Esto dijo la CIDH sobre denuncias contra Policía por violencia a mujeres y LGBTI

Entre el pasado 8 y el 10 de junio, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Bogotá, Cali, Popayán, Buga y Tuluá, donde revisó numerosas denuncias sobre la violencia policial y civil que dejó decenas de muertos y miles de heridos durante las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril. Como resultado de esta visita, la CIDH publicó este miércoles la declaración que contiene sus conclusiones y 41 recomendaciones al Estado colombiano para que garantice la protesta social y respete los derechos humanos en el marco del paro nacional. (CIDH recomendó reformar decreto de “asistencia militar” en paro nacional 2021)

Algunas de las recomendaciones claves proponen separar a la Policía del Ministerio de Defensa, para garantizar la preservación de la seguridad con un enfoque ciudadano y no militar; e investigar y reparar de forma integral a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, entre ellas las que sufrieron traumas oculares y violencia sexual y de género. (“Separar Policía de Mindefensa” y otras 40 recomendaciones de la CIDH a Colombia)

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 113 hechos de violencia basada en género se han reportado en el paro nacional. De esos, 112 casos fueron presuntamente ocasionados por la fuerza pública y su ESMAD, 99 contra mujeres y 13 contra personas LGBTI. Entre las denuncias se incluyen 27 casos de violencia sexual, 5 hechos de acceso carnal violento y 22 tocamientos. Asimismo, se informó sobre el caso de violencia de género sufrido por una mujer policía en el marco de las manifestaciones. (‘Nadie puede recomendarle a un país tolerar la criminalidad’: Duque sobre CIDH)

En el marco de su vista, la CIDH recibió testimonios sobre actos cometidos por agentes de la fuerza pública, que “indicarían la utilización de la violencia de género como mecanismos de represión contra mujeres, niñas y personas LGBTI”. Estos habrían sido utilizados tanto contra aquellas personas que se encontraban en la protesta como también contra aquellas que se ubicaban en zonas aledañas.

Algunos de los casos que fueron conocidos por la CIDH incluyen la denuncia de la adolescente que habría sido agredida sexualmente por varios agentes del Esmad en Popayán y que posteriormente se habría suicidado el día 12 de mayo. Además, están varias denuncias de “mujeres indígenas que aseguraron haber sido violentadas y estigmatizadas por sus expresiones culturales y simbología ancestral durante las manifestaciones; y el testimonio de una mujer indígena en Puerto Madera, Cali, que fue abordada por dos agentes de la policía que se transportaban en una motocicleta, y luego la habrían agredido físicamente y abusado sexualmente de ella”. (Reconstruimos las dos denuncias por violencia sexual en el paro nacional)

Otras víctimas relataron a la CIDH haber sufrido “tocamientos durante su detención, amenazas de violación y abuso sexual, así como haber sido víctimas de estigmatización por agentes de la policía quienes las calificaban de “vándalas” o “guerrilleras” por encontrarse en las manifestaciones. Otra de las mujeres entrevistadas por la CIDH, denunció el disparo a quemarropa contra sus genitales, lo que le habría causado graves lesiones”. Adicionalmente, la Comisión dio a conocer que hay por lo menos 15 casos de violencias basadas en género en contra de mujeres afrodescendientes en el marco del paro nacional.

Frente a las personas LGBTI, la CIDH conoció también el caso de un hombre gay en Barranquilla, que denunció violencia sexual durante una detención arbitraria; así como las denuncias de agresiones físicas y sexuales contra mujeres trans por parte de la fuerza pública en Tunja y Pasto. La comisión recordó que los Estados deben contar, como mínimo, con una averiguación exhaustiva de las razones que motivaron la violencia, para identificar si se trata de una violencia por odio o prejuicio. (Hablemos de la violencia sexual denunciada en el paro nacional)

Por su parte, el Estado le dijo a la CIDH que su Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer trabaja con las 32 Secretarías de la Mujer y mecanismos de género para identificar, acompañar y activar rutas en los casos de violencia contra las mujeres en el marco de las protestas sociales. Y añadió que la Fiscalía trabaja en un protocolo de investigación de violencia sexual.

Finalmente, respecto a la violencia basada en género, la CIDH recomendó al Estado adoptar las medidas necesarias para reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales, incluyendo mecanismos de denuncia, atención, investigación y reparación con perspectiva diferenciada, de proximidad y de atención por personal especializado. Y sugirió reforzar los mecanismos tradicionales de respuesta a esta violencia.

Otra recomendación de la CIDH anunció la instalación de un mecanismo especial de seguimiento a los derechos humanos en Colombia, que seguirá monitoreando las protestas y le hará seguimiento a las recomendaciones que le formuló al Estado colombiano. Esta figura ha sido usada para monitorear derechos humanos en países como Nicaragua y Venezuela.

Sin embargo, el Estado rechazó este último punto y expresó su desacuerdo con la CIDH. En un comunicado de prensa firmado en Nueva York, donde está de visita la canciller y vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, el Gobierno “valoró y agradeció” a la Comisión que diga en su informe que Colombia tiene una “una institucionalidad democrática sólida, participativa y pluralista” y reconozca que la mayoría de protestas fueron pacíficas. Pero se mostró “enfático en rechazar” la creación de un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia”.

“Reiteramos que nuestro Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento”, aseguró el comunicado, que subraya que el Estado tiene “mecanismos internos” para atender las denuncias presentadas por vulneración de derechos humanos. El Estado agregó que “ha condenado de manera enérgica y categórica todo acto de violencia durante las manifestaciones”.

Entre el pasado 8 y el 10 de junio, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Bogotá, Cali, Popayán, Buga y Tuluá, donde revisó numerosas denuncias sobre la violencia policial y civil que dejó decenas de muertos y miles de heridos durante las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril. Como resultado de esta visita, la CIDH publicó este miércoles la declaración que contiene sus conclusiones y 41 recomendaciones al Estado colombiano para que garantice la protesta social y respete los derechos humanos en el marco del paro nacional. (CIDH recomendó reformar decreto de “asistencia militar” en paro nacional 2021)

Algunas de las recomendaciones claves proponen separar a la Policía del Ministerio de Defensa, para garantizar la preservación de la seguridad con un enfoque ciudadano y no militar; e investigar y reparar de forma integral a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, entre ellas las que sufrieron traumas oculares y violencia sexual y de género. (“Separar Policía de Mindefensa” y otras 40 recomendaciones de la CIDH a Colombia)

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 113 hechos de violencia basada en género se han reportado en el paro nacional. De esos, 112 casos fueron presuntamente ocasionados por la fuerza pública y su ESMAD, 99 contra mujeres y 13 contra personas LGBTI. Entre las denuncias se incluyen 27 casos de violencia sexual, 5 hechos de acceso carnal violento y 22 tocamientos. Asimismo, se informó sobre el caso de violencia de género sufrido por una mujer policía en el marco de las manifestaciones. (‘Nadie puede recomendarle a un país tolerar la criminalidad’: Duque sobre CIDH)

En el marco de su vista, la CIDH recibió testimonios sobre actos cometidos por agentes de la fuerza pública, que “indicarían la utilización de la violencia de género como mecanismos de represión contra mujeres, niñas y personas LGBTI”. Estos habrían sido utilizados tanto contra aquellas personas que se encontraban en la protesta como también contra aquellas que se ubicaban en zonas aledañas.

Algunos de los casos que fueron conocidos por la CIDH incluyen la denuncia de la adolescente que habría sido agredida sexualmente por varios agentes del Esmad en Popayán y que posteriormente se habría suicidado el día 12 de mayo. Además, están varias denuncias de “mujeres indígenas que aseguraron haber sido violentadas y estigmatizadas por sus expresiones culturales y simbología ancestral durante las manifestaciones; y el testimonio de una mujer indígena en Puerto Madera, Cali, que fue abordada por dos agentes de la policía que se transportaban en una motocicleta, y luego la habrían agredido físicamente y abusado sexualmente de ella”. (Reconstruimos las dos denuncias por violencia sexual en el paro nacional)

Otras víctimas relataron a la CIDH haber sufrido “tocamientos durante su detención, amenazas de violación y abuso sexual, así como haber sido víctimas de estigmatización por agentes de la policía quienes las calificaban de “vándalas” o “guerrilleras” por encontrarse en las manifestaciones. Otra de las mujeres entrevistadas por la CIDH, denunció el disparo a quemarropa contra sus genitales, lo que le habría causado graves lesiones”. Adicionalmente, la Comisión dio a conocer que hay por lo menos 15 casos de violencias basadas en género en contra de mujeres afrodescendientes en el marco del paro nacional.

Frente a las personas LGBTI, la CIDH conoció también el caso de un hombre gay en Barranquilla, que denunció violencia sexual durante una detención arbitraria; así como las denuncias de agresiones físicas y sexuales contra mujeres trans por parte de la fuerza pública en Tunja y Pasto. La comisión recordó que los Estados deben contar, como mínimo, con una averiguación exhaustiva de las razones que motivaron la violencia, para identificar si se trata de una violencia por odio o prejuicio. (Hablemos de la violencia sexual denunciada en el paro nacional)

Por su parte, el Estado le dijo a la CIDH que su Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer trabaja con las 32 Secretarías de la Mujer y mecanismos de género para identificar, acompañar y activar rutas en los casos de violencia contra las mujeres en el marco de las protestas sociales. Y añadió que la Fiscalía trabaja en un protocolo de investigación de violencia sexual.

Finalmente, respecto a la violencia basada en género, la CIDH recomendó al Estado adoptar las medidas necesarias para reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales, incluyendo mecanismos de denuncia, atención, investigación y reparación con perspectiva diferenciada, de proximidad y de atención por personal especializado. Y sugirió reforzar los mecanismos tradicionales de respuesta a esta violencia.

Otra recomendación de la CIDH anunció la instalación de un mecanismo especial de seguimiento a los derechos humanos en Colombia, que seguirá monitoreando las protestas y le hará seguimiento a las recomendaciones que le formuló al Estado colombiano. Esta figura ha sido usada para monitorear derechos humanos en países como Nicaragua y Venezuela.

Sin embargo, el Estado rechazó este último punto y expresó su desacuerdo con la CIDH. En un comunicado de prensa firmado en Nueva York, donde está de visita la canciller y vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, el Gobierno “valoró y agradeció” a la Comisión que diga en su informe que Colombia tiene una “una institucionalidad democrática sólida, participativa y pluralista” y reconozca que la mayoría de protestas fueron pacíficas. Pero se mostró “enfático en rechazar” la creación de un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia”.

“Reiteramos que nuestro Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento”, aseguró el comunicado, que subraya que el Estado tiene “mecanismos internos” para atender las denuncias presentadas por vulneración de derechos humanos. El Estado agregó que “ha condenado de manera enérgica y categórica todo acto de violencia durante las manifestaciones”.