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El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villarreal, hizo lo que otros dos fiscales no lograron: llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de fraude procesal y soborno. La decisión se conoció este martes 9 de abril y se trata de un hecho crucial en el ya largo proceso en contra del primer exmandatario, pues es la primera vez que un expresidente va a juicio penal.
En 13 páginas, el fiscal radicó el escrito de acusación en el que es claro: la Fiscalía tiene pruebas para demostrar que Uribe Vélez coordinó, dirigió y patrocinó una estrategia para lograr testimonios, documentos y pruebas para beneficiarlo a él y a su hermano, Santiago Uribe, en investigaciones por supuestos vínculos con grupos paramilitares.
“El doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos, y/u otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente cierto(a)s o que no correspondían a la realidad y que les sirviera para falsear o colocar en duda versiones que contra él y su hermano Santiago”, explicó la Fiscalía.
En concreto, el ente investigador señaló que esas movidas ilegales habrían sido para contradecir a testigos claves que le habían contado a la justicia de supuestas andanzas ilegales de los hermanos Uribe. Por ejemplo, Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda, entre otros.
Según la Fiscalía, durante los primeros meses de 2017, Uribe “impartió instrucciones precisas al abogado Diego Javier Cadena Ramírez, para que, directamente o con otras personas, ubicaran y contactaran a exparamilitares u otros ciudadanos” para que, “a cambio de dinero en efectivo, promesas remuneratorias, servicios gratuitos u otras utilidades o beneficios, rindieran su testimonio sobre supuesta maquinación” de testigos de la justicia.
Para la Fiscalía, Uribe Vélez, conociendo los acontecimientos y siendo “consciente de cada uno de sus actos y consecuencias, encaminó su voluntad o querer al objetivo delictual trazado, esto es con dolo directo, en beneficio propio o de terceros, y en menoscabo de la eficaz y recta impartición de justicia y de derechos o intereses superiores de sus víctimas, de esta manera determinó la comisión de las conductas punibles”.
El ente investigador resaltó que la actuación de Uribe Vélez la llevó a cabo “abusando o desconociendo la posición distinguida que ocupaba en la sociedad, especialmente por los cargos que había ostentado, su posición económica, ilustración, poder y autoridad política”. Por esos motivos, la Fiscalía señala en su documento que el expresidente de ser acusado como “determinador del concurso homogéneo y sucesivo de tres delitos de Soborno en la actuación penal (...) sobre los testigos Carlos Enrique Vélez Ramírez, Juan Guillermo Monsalve Pineda, y Eurídice Cortés Velasco”.
Asimismo, el ente investigador dice que Uribe Vélez habría sido el “determinador del concurso homogéneo y sucesivo de dos punibles de Fraude procesal, cometidos en el desarrollo de la investigación previa de la Sala de Instrucción No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia adelantada contra el parlamentario Iván Cepeda Castro”. Según la Fiscalía, ahí es precisamente donde el examandatario habría conseguido pruebas y testimonios falsos para “inducir al error a esa Corporación judicial” y tomaran una decisión en contra del senador Cepeda.
Los hechos relevantes que presentó la Fiscalía en contra de Álvaro Uribe
En su escrito de acusación, la Fiscalía resaltó los hechos relevantes dentro de su investigación para llamar a juicio, por primera vez en la historia, a un expresidente de la República. Inicialmente, refirieron que la génesis de lo que tiene hoy a Uribe contra las cuerdas arrancó en la Corte Suprema de Justicia, en donde, según lo encontrado, el exmandatario habría determinado que su abogado de ese entonces, Diego Cadena, serviría de herramienta para que “entregara y/o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos, para que faltaran a la verdad o la callaren total o parcialmente en las actuaciones penales aludidas”.
La idea del expresidente y exsenador, dice el ente investigador, fue contactar a inicios de 2017 a exparamilitares para que, a cambio de sobornos ofrecidos por Diego Cadena, le dijeran a la justicia que había un supuesto plan para desprestigiarlo a él y a su hermano Santiago. La versión que los exparamilitares tenían que entregarle a la Corte era que “Pablo Hernán Sierra García, alias Pablo, Alberto Guerrero o Pipintá, y Juan Guillermo Monsalve Pineda, alias Guacharaco, o Villegas, tenían para involucrar a los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez, en actos delictivos y de la que también haría parte el parlamentario Iván Cepeda Castro”.
Según la investigación, en ese supuesto plan del expresidente Uribe, el abogado Cadena se reunió en la cárcel de Palmira (Valle del Cauca), con Carlos Enrique Vélez Ramírez, alías Víctor, para convencerlo de que mintiera a la justicia y asegurara que “en el pasado habría sostenido en la cárcel La Picota en Bogotá con el parlamentario Iván Cepeda Castro, y que a la vez, desmintiera las afirmaciones que su exjefe Pablo Hernán Sierra García, alias Pablo” había hecho en contra de los hermanos Uribe Vélez sobre sus supuestas relaciones con el paramilitarismo. De igual manera, para este plan de mentirle a la justicia habría contado con la ayuda de otros exparas como Darley Guzmán Pérez, alias Jopra; Jhon Jaime Cárdenas Suárez, alias Fosforito; Fauner José Barahona Rodríguez, alias Racumín; y Eurídice Cortés Velasco, alias Diana. Con todo acordado, en julio de 2017 fue que Cadena consiguió un documento firmado por alias Víctor en el que señalaban a Cepeda como partícipe en el supuesto intento de desprestigio contra los Uribe.
En febrero de 2018, los supuestos planes del expresidente Uribe para quitarse testimonios de encima y enlodar a Iván Cepeda empezaron a crecer. Juan Guillermo Monsalve, quien ha sido testigo clave en el caso contra el exmandatario, fue contactado por su amigo Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, quien le aseguró, dice la Fiscalía, que “personas del partido Centro Democrático, concretamente el Representante a la Cámara por el departamento del Huila Álvaro Hernán Prada Artunduaga, emisario del expresidente Uribe Vélez, lo había buscado para que —a través suyo— consiguiera que Monsalve Pineda grabara un video en el que se retractara de las declaraciones que venía realizando en procesos adelantados contra los hermanos Uribe Vélez”.
Monsalve también había sido contactado por Diego Cadena, quien trató de sobornarlo para que cambiara su testimonio y hablara a favor de Uribe, según dice el ente investigador. Monsalve preguntó directamente si Cadena actuaba en nombre del expresidente Uribe y al confirmarlo aceptó tener varias reuniones con el abogado, quien le pedía hacer un video retractándose de lo dicho contra el exmandatario y su hermano y respaldando la teoría del supuesto plan de Iván Cepeda. Aunque el exparamilitar no grabó nunca un video así, sí escribió una carta que fue presentada a al Corte Suprema en abril de 2018, con la que Monsalve le pidió “perdón al país y a los hermanos Uribe Vélez y expresó su arrepentimiento por haber testificado contra ellos”. Ese documento remitido al alto tribunal en abril de 2018 fue entregado por Deyanira Gómez, esposa de Monsalve.
También, el escrito de acusación de la Fiscalía señala que para la época, Diego Cadena, siguiendo las instrucciones de Uribe, “contactó y entrevistó en la cárcel de El Buen Pastor a la Dra. Hilda Jeaneth Niño Farfán especialmente para que diera su versión sobre la supuesta confabulación que —durante la administración del Fiscal y Vicefiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, y Jorge Fernando Perdomo Torres, respectivamente—, algunos otros altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, y el Magistrado José Leonidas Bustos Martínez, habrían propiciado para que el señor Santiago Uribe Vélez fuera injustamente acusado”. En retribución, dice la Fiscalía, Diego Cadena le prometió a Farfán hablar con su mandante, “para que le colaborara con la asignación de un cupo que requería para continuar su detención preventiva en la Escuela del Ejército donde el expresidente Uribe residía, y que, pese a una sentencia de tutela, ella aún no había podido lograr”.
Según el ente investigador, Álvaro Uribe también consiguió, al parecer con ayuda del abogado Cadena, que el extraditado paramilitar Juan Carlos Sierra Ramírez, alias Tuso, presentara dos documentos (uno en agosto y el otro en diciembre de 2018), en los cuales buscaba cuestionar el comportamiento de senadores como Piedad Córdoba Ruiz, Rodrigo Lara Restrepo, e Iván Cepeda Castro, sobre una visita que hicieron a la prisión donde está recluido en Estados Unidos. Esa visita tenía el objetivo, según el escrito de acusación, de convencer al Tuso de que declarara en contra de los hermanos Uribe y su presunta relación con el paramilitarismo. El plan del expresidente, al parecer, era que el Tuso dijera que los congresistas lo habían buscado para que declarara falsamente en contra del exmandatario.
El ente investigador señala que el abogado Diego Cadena, en junio de 2018, presentó un memorial en el que demandaba la decisión de la Corte Suprema de archivar la investigación contra Iván Cepeda. Según la Fiscalía, el entonces abogado del expresidente aportó tres escritos dentro de su solicitud, los cuales estaban también firmados por “los internos de la Cárcel de Cómbita Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí; Giovanny Alberto Cadavid Zapata, alias Cadavid; y Elmo José Mármol Torregrosa, alias El Poli”. Para el ente investigador, Álvaro Uribe conocía la trascendencia de sus presuntos actos y aun así “con dolo directo, en beneficio propio o de terceros, y en menoscabo de la eficaz y recta impartición de justicia y de derechos o intereses superiores de sus víctimas”.
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