Este miércoles 2 de octubre, a las 8:00 de la mañana, se reanudará la primera audiencia preparatoria antes del juicio que deberá enfrentar el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los presuntos delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. La diligencia, que había iniciado el pasado 6 de septiembre, fue aplazada por decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal de Bogotá, acogiendo una solicitud de la defensa del exmandatario, en cabeza del abogado Jaime Granados Peña.
De acuerdo con el defensor, la diligencia debía ser postergada al menos 30 días, pues, a su juicio, la Fiscalía y los abogados de las víctimas no adelantaron correctamente el descubrimiento del material probatorio. Para el abogado Granados, la defensa del exmandatario dejó de conocer varios elementos claves dentro del expediente, como el computador y el celular que le fueron incautados a Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del caso. Así mismo, el jurista alega que no allegaron unas grabaciones realizadas por Monsalve en las que registró audios de sus conversaciones con Diego Cadena, exabogado de Uribe Vélez, y quien también enfrenta un juicio por el delito de soborno a testigos.
Según el abogado Granados, el hecho de no conocer ese material es una vulneración al derecho a la defensa del también exsenador, pues, argumenta, “subsisten lagunas significativas de la información que no ha sido descubierta, que requiere la preparación de la defensa para su caso”, aseguró Granados. Y añadió: “Lo que entregó la Fiscalía, su señoría, corresponde a material inédito; es decir, no conocido por la defensa en estos seis años que lleva este proceso. Oh sorpresa el nivel de información desconocida para la defensa”.
La jueza Heredia, por su parte, aseguró que no va a permitir más demoras en el proceso y, durante la diligencia del mes pasado, sacó pecho por las estadísticas que respaldan a su despacho de ser el menos congestionado de Bogotá, porque, según ella, le da celeridad a todos los casos que llegan a su escritorio. Para la togada, la preocupación latente está en que la acción penal prescribe en octubre de 2025. Por eso, acogió en parte la solicitud de Granados y otorgó solo 15 días para la revisión del material probatorio. “Es por esa razón que el despacho en primer lugar considera que la defensa técnica ha actuado en esta parte del proceso de una manera ágil, juiciosa y ponderada, pues como él mismo lo ha indicado son innumerables los elementos que ha tenido que verificar”, agregó la jueza.
Una posible tutela
La posibilidad de interponer una tutela para “garantizar los derechos fundamentales del expresidente”—la cual no suspendería el proceso— es una idea que su defensa aun no abandona, según conoció este diario. Con ese recurso, sus abogados buscan probar que, supuestamente, al líder del Centro Democrático se le han vulnerado derechos en el extenso proceso que enfrenta desde hace seis años. Para la defensa de Uribe Vélez, las vulneraciones vuelven de nuevo al punto de la indagatoria a la que fue llamado el entonces congresista el 24 de julio de 2018 por parte de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, Granados precisó que no esperan revivir la discusión ya zanjada por la Corte Constitucional, en la que determinó que la indagatoria equivale a la imputación, sino que el tema va mucho más allá. Para él, los hechos de esa imputación no son claros y esa equivalencia se hizo “en el papel”, pero, dice, no tuvo efectos reales.
Según el jurista, los hechos que llevaron a la imputación de Uribe Vélez por presuntamente sobornar a testigos para obtener testimonios favorables en otros procesos sobre supuestos vínculos suyos con el paramilitarismo, presentaron variaciones a medida que el proceso ha ido avanzando. A su juicio, estos cambios afectan directamente los derechos del exmandatario porque la imputación ha sido “elástica”, pues dice que se “amplía y se contrae”. En resumidas cuentas, Granados expone que el expresidente fue imputado teniendo en cuenta la indagatoria y el auto del 3 de agosto de 2020 emitido por la Corte Suprema, mediante el cual se resolvió la situación jurídica de Uribe Vélez y que le impuso la medida de aseguramiento.
Para el defensor, este asunto cambió con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que, en segunda instancia, negó la solicitud de Granados de tumbar el expediente. A su juicio, luego de esa determinación, “se contrae la imputación únicamente a la indagatoria”, dejando por fuera el auto que envió a Uribe a prisión domiciliaria. “Cuando a ti te están diciendo durante cuatro años que se incluye el auto, y ahora te dicen que no, pues se vuelve un tema maleable (...) eso implica una vulneración del derecho al debido proceso y de defensa”, argumenta Granados. Sin embargo, la jueza Sandra Liliana Heredia, durante la audiencia de acusación en contra del líder opositor, dejó por sentado que durante la indagatoria a Uribe le fueron debidamente comunicados los hechos por los cuales estaba siendo procesado.
Aun con esa decisión del juzgado, la defensa de Uribe Vélez intentaría, a través de la tutela, poner en el centro del debate si el exmandatario cometió dolo eventual o directo. Cuando la Corte Suprema llamó al expresidente a indagatoria en 2018, el alto tribunal fue claro en que las conductas por las que hoy se encuentra imputado el también exsenador se habrían presentado con intención eventual, es decir que, aunque no quería cometer delitos, Uribe debía saber que sus actuaciones iban contra la ley. Para Granados, no obstante, esto dio un giro de 180 grados en la audiencia de acusación, pues se modificó “el núcleo fáctico de la imputación, pasando de dolo eventual a dolo directo.” Eso significa, sin entrar en términos técnicos, que, según la Fiscalía, el expresidente era completamente consciente de que sus acciones eran ilegales.
A través de la posible tutela, la defensa de Uribe intentaría demostrar que no existen hechos que puedan probar la intención del exmandatario de cometer delitos. En palabras más sencillas, la Corte Suprema reunió durante la indagatoria unos hechos que estaban intentando probar un dolo eventual por parte del exmandatario, pero en la audiencia de acusación se le acusó a Uribe el dolo directo. Con este ajuste, según Granados, no habría evidencias para probar que Uribe Vélez haya cometido soborno, soborno en actuación penal o fraude procesal —delitos por los que fue acusado bajo el dolo directo— a propósito.
“¿El hecho de dolo directo es que contrató un abogado? Eso no es delito. ¿El hecho es que ese abogado vaya a una cárcel a entrevistar testigos? Eso es un hecho neutro y no está prohibido”, argumentó Granados. Cabe recordar que los delitos por los que fue acusado el líder opositor en mayo pasado tienen que ver con su presunta participación en la utilización de abogados y emisarios que fueron enviados, al parecer por órdenes suyas, a algunos centros carcelarios para obtener testimonios a su favor en otros procesos relacionados con los presuntos vínculos de Uribe Vélez con paramilitares.
De todas maneras, las audiencias en contra del exmandatario se extenderán los días 3, 4, 7, 8, 9, 10, 16 y 17 de octubre. Sin embargo, este diario conoció que, durante la diligencia de este miércoles, la defensa pondrá sobre la mesa nuevos argumentos para señalar que dentro del expediente no se han respetado los derechos fundamentales del exjefe de Estado y que el ambiente, ahora mismo, “no es el mejor”.
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