Este es el futuro del coronel (r) Mejía, quien perdió su libertad y está en juicio

El coronel retirado Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa del Ejército, volvió a ser un prisionero a partir de este 12 de mayo. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le quitó el beneficio de la libertad condicionada, la cual había conseguido en 2017 al someterse al órgano de justicia transicional y casi una década después de su primera captura. La JEP encontró que, en su cuenta de YouTube, Mejía hizo constante apología a la violencia, durante el paro nacional y la campaña presidencial pasada. Pidió a sus espectadores defender a Colombia “al precio que sea”, lo que fue tomado como un llamado a la confrontación.

En contexto: Estas fueron las declaraciones por las que el coronel (r) Mejía perdió su libertad

La JEP reconoció que los mensajes públicos de Mejía nada tienen que ver con un militar condenado que buscaría garantizar la no repetición de la guerra. Por tanto, y con el fin de proteger los derechos de las víctimas, la JEP ordenó la captura de Mejía y le pidió a la dirección de centros de reclusión militar del Ejército (DICER) que escoja el lugar donde permanecerá preso. Allá seguirá pagando la condena a 19 años de cárcel con la que un juzgado de Bogotá lo castigó en 2013, por patrullar en conjunto con paramilitares del Bloque Norte de las AUC a principios de los 2.000, permitiendo ejecuciones extrajudiciales en el Cesar.

Justamente, que sea el Ejército el que decida el sitio de reclusión de Mejía es uno de los beneficios que sigue teniendo el militar como sujeto vinculado a la JEP. Por lo pronto, la entidad verificará el comportamiento que muestre Mejía desde esta semana. Dependiendo de si es “respetuoso” o “renuente”, los beneficios podrán ser, al respecto, “ampliados” o “revocados definitivamente”. Dentro de seis meses, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad volverá a revisar si Mejía cumple con las condiciones para ser beneficiario y, si no es así, en el peor de los casos, podría ser expulsado definitivamente como le pasó el mes pasado al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales.

Antecedentes: La alianza criminal del coronel (r) Mejía

Por ahora, Mejía sigue siendo procesado en la JEP. Aunque tiene dos condenas en la justicia ordinaria por “falsos positivos” y en la Jurisdicción pidió pista en dicho macrocaso, no ha aceptado responsabilidad alguna. Por tanto, su expediente está en manos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y está ad portas de un juicio, cuya consecuencia podría ser una condena a 20 años de prisión. Sin embargo, dado que es un juicio, el coronel (r) Mejía podría presentar pruebas para demostrar su inocencia. Pero el panorama no es alentador. La JEP tendría cómo probar que participó y encubrió la muerte de 75 inocentes, entre 2004 y 2005.

La imputación en la JEP contra el coronel Mejía es cruda y contiene hechos similares a los que ya pesan en sus condenas de justicia ordinaria. “Se sirvieron de su mando y de su control en una estructura altamente jerarquizada para emitir órdenes dirigidas a presentar asesinatos fuera de combate como resultados operacionales legítimos”, explicó la Jurisdicción. Entre las muertes que se le atribuyen están tres indígenas kankuamos, un adolescente y tres mujeres. Con el Bloque Norte de las Auc, al parecer, coordinó la entrega de víctimas, vivas y muertas, que luego eran referenciadas como criminales en documentos falsos.

Lea: Coronel (r) Mejía no aceptó rol en falsos positivos y tendrá juicio en la JEP

Bajo su comandancia, de otro lado, se pusieron en funcionamiento los grupos especiales Zarpazo y Trueno, los cuales operaban bajo las órdenes directas de Mejía y cuya labor casi que exclusiva sería la de presentar ejecuciones extrajudiciales a partir de 2002. Sirvieron de referentes para otros pelotones, dados los números de “positivos”, que en realidad no serían tal cosa. En su defensa, Mejía asegura que la Fiscalía “desapareció” del batallón la documentación operacional “secreta original” y además montó una “horrible mentira” pagándole a criminales para declarar contra él. El futuro dirá si tiene razón o, al contrario, dos sistemas de justicia lo sentencian por alianzas con paramilitares.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El coronel retirado Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa del Ejército, volvió a ser un prisionero a partir de este 12 de mayo. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le quitó el beneficio de la libertad condicionada, la cual había conseguido en 2017 al someterse al órgano de justicia transicional y casi una década después de su primera captura. La JEP encontró que, en su cuenta de YouTube, Mejía hizo constante apología a la violencia, durante el paro nacional y la campaña presidencial pasada. Pidió a sus espectadores defender a Colombia “al precio que sea”, lo que fue tomado como un llamado a la confrontación.

En contexto: Estas fueron las declaraciones por las que el coronel (r) Mejía perdió su libertad

La JEP reconoció que los mensajes públicos de Mejía nada tienen que ver con un militar condenado que buscaría garantizar la no repetición de la guerra. Por tanto, y con el fin de proteger los derechos de las víctimas, la JEP ordenó la captura de Mejía y le pidió a la dirección de centros de reclusión militar del Ejército (DICER) que escoja el lugar donde permanecerá preso. Allá seguirá pagando la condena a 19 años de cárcel con la que un juzgado de Bogotá lo castigó en 2013, por patrullar en conjunto con paramilitares del Bloque Norte de las AUC a principios de los 2.000, permitiendo ejecuciones extrajudiciales en el Cesar.

Justamente, que sea el Ejército el que decida el sitio de reclusión de Mejía es uno de los beneficios que sigue teniendo el militar como sujeto vinculado a la JEP. Por lo pronto, la entidad verificará el comportamiento que muestre Mejía desde esta semana. Dependiendo de si es “respetuoso” o “renuente”, los beneficios podrán ser, al respecto, “ampliados” o “revocados definitivamente”. Dentro de seis meses, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad volverá a revisar si Mejía cumple con las condiciones para ser beneficiario y, si no es así, en el peor de los casos, podría ser expulsado definitivamente como le pasó el mes pasado al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales.

Antecedentes: La alianza criminal del coronel (r) Mejía

Por ahora, Mejía sigue siendo procesado en la JEP. Aunque tiene dos condenas en la justicia ordinaria por “falsos positivos” y en la Jurisdicción pidió pista en dicho macrocaso, no ha aceptado responsabilidad alguna. Por tanto, su expediente está en manos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y está ad portas de un juicio, cuya consecuencia podría ser una condena a 20 años de prisión. Sin embargo, dado que es un juicio, el coronel (r) Mejía podría presentar pruebas para demostrar su inocencia. Pero el panorama no es alentador. La JEP tendría cómo probar que participó y encubrió la muerte de 75 inocentes, entre 2004 y 2005.

La imputación en la JEP contra el coronel Mejía es cruda y contiene hechos similares a los que ya pesan en sus condenas de justicia ordinaria. “Se sirvieron de su mando y de su control en una estructura altamente jerarquizada para emitir órdenes dirigidas a presentar asesinatos fuera de combate como resultados operacionales legítimos”, explicó la Jurisdicción. Entre las muertes que se le atribuyen están tres indígenas kankuamos, un adolescente y tres mujeres. Con el Bloque Norte de las Auc, al parecer, coordinó la entrega de víctimas, vivas y muertas, que luego eran referenciadas como criminales en documentos falsos.

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Bajo su comandancia, de otro lado, se pusieron en funcionamiento los grupos especiales Zarpazo y Trueno, los cuales operaban bajo las órdenes directas de Mejía y cuya labor casi que exclusiva sería la de presentar ejecuciones extrajudiciales a partir de 2002. Sirvieron de referentes para otros pelotones, dados los números de “positivos”, que en realidad no serían tal cosa. En su defensa, Mejía asegura que la Fiscalía “desapareció” del batallón la documentación operacional “secreta original” y además montó una “horrible mentira” pagándole a criminales para declarar contra él. El futuro dirá si tiene razón o, al contrario, dos sistemas de justicia lo sentencian por alianzas con paramilitares.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.