Exsenador Musa Besaile pagará 7 años de cárcel por aliarse con los paramilitares
El excongresista del partido de la U aceptó ante las autoridades judiciales que intentó torcer este caso en la Corte Suprema de Justicia. La investigación comprobó que negoció con paramilitares de la talla de Salvatore Mancuso para hacer campaña a la Cámara de Representantes, entre 2001 y 2002.
La Corte Suprema de Justicia acaba de señalar cuántos años de cárcel tendrá que pagar el exsenador del partido de la U Musa Besaile por haberse aliado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo criminal que cometió graves crímenes en todo el país. El excongresista cordobés tendrá que pagar siete años de prisión por haberse aliado con esta estructura criminal para hacer campaña a la Cámara de Representantes entre 2001 y 2002.
Al exsenador se le imputó el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley, delito que aceptó ante el alto tribunal. La alta corte determinó que el político participó en una alianza paramilitar junto con el Bloque Córdoba de las autodefensas, dirigido por Salvatore Mancuso. El expediente en su contra señala que recibió apoyo de los paramilitares para llegar al Congreso y que, a cambio, entregó dos secretarías departamentales de Córdoba a personas cercanas al excomandante paramilitar.
Sobre el caso de Besaile la Corte ha dicho que “los elementos probatorios aludidos dan cuenta del alto nivel de injerencia e influencia del cabecilla del Bloque Córdoba (Mancuso) en los asuntos públicos del departamento de Córdoba, conforme al cual los actores políticos, regionales y nacionales, incluyendo a Besaile como representante a la Cámara, clamaban (casi mendigaban) por su neutralidad o imparcialidad frente a los certámenes electorales y, él, a cambio de su supuesta ecuanimidad, recibía cuotas burocráticas ungiendo a sus alfiles, comodines, mandaderos o correveidiles de turno”.
Lea: El último chance de Besaile para colaborar con la justicia y firmar preacuerdo
Este proceso contra Besaile reposaba en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde el 2019, cuando el exsenador se sometió al tribunal de paz. Dos años después, la Sección de Apelación de la JEP decidió devolver el expediente a la Corte Suprema de Justicia debido a que Besaile no hizo aportes relevantes, y sus versiones denotaban “falta de seriedad y compromiso”. La jurisdicción consideró que Besaile incumplió con el régimen de condicionalidad que suscribió cuando se sometió a la JEP.
Justo fue por este proceso que Besaile terminó siendo procesado en el denominado caso del cartel de la toga, un red criminal de políticos que entregaron dineros a fiscales, abogados y magistrados para frenar procesos judiciales en el alto tribunal. Besaile aceptó en 2017 que entregó 2.000 millones de pesos al fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y que iba a ser repartido con el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte y el magistrado de la Sala Penal del alto tribunal Gustavo Malo, todos condenados por su participación en la estructura ilegal.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Corte Suprema de Justicia acaba de señalar cuántos años de cárcel tendrá que pagar el exsenador del partido de la U Musa Besaile por haberse aliado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo criminal que cometió graves crímenes en todo el país. El excongresista cordobés tendrá que pagar siete años de prisión por haberse aliado con esta estructura criminal para hacer campaña a la Cámara de Representantes entre 2001 y 2002.
Al exsenador se le imputó el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley, delito que aceptó ante el alto tribunal. La alta corte determinó que el político participó en una alianza paramilitar junto con el Bloque Córdoba de las autodefensas, dirigido por Salvatore Mancuso. El expediente en su contra señala que recibió apoyo de los paramilitares para llegar al Congreso y que, a cambio, entregó dos secretarías departamentales de Córdoba a personas cercanas al excomandante paramilitar.
Sobre el caso de Besaile la Corte ha dicho que “los elementos probatorios aludidos dan cuenta del alto nivel de injerencia e influencia del cabecilla del Bloque Córdoba (Mancuso) en los asuntos públicos del departamento de Córdoba, conforme al cual los actores políticos, regionales y nacionales, incluyendo a Besaile como representante a la Cámara, clamaban (casi mendigaban) por su neutralidad o imparcialidad frente a los certámenes electorales y, él, a cambio de su supuesta ecuanimidad, recibía cuotas burocráticas ungiendo a sus alfiles, comodines, mandaderos o correveidiles de turno”.
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Este proceso contra Besaile reposaba en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde el 2019, cuando el exsenador se sometió al tribunal de paz. Dos años después, la Sección de Apelación de la JEP decidió devolver el expediente a la Corte Suprema de Justicia debido a que Besaile no hizo aportes relevantes, y sus versiones denotaban “falta de seriedad y compromiso”. La jurisdicción consideró que Besaile incumplió con el régimen de condicionalidad que suscribió cuando se sometió a la JEP.
Justo fue por este proceso que Besaile terminó siendo procesado en el denominado caso del cartel de la toga, un red criminal de políticos que entregaron dineros a fiscales, abogados y magistrados para frenar procesos judiciales en el alto tribunal. Besaile aceptó en 2017 que entregó 2.000 millones de pesos al fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y que iba a ser repartido con el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte y el magistrado de la Sala Penal del alto tribunal Gustavo Malo, todos condenados por su participación en la estructura ilegal.
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