Este es el acuerdo de cooperación entre el Estado y la Corte Penal Internacional

En la mañana de este 28 de octubre, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, quien visitó Colombia durante la última semana, tomó una decisión clave: cerró el examen preliminar contra el Estado por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra, indagación que el organismo internacional había iniciado en 2004. El fiscal Khan dio la noticia en compañía del presidente Iván Duque, con quien firmó un acuerdo de cooperación para mantener el dictamen que, por ahora, sitúa al Estado como garante de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

En contexto: CPI cierra examen preliminar sobre la situación en Colombia

Las conversaciones entre el Gobierno Duque y el fiscal Khan se dieron en el marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, acuerdo en el cual Colombia se comprometió a luchar contra los horrores de la guerra y juzgar con eficacia a los perpetradores de crímenes “que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”, como reza el Estatuto. Colombia por ahora está cumpliendo y, para mantener ese balance, Duque y Khan firmaron una serie de acuerdos.

“El Gobierno se compromete a continuar apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales interconectadas, incluyendo la justicia ordinaria, el sistema de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en cumplimiento de los marcos procesales temporales previstos para las mismas”, se explica en el documento. El jefe de Estado se comprometió a asignar el presupuesto necesario para el funcionamiento de la Rama Judicial, asegurar la seguridad de jueces, fiscales y comparecientes y fortalecer a las instituciones con función de rendición de cuentas, como la Fiscalía y la misma JEP.

Lea también: Corte Penal Internacional reconoció trabajo de la JEP y su compromiso con víctimas

Por otro lado, el Gobierno seguirá informando a la Fiscalía de la CPI sobre los avances en las investigaciones y procesos judiciales en Colombia. El Estado está en la obligación de facilitar el acceso a los registros y documentación que la corte internacional solicite. De igual forma, la Fiscalía de la CPI se comprometió a seguir apoyando los esfuerzos de Colombia en el marco de la rendición de cuentas.

“Con miras a que las partes puedan beneficiarse mutuamente de la experiencia colombiana con los sistemas de justicia transicional y la experiencia de la Corte, las partes propiciarán el intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas entre la Fiscalía de la Corte y las entidades nacionales competentes. Para tal fin, se organizarán, con apoyo del Gobierno, visitas anuales e intercambios entre la Fiscalía y las instituciones judiciales nacionales”, fue otro de los acuerdos.

Podría interesarle: JEP “marca una diferencia real en la vida de las personas”: fiscal de la CPI

Entre los artículos firmados, la Fiscalía de la CPI quedó con la competencia para formar a los abogados, jueces y magistrados colombianos de acuerdo con los últimos desarrollos de la Corte Penal Internacional. En concreto, se espera que los juristas nacionales apliquen las consideraciones que el organismo internacional plasme en sus expedientes, para fortalecer los enunciados del Estatuto de Roma.

Llama la atención que Duque y Khan, por otro lado, firmaron un artículo con el cual quedó claro que, si Colombia falla en el acuerdo de cooperación, la Fiscalía de la CPI podrá reconsiderar su decisión y entrar en un nuevo examen contra el Estado. Todo dependerá de si las autoridades nacionales son capaces de garantizar la no obstaculización de los procesos de investigación y juzgamiento a criminales de guerra y, además, el fortalecimiento al sistema de justicia creado tras el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las antiguas Farc.

En contexto: El balance que la Corte Suprema le dio al fiscal de la CPI

En palabras de Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), “depende de nosotros los colombianos y de as instituciones de justicia poder avanzar” y seguir manteniendo las consideraciones del fiscal de la CPI. Colombia, dice el director, no puede descuidarse en materia de investigación y sanción en crímenes de guerra y de lesa humanidad. “Colombia tiene unas obligaciones internacionales que está cumpliendo y mientras las siga cumpliendo la Corte pues no deberá entrar a reabrir el examen”, le dijo a este diario.

“Es una decisión histórica, no solamente por el cierre de la observación preliminar, sino por lo que viene en materia de cooperación con la Corte Penal Internacional. En ambos casos Colombia da un paso más. Es un reconocimiento a la institucionalidad colombiana. En la medida que la CPI solo opera cuando la justicia interna no lo hace, aquí se está demostrando que la justicia colombiana, tanto la transicional (JEP y Justicia y Paz) como la ordinaria, están operando. Sabemos que habrá muchas cosas por mejorar y ese es un reto: seguir mejorando”, concluyó el director Gómez.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

En la mañana de este 28 de octubre, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, quien visitó Colombia durante la última semana, tomó una decisión clave: cerró el examen preliminar contra el Estado por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra, indagación que el organismo internacional había iniciado en 2004. El fiscal Khan dio la noticia en compañía del presidente Iván Duque, con quien firmó un acuerdo de cooperación para mantener el dictamen que, por ahora, sitúa al Estado como garante de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

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Las conversaciones entre el Gobierno Duque y el fiscal Khan se dieron en el marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, acuerdo en el cual Colombia se comprometió a luchar contra los horrores de la guerra y juzgar con eficacia a los perpetradores de crímenes “que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”, como reza el Estatuto. Colombia por ahora está cumpliendo y, para mantener ese balance, Duque y Khan firmaron una serie de acuerdos.

“El Gobierno se compromete a continuar apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales interconectadas, incluyendo la justicia ordinaria, el sistema de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en cumplimiento de los marcos procesales temporales previstos para las mismas”, se explica en el documento. El jefe de Estado se comprometió a asignar el presupuesto necesario para el funcionamiento de la Rama Judicial, asegurar la seguridad de jueces, fiscales y comparecientes y fortalecer a las instituciones con función de rendición de cuentas, como la Fiscalía y la misma JEP.

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Por otro lado, el Gobierno seguirá informando a la Fiscalía de la CPI sobre los avances en las investigaciones y procesos judiciales en Colombia. El Estado está en la obligación de facilitar el acceso a los registros y documentación que la corte internacional solicite. De igual forma, la Fiscalía de la CPI se comprometió a seguir apoyando los esfuerzos de Colombia en el marco de la rendición de cuentas.

“Con miras a que las partes puedan beneficiarse mutuamente de la experiencia colombiana con los sistemas de justicia transicional y la experiencia de la Corte, las partes propiciarán el intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas entre la Fiscalía de la Corte y las entidades nacionales competentes. Para tal fin, se organizarán, con apoyo del Gobierno, visitas anuales e intercambios entre la Fiscalía y las instituciones judiciales nacionales”, fue otro de los acuerdos.

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“Es una decisión histórica, no solamente por el cierre de la observación preliminar, sino por lo que viene en materia de cooperación con la Corte Penal Internacional. En ambos casos Colombia da un paso más. Es un reconocimiento a la institucionalidad colombiana. En la medida que la CPI solo opera cuando la justicia interna no lo hace, aquí se está demostrando que la justicia colombiana, tanto la transicional (JEP y Justicia y Paz) como la ordinaria, están operando. Sabemos que habrá muchas cosas por mejorar y ese es un reto: seguir mejorando”, concluyó el director Gómez.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.