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La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que recibió una denuncia formulada por la Colombia Humana en contra de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cesar Augusto Lorduy, Maritza Martínez Aristizabal, Álvaro Hernán Prada, Alejandro Vaquero Rueda, Cristian Ricardo Quiroz, Alfonso Campo Martínez y Benjamín Ortiz Torres. Son ellos quienes investigan al presidente Gustavo Petro y a su campaña por, presuntamente, haber violado en más de $5.355 millones el tope de gasto permitido para las elecciones de 2022.
De acuerdo con el documento presentado al ente investigador por Carmen Cecilia Anachury, en representación del movimiento político, los mencionados magistrados cometieron un delito contra la administración pública. Señala la denuncia que, específicamente, los integrantes de la Sala Plena del CNE habrían incurrido en el delito de prevaricato por acción.
La denunciante dice que los magistrados del CNE, al formular cargos en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y en contra de él como “candidato”, se desconoció el “juez natural y condición de aforado” de Petro. Dice el documento conocido por este diario que, bajo la óptica de Anachury, “el CNE no solo viola la competencia que le atribuye el sistema legal al investigar y formular Pliego de Cargos contra el presidente en ejercicio, contrariando la propia Constitución Política, sino que extralimita sus funciones al negar el fueron integral del presidente en ejercicio una garantía legal, al punto que en su comunicado lo trata como ‘candidato’, cuando precisamente la garantía legal constituye una protección para determinar su juez natural, que en este caso es el Congreso de la República a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y de las corporaciones que componen el Congreso”.
Anachury en su documento también resalta que “la Corte Constitucional es contundente al señalar que respecto al fuero integral ‘no cabe interpretar como un beneficio o privilegio personal sino como una garantía para el ejercicio de la investidura, en consideración a la dignidad del cargo y de la institución que ellos representan’”. Para la denunciante, los magistrados del CNE “están contrariando el ordenamiento jurídico al desconocer la garantía procesal al juez natural y el debido proceso”.
Asimismo, la denuncia señala que la denuncia por supuesta violación de topes electorales que llevó a la investigación del CNE se le debió declarar la caducidad, supuestamente, porque ya se había vencido el tiempo para presentarla y darle trámite por parte de la autoridad electoral. ”La denuncia anónima por la cual el CNE inició la investigación fue presentada el 2 de febrero de 2023 con radicado CNE-E-DG-2023-002164, es decir, 228 días posteriores a la fecha en la cual fue electo como presidente Gustavo Petro. Por consiguiente, la corporación debió declarar la caducidad de la denuncia y en consecuencia abstenerse de continuar con el ejercicio de investigar las presuntas irregularidades de la campaña, para lo cual solicito se incorpore el expediente del CNE a esta investigación penal”.
El documento señala que “pesar de que teóricamente podían investigar la campaña presidencial de primera y segunda vuelta, lo cierto es que ya había operado el fenómeno de la CADUCIDAD de 30 días contados a partir de la fecha de la elección presidencial de segunda vuelta del 19 de junio de 2022, por lo cual el CNE ya había perdido su competencia para realizar estas investigaciones y menos para formular pliegos de cargo”.
Por eso, dice la denuncia, “el movimiento político Colombia Humana tiene una percepción legítima de falta de Imparcialidad al interior del CNE, por la violación de la reserva del proyecto del pliego de cargos que se volvió viral en los medios de comunicación y en las redes sociales con la pretensión de estructurar un Juicio Paralelo y predisponer a la opinión pública en contra de los derechos fundamentales del presidente de la República, de la Colombia Humana, y especialmente de millones de colombianos que eligieron a Gustavo Petro como presidente de la República de Colombia”.
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