Esto se sabe sobre el proceso en la Procuraduría del gr (r) Óscar Atehortúa

El próximo martes, de manera presencial, el general (r) Óscar Atehortúa, exdirector de la Policía, escuchará en compañía de su abogado, Marco Antonio Velilla, el fallo de la Procuraduría sobre la investigación de corrupción que lo ha tenido rindiendo declaraciones en los últimos dos años. El oficial está ante la palestra por las supuestas irregularidades que se registraron en la construcción de casas fiscales en San Luis, Tolima, mientras ocupó un cargo en la Inspección General en el cual suscribió dos contratos para la realización de dichas residencias.

Lo que en su momento dijo el Ministerio Público es que, además, de que las obras quedaron inconclusas, el general también se habría extralimitado en sus funciones debido a que, a través del presunto tráfico de influencias mientras fungió como director de la institución, trató de persuadir la investigación en su contra.

Lea aquí: La declaración del general Salamanca en juicio disciplinario al director de la Policía

Aunque Velilla en el juicio trató de desvirtuar una a una las pruebas del Ministerio Público en contra del oficial, la Procuraduría no escatimó en leer los cuatro cargos que le formularon al exdirector. En el primero de ellos se le cuestiona a Atehortúa que, en calidad de director general del Fondo Rotatorio, entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, faltó a su deber en adelantar la revisión de la obra y velar por la buena calidad y el objeto del convenio.

Entre otras cosas, el ente de control cuestionó, en el segundo cargo, que el oficial en su calidad de inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, no se hubiera declarado impedido para conocer un expediente disciplinario que desde ya advertía las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas fiscales denominado Cenop.

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Sobre el tercer cargo, el Ministerio Público fue claro en exponer la presunta extralimitación de funciones de Atehortúa por haber acudido a un capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General, y le suministrara una línea de tiempo del expediente.

En el cuarto cargo, la Procuraduría le reprochó al exdirector general de la Policía que, aparentemente, utilizara de manera indebida estar en el cargo de director de la policía, para que el entonces inspector general de esa institución, general (r) William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto Cenop, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad.

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Respecto a los dos últimos puntos, el procurador delegado en audiencia pública que se llevó a cabo durante 2020, señaló que Atehortúa en una reunión celebrada con Salamanca le habría mencionado que le otorgaría vacaciones por 400 días, es decir, que el oficial se reincorporaría hasta 2021, cuando las indagaciones hubiesen tenido caducidad.

La Procuraduría calificó los cargos en contra del oficial a título de dolo y trasladó información a la Fiscalía General para que se investiguen hechos que, pese a estar fuera del ámbito disciplinario por prescripción, podrían constituir presuntamente delitos que vincularían a quienes intervinieron en la construcción de este proyecto. “El comportamiento del general Atehortúa fue realizado con dolo, sabía que utilizar la influencia de su cargo para evitar la investigación que reposaba en la inspección de la Policía era un delito, tráfico de influencias”, expresó el procurador delegado.

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Si bien las diligencias en el ente de control continuaron su trámite, e incluso, se llamó a declarar al general retirado Salamanca, la Fiscalía, por su parte, archivó la indagación contra el general Atehortúa. Según el ente acusador, durante las verificaciones se estableció que el oficial, como director del Fondo Rotatorio intervino en la fase de liquidación de los contratos cuestionados.

“Está acreditado que, en su momento, manifestó inconformidades por el deterioro o no culminación de algunos frentes de obra, y buscó una salida legal ajustada para evitar un detrimento patrimonial”, añadió la entidad y estimó que las actuaciones del general no configuran un delito.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El próximo martes, de manera presencial, el general (r) Óscar Atehortúa, exdirector de la Policía, escuchará en compañía de su abogado, Marco Antonio Velilla, el fallo de la Procuraduría sobre la investigación de corrupción que lo ha tenido rindiendo declaraciones en los últimos dos años. El oficial está ante la palestra por las supuestas irregularidades que se registraron en la construcción de casas fiscales en San Luis, Tolima, mientras ocupó un cargo en la Inspección General en el cual suscribió dos contratos para la realización de dichas residencias.

Lo que en su momento dijo el Ministerio Público es que, además, de que las obras quedaron inconclusas, el general también se habría extralimitado en sus funciones debido a que, a través del presunto tráfico de influencias mientras fungió como director de la institución, trató de persuadir la investigación en su contra.

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Aunque Velilla en el juicio trató de desvirtuar una a una las pruebas del Ministerio Público en contra del oficial, la Procuraduría no escatimó en leer los cuatro cargos que le formularon al exdirector. En el primero de ellos se le cuestiona a Atehortúa que, en calidad de director general del Fondo Rotatorio, entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, faltó a su deber en adelantar la revisión de la obra y velar por la buena calidad y el objeto del convenio.

Entre otras cosas, el ente de control cuestionó, en el segundo cargo, que el oficial en su calidad de inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, no se hubiera declarado impedido para conocer un expediente disciplinario que desde ya advertía las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas fiscales denominado Cenop.

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Sobre el tercer cargo, el Ministerio Público fue claro en exponer la presunta extralimitación de funciones de Atehortúa por haber acudido a un capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General, y le suministrara una línea de tiempo del expediente.

En el cuarto cargo, la Procuraduría le reprochó al exdirector general de la Policía que, aparentemente, utilizara de manera indebida estar en el cargo de director de la policía, para que el entonces inspector general de esa institución, general (r) William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto Cenop, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad.

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Respecto a los dos últimos puntos, el procurador delegado en audiencia pública que se llevó a cabo durante 2020, señaló que Atehortúa en una reunión celebrada con Salamanca le habría mencionado que le otorgaría vacaciones por 400 días, es decir, que el oficial se reincorporaría hasta 2021, cuando las indagaciones hubiesen tenido caducidad.

La Procuraduría calificó los cargos en contra del oficial a título de dolo y trasladó información a la Fiscalía General para que se investiguen hechos que, pese a estar fuera del ámbito disciplinario por prescripción, podrían constituir presuntamente delitos que vincularían a quienes intervinieron en la construcción de este proyecto. “El comportamiento del general Atehortúa fue realizado con dolo, sabía que utilizar la influencia de su cargo para evitar la investigación que reposaba en la inspección de la Policía era un delito, tráfico de influencias”, expresó el procurador delegado.

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Si bien las diligencias en el ente de control continuaron su trámite, e incluso, se llamó a declarar al general retirado Salamanca, la Fiscalía, por su parte, archivó la indagación contra el general Atehortúa. Según el ente acusador, durante las verificaciones se estableció que el oficial, como director del Fondo Rotatorio intervino en la fase de liquidación de los contratos cuestionados.

“Está acreditado que, en su momento, manifestó inconformidades por el deterioro o no culminación de algunos frentes de obra, y buscó una salida legal ajustada para evitar un detrimento patrimonial”, añadió la entidad y estimó que las actuaciones del general no configuran un delito.

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