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A Jorge Luis Alfonso López lo autorizaron para ser facilitador de paz en diciembre de 2022 y, cuando se conoció que un juez lo dejó en libertad para que cumpliera esas funciones, el Gobierno se echó para atrás en su designación y salió a aclarar que nunca pidió que fuera liberado. En el centro del polémico nombramiento estuvo el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien firmó la resolución que le daba el título de facilitador al hijo de Enilce López, la Gata, condenado por vínculos con paramilitares. En entrevista con El Espectador, Rueda se refiere a lo sucedido y reconoce que esto hiere el proceso de paz total.
(En contexto: Las dudas y respuestas que deja la libertad de Jorge Alfonso López, el “Gatico”)
Sabemos, por la resolución 075, que el trabajo de Jorge Luis Alfonso López como facilitador quedó reservado. Pero, ¿qué podría decirle a los lectores de la razón por la cual lo acreditaron así?
Todos los facilitadores, no solamente el señor Alfonso López, cuando tienen el carácter de facilitadores, sus actuaciones son reservadas y deben informar permanentemente las acciones que están adelantando o previamente a que las haga. Siempre debe informar. Las razones por las cuales se acreditó es justo lo que aparece en la resolución: la posibilidad de explorar la voluntad de un grupo armado criminal para ser parte o no de la paz total.
¿Cuántas personas más podrían estar en esa misma situación?
Esa es una información reservada. Pero se utiliza comúnmente.
¿Tienen registros de cuántas personas han pedido también la libertad, bajo el mismo argumento de Alfonso López?
Desconozco qué personas han pedido la libertad bajo el mismo argumento del señor Alfonso López. Lo que yo sé es que ha habido, como es de conocimiento público, un grupo de abogados que operan fraudulentamente ofreciendo libertades, no extradiciones y por eso cobran unas fuertes sumas de dinero. Dicen que tienen relación con la oficina de paz, lo cual es absolutamente falso.
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Por qué, si su oficina sabía que Alfonso López iba a salir libre desde el 2 de febrero (el juez asegura que notificó a su oficina), ¿solo hasta ayer pidieron la revocatoria de la libertad?
Nuestra oficina no tenía conocimiento de que él iba a salir libre desde el 2 de febrero. Si hubiera sido así, habríamos actuado inmediatamente. Y esa actuación inmediata habría llegado a abolir inmediatamente la resolución (que nombró al “Gatico” como facilitador de paz). Así, la resolución pierde su efecto. Todos los que reciben este tipo de facilitación saben que no es para usos irregulares e indebidos, es para los propósitos de la misma. Cualquier filtración de esa resolución, de hecho, significa que queda retirada.
Según lo que se supo esta semana, después de que se filtrara el nombre de Jorge Luis Alfonso López como facilitador, se cancela todo porque se puso en riesgo su labor. ¿Qué pudo ponerse en riesgo en este caso?
Es que todas las resoluciones de facilitación requieren absoluta discreción y reserva. Cuando eso no ocurre, ya saben que queda abolida la resolución de facto. Esta es la segunda ocasión donde hay este tipo de revocatorias, dado que algunas personas que fueron nombradas facilitadoras abusaron de la misma, e hicieron público su designación. Esas situaciones generan una decisión unilateral, vertical y estricta desde la oficina de paz. En todos los casos, ¿qué se pone en riesgo? Varias cosas. Primero, la credibilidad de la construcción del escenario de paz. Dos, la vida de mucha gente, porque no estamos hablando aquí de situaciones que no tengan efectos negativos sobre la confianza y sobre la construcción de paz. No solamente de la sociedad, sino de los riesgos que implican para muchas personas que empiezan a utilizar este canal del facilitador para ir diseñando los escenarios de su salida sociojurídica.
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¿Cuál es el sentido de tener personas como Alfonso López en el proceso de paz total?
Esto es una medición. El facilitador ayuda a una medición de la voluntad de construcción de paz de un grupo armado. Por supuesto que lastima profundamente la confianza de la ciudadanía con la paz total. Pero hay que decirle a los lectores que no estamos hablando de personas externas al país, que no son marcianos. Son colombianos y que en ellos se refleja una parte o un sector de la sociedad del país. El riesgo que tenemos siempre es que, al hablar con un facilitador, o un puente, que nos puede conectar con un grupo criminal, pueden suceder muchas trampas. Y esto sucede, a pesar de que uno puede tratar de generar los mayores controles en el marco de la Constitución y la ley, para que eso no ocurra. Pero si no exploramos unos acercamientos con criminales o quienes han participado en la criminalidad, ¿cómo vamos a lograr entonces un escenario de tránsito de todos estos grupos al Estado de derecho?
Hay que agregar, además, que esto no significa que no siga la persecución judicial y no significa que las sanciones que ya están definidas por la justicia dejen de aplicarse. Entonces es cierto: es clarísimo que esto lastima y afecta la paz total. Pero seguimos confiados en que tenemos que seguir buscando los mecanismos más idóneos y precisos para lograr generar el escenario que permita las condiciones básicas para que grupos criminales puedan transitar al Estado de derecho. Y eso pasa por la confianza en que se pueda generar con estos grupos ilegales activos, que son poderes reales, que ejercen una gobernanza criminal en muchos territorios de Colombia. E insisto, esto no significa que la fuerza pública o que organismos de inteligencia no opere, y mucho menos que los organismos de justicia. No le estamos poniendo límites a las actuaciones judiciales. Por el contrario, estamos haciendo un ejercicio que permite la cualificación de las operaciones que le corresponden a un Estado para brindar garantías y seguridad a todos los ciudadanos.
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¿Cree que casos como el de Alfonso López lastiman la paz total?
El asunto de tener personas así, que se convierten en puentes, a veces para poder generar confianza, pues tienen estos riesgos, pero no de otra manera podemos lograr avanzar en tener ese tipo de acercamientos. Creo que el país lo que necesita es tener claridades. Estamos tratando de comunicar de una manera más adecuada qué significa una gestoría, qué rol cumple un vocero y qué rol cumple un facilitador. Esto es un ejercicio de pedagogía, de identificación cada vez más clara, no solamente de los protocolos internos que existen, sino adicionalmente que todos podamos comprender de qué se trata.
Hay facilitaciones muy diversas para diversos grupos de población. Por ejemplo, hay facilitaciones que se otorgan a políticas o políticos que están en territorios determinados, donde, ante el llamado que hacen los grupos armados, necesitan tener un sustento legal para evitarse investigaciones judiciales posteriores. Hay otras facilitaciones otorgadas a líderes y lideresas sociales en territorios de mucha conflictividad. Y hay otros que se otorgan, si se quiere, a quienes tienen una posibilidad de incidencia o tienen un conocimiento de las operaciones criminales para lograr, en el análisis y en el contacto con mandos de esas estructuras, descifrar la voluntad o no de transitar, en un escenario judicial, al Estado de derecho.
Hasta ahora estamos en fases de acercamiento y de generación de confianza, tratando de resolver los obstáculos que se presentan en la necesidad de crear confianzas de parte y parte. Hay una profunda desconfianza de grupos armados en la disposición verdadera del gobierno, pero esa desconfianza es heredada porque, en ocasiones anteriores, ha habido incumplimientos muy concretos y específicos de algunos gobiernos. Eso hace que esa desconfianza esté ahí. Y poder avanzar significa dar pasos cortos, pero ciertos que no pongan en cuestionamiento la confianza y el principio de todos estos acercamientos ha sido la ética de la vida, la de la transparencia y la de la transformación. Todo lo que se está construyendo en los escenarios de paz, en presencia siempre de testigos internacionales y de la Iglesia católica, es fundamental. Nada, absolutamente ninguna decisión de este Gobierno está hecha para la impunidad jurídica. Necesitamos avanzar en cómo enfrentamos la impunidad social y, a veces, otros escenarios que generan absolutamente una cultura que va en contravía del derecho a la paz.
¿Qué decirle al fiscal Barbosa, quien dijo sin rodeos que lo que sucedió ayer fue culpa suya?
Yo insisto que respeto mucho al fiscal general (Francisco Barbosa), sus opiniones y por supuesto sus decisiones serán siempre respetadas y escuchadas. Aquí estamos haciendo una apuesta que es inédita en el mundo de tener una simultaneidad de escenarios para el tránsito al Estado de derecho con grupos armados disímiles en materia de su origen o naturaleza. Una cosa es hablar con un grupo armado rebelde, como el Eln, con unas reglas de juego institucional, unas características que generan una arquitectura que permita el diálogo sociopolítico; y otra es dialogar con grupos armados que tienen unos fines de lucro, de acumulación de capital, de protección de la propiedad, más la vida, y que lo que se busca es, en este escenario de la ética de la vida y el proyecto de una democracia moderna en Colombia, lograr que transiten a un Estado de derecho, a partir de un mecanismo judicial que propicie solucionar los problemas jurídicos.
Pero también somos conscientes de que, debajo de toda esta construcción de grupos criminales, hay una debilidad o un déficit en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hay claridad también de que esos déficits han propiciado que dinámicas armadas ejerzan control territorial, urbano y rural, sustituyendo al Estado. Hay también esta criminalidad que ha logrado tener tentáculos y sustentarse en estructuras de poder mucho más grandes, que logran corroer la institucionalidad, o mejor, sectores de la institucionalidad.
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