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En la mañana del viernes 24 de noviembre se conoció el comunicado del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos con el que se le negaba el ingreso tanto al general (r) Jesús Armando Arias como a su familia, con esta nueva restricción serían cuatro los altos mandos militares que tienen este impedimento. Los motivos de la sanción, según el Departamento de Estado, estarían relacionados con el apoyo del Gobierno de ese país al Acuerdo de Paz de 2016 y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Le contamos quienes son estos militares retirados.
Empezando con el anuncio más reciente, el general (r) colombiano Jesús Armando Arias Cabrales Arias fue condenado en la justicia ordinaria a 35 años de prisión como comandante de la Brigada XIII del Ejército que participó en la excesiva retoma del Palacio de Justicia de Bogotá, en noviembre de 1985. Además el alto oficial del Ejército había sido expulsado, inicialmente, de la JEP el 16 de marzo de 2023, luego de concluir que durante la audiencia única de aporte a la verdad no suministró aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados al proceso del que hacía parte. Esta decisión quedó confirmada luego de que en agosto de este año se le negara un recurso de apelación que había presentado.
(En contexto: Estados Unidos no permitirá la entrada del general (r) Cabrales, ni de su familia)
Dos de los sancionados por el Gobierno de Estados Unidos desempeñaron sus labores como coroneles en el Batallón La Popa en Valledupar (Cesar). El primero de ellos es el coronel (r) Publio Hernán Mejía. El exmilitar tiene una condena a 14 años de prisión por aliarse con las Auc para presentar “falsos positivos”, entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004. Fue imputado por la JEP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por el asesinato de 75 personas que luego fueron presentadas como bajas en combate en el norte de Cesar y sur de La Guajira. Según la JEP usaban a los militares bajo su mando para presentar asesinatos fuera de combate como resultados operacionales legítimos.
Su sucesor, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa, comandante de La Popa entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005, fue acusado por la JEP de estar involucrado presuntamente en más de 30 casos de falsos positivos. Es señalado por la Jurisdicción de permitir que algunos de los hombres que se encontraban bajo su cargo cometieran actos delictivos dentro y fuera de su jurisdicción, pues estos se movilizaron a otras zonas de la Costa Atlántica para traer a sus víctimas. Presuntamente, los hechos no solo incluirían asesinatos, sino la desaparición forzada de 11 personas y nueve más que fueron víctimas de tortura.
(En contexto:Falsos positivos: JEP acusa a coronel (r) Carlos Figueroa)
Finalmente, está el general (r) Iván Ramírez Quintero. El exmilitar fue rechazado por la JEP tras considerar que no estaba entregando información sobre los hechos del Palacio de Justicia. El expediente contra Ramírez Quintero, que tiene una docena de desapariciones forzadas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985, cuando este era jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y comandante de la extinta Brigada XX, se mantiene aún en la justicia ordinaria. El exgeneral es señalado también de participar en el exterminio de los integrantes del partido Unión Patriótica.
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