lo que se hizo es que se llamó exclusivamente a Wadith Velázquez porque se consideraba que él podía dar explicaciones frente a si era verdad o no la denuncia presentada por el patrullero Edwin Calderón en julio de 2019. O sea, se citó al uniformado porque así lo indican los protocolos de investigación. Queríamos verificarlo con quien presuntamente lo había hecho, por ende no se le estaba dando total credibilidad al denunciante. La Fiscalía actuó abiertamente y no de manera oculta, quien generó todo ese boom especulativo fue Velázquez, junto a su abogado Miguel Ángel del Río.
¿Qué pasó durante ese declaración de Velázquez?
Velázquez asistió a esa diligencia de declaración juramentada. Estas tienen una consecuencia y es quem de incumplir esa obligación legal de decir la verdad, podrá la Fiscalía General compulsar copias para que se investigue si hay un falso testimonio. Tuve que suspender en dos oportunidades la diligencia porque observé contradicciones en lo que contaba sobre la ubicación de alias la Penca. Le recordé que estaba bajo la gravedad de juramento. La segunda vez paré porque Velázquez volvió a contradecirse frente a una pregunta que hacen los investigadores, en la cual él contesta: “Ya sé a donde quieren llegar”. Esto provocó que yo suspendiera la diligencia para, de una vez, iniciarle un interrogatorio al indiciado. De ahí sale Velázquez ofuscado, manifestando que se le habían violado todas sus garantías fundamentales. Le di mis datos personales para que presentara una denuncia en la Procuraduría.
¿El abogado del Río estuvo en esa diligencia?
No estuvo. En una declaración jurada no se requiere de la presencia de abogado.
¿Por qué no se interrogó a “la Penca ”y a los dos investigadores antes de capturar a estos últimos?
Lo primero que hicieron Velázquez y su abogado fue manifestar públicamente que se está presionando, hostigando y amenazando al uniformado por ser uno de los funcionarios que descubrieron la ñeñepolítica. Luego se dice que la Fiscalía será responsable de cualquier cosa que le pueda pasar a alias la Penca. Esto llevó a que la Fiscalía cerrara sus filas frente a la investigación. Estamos en el país del sagrado corazón de Jesús, todo puede pasar. Tal vez a la Penca, al ser ubicado por la Fiscalía, le podría surgir alguna clase de riesgo y esta sería imputable a la Fiscalía y, más precisamente, a mí. Entonces no generamos más labores de investigación, que sucede gracias a las mismas declaraciones de Velázquez y Del Río.
¿Cómo está protegido “la Penca”?
No tengo idea, es una fuente de la Policía. Por lo menos desde mi despacho no hemos realizado labores ni siquiera para ubicarlo con el fin de que no quede ninguna constancia en el proceso de su lugar de ubicación, ya que para nosotros no es válida la tesis de que esto (las interceptaciones ilegales a los policías de la Dijín) obedece a que la Penca haya engañado a los funcionarios de policía judicial.
¿Por qué la fiscal Jenny Andrea Ortiz Ladino denunció estas supuestas interceptaciones ilegales a cinco uniformados hasta ahora?
Porque solo la escuché hasta el 27 de mayo pasado, cuando ella manifestó que sí se interceptaron a cinco policías, también aseguró que fue enterada de esa situación por parte de Edwin Calderón (el policía interceptado que denunció el tema ante el despacho de Daniel Hernández en julio de 2019).Ella cuenta que le preguntó a Tocarruncho sobre esa denuncia y que este señaló que se trataba de una retaliación en su contra por parte de los cinco uniformados.
¿Qué ha hecho la Fiscalía con lo que dijo la fiscal Jenny Ortiz Ladino de posibles sobornos a dos testigos en la investigación por la muerte de Óscar Rodríguez Pomar?
Una compulsa de copias contra Del Río, otra contra el padre del joven asesinado (Carlos Rodríguez) y una disciplinaria contra la fiscal Ortiz Ladino.
¿Se sabe cuánto dinero fue, cuándo y quiénes lo recibieron?
No, no se sabe, y tampoco es de mi competencia investigarlo.
¿Ese supuesto conflicto de intereses que usted denunció con respecto a Del Río, por ser abogado de los investigadores de la Dijín y de la familia Rodríguez, es una estrategia para sacarlo del caso, como señala él?
Sostengo que hay un conflicto de intereses porque se observó más interés por parte del abogado Del Río en defender temas que no tienen relación con estos hechos, como el de la ñeñepolítica, frente a la defensa de Velázquez y Tocarruncho. Cuando el tema es tan específico, como la posible interceptación de cinco teléfonos, no se puede llevar la discusión a asuntos políticos y en audiencia mostrar fotos de generales que no tienen que ver con el caso. Eso fue lo que llevó a la Fiscalía a plantear ese conflicto de intereses.
Del Río dice que quien debe estar siendo investigada es la fiscal Ortiz Ladino. ¿usted cree que ella cometió errores?
Claro que cometió errores y por eso se le compulsó copias disciplinarias. No fue imputada junto con Velázquez y Tocarruncho porque la tesis de la Fiscalía es que esta fiscal fue engañada. Compulsé copias a mi superior jerárquico, el director nacional del CTI, él determinará.
Alberto Acevedo, director del CTI, fue jefe de Ladino. ¿Él tiene conocimiento sobre estos hechos?
Conoce la compulsa de copias donde se hace referencia muy breve sobre estos hechos.
¿Qué sucedió con las alertas de la fiscal Ortiz Ladino contra el fiscal Ricardo Bejarano, su antecesor en el caso por el asesinato de Óscar Rodríguez?
Según ella informa en sus declaraciones, ella misma lo denunció y hay procesos abiertos.
¿Y sobre las denuncias que se presentaron contra los superiores de Bejarano, Luis González y Álvaro Sarmiento, quienes al parecer no hicieron nada con las alertas de Ortiz Ladino?
Desconozco si hizo esas denuncias contra estas personas se hicieron y si se adelantó alguna investigación.
¿Cuál va ser el siguiente paso de la Fiscalía con relación a las líneas de investigación que se desprenden del asesinato de Óscar Rodríguez?
Nunca he hablado con el fiscal general con respecto a esta investigación.
¿En qué terminó la investigación por el allanamiento en Cali en 2018, por el cual interceptan a los cinco policías de la Dijín?
Dentro de mi línea de investigación tengo que verificarlo.
¿Por qué nunca se ordenó capturar al “Ñeñe” Hernández?
Lo que ha dicho el abogado Del Río es que al Ñeñe se le empezó a investigar gracias a las declaraciones de la Penca y a las labores del mayor Tocarruncho y Velázquez. Sin embargo, nosotros pudimos comprobar que se le investigaba desde 2011. Son nueve años en los que no solo estuvo la fiscal Ortiz Ladino.
¿Por qué se interceptó el celular del “Ñeñe” Hernández casi ocho años después del crimen de Óscar Rodríguez?
Precisamente por la información que suministra Wadith Velázquez por intermedio de la Penca, quien escuchó una información en una reunión. La Penca, aparentemente, ya había dado información del Ñeñe. Antes de mayo de 2018, este ya había sido interceptado desde junio o julio de 2017.
¿Cuál es la relación de Carlos Rodríguez con los investigadores de la Dijín hoy detenidos?
Aparentemente, y como lo explica el abogado Del Río, trabajaban muy de la mano porque tenían un interés común. Y no lo digo desde un punto de vista ilegal.
¿Tenían una relación íntima?
Eso lo manifiesta la fiscal Ortiz Ladino con respecto al fiscal Bejarano, pero no frente a los funcionarios de la Policía.
Pero se habla de una relación de la esposa del mayor Tocarruncho con Carlos Rodríguez muy cercana.
Eso lo dice la fiscal Ortiz Ladino y eso le corresponde investigarlo al fiscal que se le compulsaron las copias.
¿Dentro de su investigación indagó los supuestos vínculos de Carlos Rodríguez con Los Rastrojos o con narcos venezolanos?
Ninguna acción se adelantó, no está dentro de los hechos de mi investigación.
¿Y qué responde sobre el supuesto plan de la gente de “Marquitos” Figueroa para hacerle un montaje judicial a estos dos investigadores?
Desde la audiencia pública no lo negué y el juez tampoco negó esa posibilidad. Es indudable que estamos en un país donde estas organizaciones criminales pueden ejecutar esa clase de actos. Comprar personas, funcionarios y testigos. Lo que sí no admito es que se quiera a presentar a la Fiscalía como parte de ese supuesto complot.
¿Está comprobado que Velázquez y Tocarruncho sabían que esos números eran de sus propios compañeros?
Esa es la pregunta crucial para que el país concluya si esto es un complot o no y si se hizo esta investigación para afectar un caso específicamente. Presenté en audiencia pública una teoría del error causado o por la Penca o por la persona que pasó la información. Esta teoría pierde total validez porque desde el primer día de interceptación, el analista Frank León le informa a Velázquez que están interceptando a funcionarios de la Policía. Hay constancia escrita de ello. A los 15 días emite su primer informe, fechado del 12 de junio de 2018, y vuelve a manifestar que esas líneas pertenecen a uniformados y con sus respectivos nombres. Sin embargo, Velázquez solo cancela estas órdenes el 26 de junio y la Dijín solo las cancela hasta el 12 de julio de ese año.
Del Río dice que esos informes no existen.
Con mucho gusto se le hará traslado de los informes. Lo que él dice es que no están todos los informes del analista Frank León. En la misma sala Graco encontramos esos cinco informes. Se conocen hasta ahora porque en abril y mayo de este año se hizo la inspección a esa unidad policial. También pudimos constatar que se borró información en este caso, como los informes de ese analista.
¿Cuál es la hipótesis de la relación de Del Río con los investigadores?
Es una hipótesis personal, creo que el abogado quiere mezclar esta investigación con la ñeñepolítica y no tienen nada que ver.
¿Por qué concede esta entrevista? ¿Porque Del Río habló en este mismo diario el pasado domingo?
Porque el país debe conocer la verdad sobre estos hechos. No se puede seguir engañando a la gente. No se puede seguir usando el nombre de la Fiscalía, sus fiscales y de su propia cabeza.
¿Pero ese no es un debate que tiene que dar la Fiscalía en juicio?
Claro y ya lo hicimos durante las audiencias públicas. La misma Fiscalía solicitó que estas audiencias fueran públicas para que los colombianos conocieran. Estos son unos hechos muy específicos relacionados a cómo se están usando de mala manera las salas de interceptación.
¿Luego de estas declaraciones usted no se tendría que declarar impedido?
No, es lo mismo que he sostenido durante las audiencias.
¿Por qué no da esta entrevista el fiscal general, que es quien está en el ojo del huracán?
Quizá porque él no conoce los pormenores del caso.
¿No cree que a usted lo pueden estar “quemando” al dar estas declaraciones?
Eso solo lo podrá determinar un fiscal en el momento que se requiriera algún impedimento por haber dado esta entrevista.