“Esto tiene que cesar”: Judicatura repudia incendio del palacio de justicia de Tuluá

Se sigue evaluando la dimensión de los daños que dejó la quema del palacio de justicia de Tuluá (Valle del Cauca), dijo este martes la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López. Según explicó la Policía, tras una jornada de manifestaciones el 25 de mayo, violentos comenzaron a lanzar piedras y luego bombas molotov hacia la Alcaldía y el edificio que alberga los juzgados del municipio valluno. Este último acabó incinerado, pero las autoridades judiciales todavía no han podido entrar.

(En contexto: Noche de terror en Tuluá (Valle): un muerto, saqueos y el palacio de justicia incinerado)

La presidenta de la Judicatura, el órgano encargado de todo lo administrativo en la rama judicial, dijo que “se deben establecer las condiciones estructurales de la sede antes de entrar”. Además, dijo que se debe descartar la presencia de explosivos. Una vez esto ocurra y se pueda ingresar al palacio de justicia, la prioridad de los 22 despachos judiciales que albergaba el edificio será establecer un inventario: cuántos expedientes tenían, por qué delitos, qué documentos resultaron incinerados.

La magistrada López dijo que no podía entrar a especular sobre el posible involucramiento de bandas del narcotráfico en esta acción criminal. No obstante, reconoció que es de conocimiento público que en esta región del país hay varios grupos armados al margen de la ley que estarían interesados en trabar el funcionamiento de la justicia. Algo similar dijo esta mañana el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Carlos Ernesto Rodríguez, quien indicó que una de las prioridades de la investigación será establecer los motivos por los que se quemó el palacio de justicia.

(En contexto: Paro nacional en Tulúa: ¿Qué se sabe del incendio al Palacio de Justicia de este municipio)

En el palacio de justicia había tres juzgados penales de control de garantías, tres juzgados penales de conocimiento, entre otros despachos. Y la magistrada López aseguró que, una vez esté hecho el inventario, podrán entregar un parte de qué delitos se estaban investigando allí, a quiénes y cuáles expedientes se perdieron con las llamas que consumieron buena parte de la edificación a la mira de los tulueños y sin que Policía ni Ejército pudieran intervenir para impedirlo. Asimismo, en su momento se conocerá cuánto podría costar reparar los daños causados por el incendio.

Este, sin embargo, no es el primer ataque a la justicia durante el paro nacional. Ya el pasado 2 de mayo habían sido atacados los juzgados de Facatativá (Cundinamarca). Y además han sido vandalizadas sedes judiciales en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cundinamarca, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata y Villavicencio. Los daños entre todas, dijo la magistrada López, suman más de $1.800 millones, sin contar lo ocurrido el pasado 25 de mayo en Tuluá. “Tienen que cesar estos ataques”, dio López.

(Lea también: Buga y Tuluá, dos municipios que preocupan en el centro del Valle)

“A los jueces decirles que son momentos muy difíciles. Es un sentimiento de tristeza. Hay que cesar esto ya: los bloqueos, los ataques a la rama judicial. El poder judicial lo único que puede decir es: somos los que garantizamos los derechos de los ciudadanos”, dijo la presidenta de la Judicatura. “Sabemos que es un momento muy difícil que atraviesa todo el país. Tienen que cesar estos ataques, estas protestas violentas. El derecho a la protesta, desde luego, es un derecho fundamental, pero también lo es la paz”, añadió.

Dijo que, como medidas de protección están en constante diálogo con la Policía para garantizar la protección de las sedes judiciales y, en los casos que proceda, acordonarlas con cerramiento perimetral para prevenir más ataques. Además, que en los lugares del país que están más amenazados o en los que ya se han presentado ataques están trabajando para fortalecer el trabajo desde casa de los funcionarios, a través de mecanismos electrónicos.

Se sigue evaluando la dimensión de los daños que dejó la quema del palacio de justicia de Tuluá (Valle del Cauca), dijo este martes la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López. Según explicó la Policía, tras una jornada de manifestaciones el 25 de mayo, violentos comenzaron a lanzar piedras y luego bombas molotov hacia la Alcaldía y el edificio que alberga los juzgados del municipio valluno. Este último acabó incinerado, pero las autoridades judiciales todavía no han podido entrar.

(En contexto: Noche de terror en Tuluá (Valle): un muerto, saqueos y el palacio de justicia incinerado)

La presidenta de la Judicatura, el órgano encargado de todo lo administrativo en la rama judicial, dijo que “se deben establecer las condiciones estructurales de la sede antes de entrar”. Además, dijo que se debe descartar la presencia de explosivos. Una vez esto ocurra y se pueda ingresar al palacio de justicia, la prioridad de los 22 despachos judiciales que albergaba el edificio será establecer un inventario: cuántos expedientes tenían, por qué delitos, qué documentos resultaron incinerados.

La magistrada López dijo que no podía entrar a especular sobre el posible involucramiento de bandas del narcotráfico en esta acción criminal. No obstante, reconoció que es de conocimiento público que en esta región del país hay varios grupos armados al margen de la ley que estarían interesados en trabar el funcionamiento de la justicia. Algo similar dijo esta mañana el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Carlos Ernesto Rodríguez, quien indicó que una de las prioridades de la investigación será establecer los motivos por los que se quemó el palacio de justicia.

(En contexto: Paro nacional en Tulúa: ¿Qué se sabe del incendio al Palacio de Justicia de este municipio)

En el palacio de justicia había tres juzgados penales de control de garantías, tres juzgados penales de conocimiento, entre otros despachos. Y la magistrada López aseguró que, una vez esté hecho el inventario, podrán entregar un parte de qué delitos se estaban investigando allí, a quiénes y cuáles expedientes se perdieron con las llamas que consumieron buena parte de la edificación a la mira de los tulueños y sin que Policía ni Ejército pudieran intervenir para impedirlo. Asimismo, en su momento se conocerá cuánto podría costar reparar los daños causados por el incendio.

Este, sin embargo, no es el primer ataque a la justicia durante el paro nacional. Ya el pasado 2 de mayo habían sido atacados los juzgados de Facatativá (Cundinamarca). Y además han sido vandalizadas sedes judiciales en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cundinamarca, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata y Villavicencio. Los daños entre todas, dijo la magistrada López, suman más de $1.800 millones, sin contar lo ocurrido el pasado 25 de mayo en Tuluá. “Tienen que cesar estos ataques”, dio López.

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“A los jueces decirles que son momentos muy difíciles. Es un sentimiento de tristeza. Hay que cesar esto ya: los bloqueos, los ataques a la rama judicial. El poder judicial lo único que puede decir es: somos los que garantizamos los derechos de los ciudadanos”, dijo la presidenta de la Judicatura. “Sabemos que es un momento muy difícil que atraviesa todo el país. Tienen que cesar estos ataques, estas protestas violentas. El derecho a la protesta, desde luego, es un derecho fundamental, pero también lo es la paz”, añadió.

Dijo que, como medidas de protección están en constante diálogo con la Policía para garantizar la protección de las sedes judiciales y, en los casos que proceda, acordonarlas con cerramiento perimetral para prevenir más ataques. Además, que en los lugares del país que están más amenazados o en los que ya se han presentado ataques están trabajando para fortalecer el trabajo desde casa de los funcionarios, a través de mecanismos electrónicos.