Este es el proyecto para el sometimiento de grupos criminales y de narcotráfico
Esto es todo lo que debe saber del proyecto de Petro para desmantelar grupos armados del calibre del Clan del Golfo. No entrarán organizaciones con estatus políticos, como el Eln o las disidencias Farc. ¿Cuánto tiempo pagarán en prisión? ¿Se quedarán con plata producto del crimen? ¿Cuáles son los compromisos a los que se someten? Aquí las respuestas.
Jhoan Sebastian Cote
El gobierno de Gustavo Petro tiene listo el documento con el que espera que una parte fundamental de la “Paz Total” sea una realidad. Se trata del proyecto de ley “por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”. Es decir, las reglas para el sometimiento de grupos criminales como el Clan del Golfo. ¿Cuáles son los grupos que se podrán acoger? ¿Cuáles son las penas que pagarán? ¿Se quedarán con los bienes obtenidos del crimen? Estas son las preguntas y respuestas que debe saber:
¿Cuáles grupos se pueden someter?
Según el documento conocido por El Espectador, si el proyecto pasa el examen en el Congreso y en la Corte Constitucional, se podrán vincular todas las organizaciones criminales que tengan una estructura jerárquica o en red. Un ejemplo claro es el Clan del Golfo. Asimismo, les quedará prohibido presentarse a grupos con estatus político, como el Eln o las disidencias de las Farc. Se verificará que hayan tenido la capacidad de someter a la población civil de territorios rurales y urbanos. Entran grupos narcotraficantes.
Antecedentes: La “paz total” camina por la cuerda floja de la crisis carcelaria
¿Cuánto tiempo tienen para someterse?
A partir de la entrada en vigencia de la Ley, los grupos criminales y narcotraficantes tendrán un término de dos años para acogerse al proyecto. Ese periodo puede prorrogarse por un año, si así lo dispone el presidente Gustavo Petro.
¿A qué se comprometen los procesados?
Para acceder a los beneficios de la ley, en principio, quienes se sometan deberán reconocer su responsabilidad por los delitos. Deberán comprometerse con la reparación material y simbólica de las víctimas, aportar a la verdad que las víctimas soliciten, participar en programas de reintegración y entregar información a la Fiscalía para el desmantelamiento y la judicialización de las redes criminales y los colaboradores de las mismas.
Le puede interesar: Estos son los grupos armados que le creen a la “paz total” del presidente Petro
Asimismo, los procesados estarán obligados a aportar información sobre mecanismos de lavado de activos y datos para la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas. Entre otros compromisos, deberán entregar las armas, los secuestrados, un inventario completo de los bienes y liberar a los menores de edad reclutados.
¿Cuáles serán las penas a pagar?
Los miembros de grupos criminales que se sometan y cumplan con los requisitos, tendrán a cambio una pena de entre seis (6) a ocho (8) años de prisión en una cárcel. Luego de ello, deberán permanecer, por cuatro (4) años, en actividades de justicia restaurativa y de reintegración a la sociedad, con monitoreo permanente por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
¿Cuáles son las causales de expulsión?
La persona que se someta perderá los beneficios si retorna a las armas, si no contribuye a la verdad, sino cumple con los programas de justicia restaurativa y, por último, si comete un delito bajo la modalidad dolosa. Es decir, si realiza con plena intención una conducta castigada en el Código Penal.
Lea también: Las claves de la paz total de Petro en el Plan Nacional de Desarrollo
¿Qué pasará con sus bienes?
Si el procesado entrega de manera anticipada los bienes que posee, podrá mantener hasta un 6% de ese patrimonio ilícito. Es decir, de la plata que consiguió producto de sus crímenes. Los bienes deben ser monetizables y deben servir para reparar a las víctimas.
¿Contarán verdad?
El Ministerio de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se comprometerán a identificar las demandas de verdad de las víctimas, las cuales deberán ser respondidas por los sometidos. La información será sistematizada para definir encuentros con fines restaurativos entre víctimas y victimarios.
A partir del inicio de la etapa de conversaciones se podrán llevar a cabo actividades de reparación simbólica de las víctimas y los territorios afectados por la estructura armada. La Defensoría del Pueblo hará pedagogía y promoverá los diálogos entre las partes.
¿Cómo se reintegrarán a la vida civil los procesados?
El Gobierno tiene propuesto una oferta de programas para la reintegración individual, colectiva y comunitaria. Aunque se desconocen las actividades específicas, serán vinculados a estos planes la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Agencia para la Reincorporación, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación.
Le puede interesar: Hermano de Gustavo Petro y el abogado Pedro Niño declararon ante la Fiscalía
¿Cómo serán identificados los procesados de cada organización criminal?
La Oficina del Alto Comisionado será la encargada de recolectar la información de las bases de datos que reposan en la Dirección de Policía, la Dirección Nacional de Inteligencia e inteligencia militar. El listado será enviado a la Fiscalía para que apruebe los nombres. El plazo para la presentación, constatación y aprobación, por parte del ente acusador será de tres (3) meses, prórrogable por un término igual, por solicitud justificada a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
¿Quiénes participaron en este proyecto?
En la creación del proyecto de ley participaron el exvicefiscal Jorge Perdomo; el penalista Mauricio Pava; el exministro de Justicia, Yesid Reyes; el actual ministro de Justicia, Néstor Osuna, el viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña; la antropóloga María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional, y los congresistas Iván Cepeda, Roy Barreras, Ariel Ávila y Alirio Uribe.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El gobierno de Gustavo Petro tiene listo el documento con el que espera que una parte fundamental de la “Paz Total” sea una realidad. Se trata del proyecto de ley “por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”. Es decir, las reglas para el sometimiento de grupos criminales como el Clan del Golfo. ¿Cuáles son los grupos que se podrán acoger? ¿Cuáles son las penas que pagarán? ¿Se quedarán con los bienes obtenidos del crimen? Estas son las preguntas y respuestas que debe saber:
¿Cuáles grupos se pueden someter?
Según el documento conocido por El Espectador, si el proyecto pasa el examen en el Congreso y en la Corte Constitucional, se podrán vincular todas las organizaciones criminales que tengan una estructura jerárquica o en red. Un ejemplo claro es el Clan del Golfo. Asimismo, les quedará prohibido presentarse a grupos con estatus político, como el Eln o las disidencias de las Farc. Se verificará que hayan tenido la capacidad de someter a la población civil de territorios rurales y urbanos. Entran grupos narcotraficantes.
Antecedentes: La “paz total” camina por la cuerda floja de la crisis carcelaria
¿Cuánto tiempo tienen para someterse?
A partir de la entrada en vigencia de la Ley, los grupos criminales y narcotraficantes tendrán un término de dos años para acogerse al proyecto. Ese periodo puede prorrogarse por un año, si así lo dispone el presidente Gustavo Petro.
¿A qué se comprometen los procesados?
Para acceder a los beneficios de la ley, en principio, quienes se sometan deberán reconocer su responsabilidad por los delitos. Deberán comprometerse con la reparación material y simbólica de las víctimas, aportar a la verdad que las víctimas soliciten, participar en programas de reintegración y entregar información a la Fiscalía para el desmantelamiento y la judicialización de las redes criminales y los colaboradores de las mismas.
Le puede interesar: Estos son los grupos armados que le creen a la “paz total” del presidente Petro
Asimismo, los procesados estarán obligados a aportar información sobre mecanismos de lavado de activos y datos para la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas. Entre otros compromisos, deberán entregar las armas, los secuestrados, un inventario completo de los bienes y liberar a los menores de edad reclutados.
¿Cuáles serán las penas a pagar?
Los miembros de grupos criminales que se sometan y cumplan con los requisitos, tendrán a cambio una pena de entre seis (6) a ocho (8) años de prisión en una cárcel. Luego de ello, deberán permanecer, por cuatro (4) años, en actividades de justicia restaurativa y de reintegración a la sociedad, con monitoreo permanente por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
¿Cuáles son las causales de expulsión?
La persona que se someta perderá los beneficios si retorna a las armas, si no contribuye a la verdad, sino cumple con los programas de justicia restaurativa y, por último, si comete un delito bajo la modalidad dolosa. Es decir, si realiza con plena intención una conducta castigada en el Código Penal.
Lea también: Las claves de la paz total de Petro en el Plan Nacional de Desarrollo
¿Qué pasará con sus bienes?
Si el procesado entrega de manera anticipada los bienes que posee, podrá mantener hasta un 6% de ese patrimonio ilícito. Es decir, de la plata que consiguió producto de sus crímenes. Los bienes deben ser monetizables y deben servir para reparar a las víctimas.
¿Contarán verdad?
El Ministerio de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se comprometerán a identificar las demandas de verdad de las víctimas, las cuales deberán ser respondidas por los sometidos. La información será sistematizada para definir encuentros con fines restaurativos entre víctimas y victimarios.
A partir del inicio de la etapa de conversaciones se podrán llevar a cabo actividades de reparación simbólica de las víctimas y los territorios afectados por la estructura armada. La Defensoría del Pueblo hará pedagogía y promoverá los diálogos entre las partes.
¿Cómo se reintegrarán a la vida civil los procesados?
El Gobierno tiene propuesto una oferta de programas para la reintegración individual, colectiva y comunitaria. Aunque se desconocen las actividades específicas, serán vinculados a estos planes la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Agencia para la Reincorporación, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación.
Le puede interesar: Hermano de Gustavo Petro y el abogado Pedro Niño declararon ante la Fiscalía
¿Cómo serán identificados los procesados de cada organización criminal?
La Oficina del Alto Comisionado será la encargada de recolectar la información de las bases de datos que reposan en la Dirección de Policía, la Dirección Nacional de Inteligencia e inteligencia militar. El listado será enviado a la Fiscalía para que apruebe los nombres. El plazo para la presentación, constatación y aprobación, por parte del ente acusador será de tres (3) meses, prórrogable por un término igual, por solicitud justificada a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
¿Quiénes participaron en este proyecto?
En la creación del proyecto de ley participaron el exvicefiscal Jorge Perdomo; el penalista Mauricio Pava; el exministro de Justicia, Yesid Reyes; el actual ministro de Justicia, Néstor Osuna, el viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña; la antropóloga María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional, y los congresistas Iván Cepeda, Roy Barreras, Ariel Ávila y Alirio Uribe.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.