Este es Hernando Toro, el nuevo vicefiscal designado por Martha Mancera

El abogado Hernando Toro asumió este martes como vicefiscal general de la Nación. Su nombramiento lo hizo la fiscal encargada Martha Mancera, quien tomará las riendas de la entidad, mientras la Corte Suprema de Justicia determina quién se quedará finalmente en el cargo del que recién sale Francisco Barbosa. La elección está entre Amelia Pérez, Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo. Discusión que se retomará el próximo 28 de febrero en el alto tribunal.

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Toro no siempre fue el más sonado para ocupar este cargo. En un principio se especuló que quien sería elegido vicefiscal, sería Gabriel Jaimes, uno de los hombres de mayor confianza del exfiscal Francisco Barbosa y quien es actualmente el coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Sobre Hernando Toro se sabe que era el Director de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, desde el primero de diciembre de 2021. Tiene más de 28 años en la defensa de los derechos humanos e implementación de políticas públicas en el Gobierno, con organismos internacionales y en la Fiscalía General de la Nación.

Según su hoja de vida, Toro inició su formación profesional en la Universidad San Buenaventura de Cali, en que se graduó como abogado. Luego continuó sus estudios en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de Sevilla, España, y adelantó estudios complementarios en la Comisión Internacional de Juristas y en Washington College of Law, en Estados Unidos.

Lea: Las delicadas investigaciones que hereda la fiscal encargada Mancera

Dentro de su experiencia laboral se encuentra que fue director Nacional de Difusión de Doctrina y Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Colombiana, defensor Regional en los departamentos de Magdalena Medio, Santander y Valle del Cauca. En este cargo “dirigió las acciones institucionales de prevención, protección, promoción y defensa de los derechos humanos en el territorio asociadas a la atención de las víctimas y trámite de peticiones, impulso de recursos y acciones judiciales, promoción y divulgación de derechos y coordinación del servicio de Defensoría Pública”. En esa misma entidad fue el coordinador de Atención a la Población Desplazada por la Violencia y Director Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos.

Toro también fue consultor de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, trabajó en la Dirección de Derechos Humanos y Grupo de Articulación a la Política de Víctimas del Ministerio del Interior y desde 2019 se vinculó a la Fiscalía General de la Nación en la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales. En 2021 fue designado como director de la Unidad Especial de Investigación. “Toro ha tenido un papel relevante en el cumplimiento de la labor constitucional y legal de esta dependencia, a través de su contribución judicial al desmantelamiento de organizaciones criminales, afectaciones a firmantes del Acuerdo de Paz y sus Familiares, líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”, explica la Fiscalía.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El abogado Hernando Toro asumió este martes como vicefiscal general de la Nación. Su nombramiento lo hizo la fiscal encargada Martha Mancera, quien tomará las riendas de la entidad, mientras la Corte Suprema de Justicia determina quién se quedará finalmente en el cargo del que recién sale Francisco Barbosa. La elección está entre Amelia Pérez, Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo. Discusión que se retomará el próximo 28 de febrero en el alto tribunal.

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Toro no siempre fue el más sonado para ocupar este cargo. En un principio se especuló que quien sería elegido vicefiscal, sería Gabriel Jaimes, uno de los hombres de mayor confianza del exfiscal Francisco Barbosa y quien es actualmente el coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Sobre Hernando Toro se sabe que era el Director de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, desde el primero de diciembre de 2021. Tiene más de 28 años en la defensa de los derechos humanos e implementación de políticas públicas en el Gobierno, con organismos internacionales y en la Fiscalía General de la Nación.

Según su hoja de vida, Toro inició su formación profesional en la Universidad San Buenaventura de Cali, en que se graduó como abogado. Luego continuó sus estudios en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de Sevilla, España, y adelantó estudios complementarios en la Comisión Internacional de Juristas y en Washington College of Law, en Estados Unidos.

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Dentro de su experiencia laboral se encuentra que fue director Nacional de Difusión de Doctrina y Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Colombiana, defensor Regional en los departamentos de Magdalena Medio, Santander y Valle del Cauca. En este cargo “dirigió las acciones institucionales de prevención, protección, promoción y defensa de los derechos humanos en el territorio asociadas a la atención de las víctimas y trámite de peticiones, impulso de recursos y acciones judiciales, promoción y divulgación de derechos y coordinación del servicio de Defensoría Pública”. En esa misma entidad fue el coordinador de Atención a la Población Desplazada por la Violencia y Director Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos.

Toro también fue consultor de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, trabajó en la Dirección de Derechos Humanos y Grupo de Articulación a la Política de Víctimas del Ministerio del Interior y desde 2019 se vinculó a la Fiscalía General de la Nación en la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales. En 2021 fue designado como director de la Unidad Especial de Investigación. “Toro ha tenido un papel relevante en el cumplimiento de la labor constitucional y legal de esta dependencia, a través de su contribución judicial al desmantelamiento de organizaciones criminales, afectaciones a firmantes del Acuerdo de Paz y sus Familiares, líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”, explica la Fiscalía.

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