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En el Ministerio de Justicia fue instalada oficialmente la nueva Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado. Se trata de un grupo de académicos y expertos en derecho que se encargarán de entregar recomendaciones al gobierno de Gustavo Petro para blindar una de sus propuestas más ambiciosas en materia de justicia: la reforma al Código Penal. A la cabeza de esta Comisión estará como presidente el abogado y catedrático Rodrigo Uprimmy y la magister en derecho, Gloria Patricia Lopera.
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La función que tiene la Comisión Asesora resulta clave para el plan del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien trabaja en los detalles finales del proyecto que busca darle un giro radical a la política criminal y penitenciaria para, sobre todas las cosas, humanizarla. Los miembros de este grupo de asesores tienen varias tareas, entre ellas, la revisión anual de las medidas que tome el Ejecutivo, en especial, para establecer su coherencia y razonabilidad, así como sugerir las revisiones que resulten necesarias.
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Dentro de sus labores, también se encuentra la posibilidad de “adelantar estudios e investigaciones sobre las causas, manifestaciones y consecuencias de la criminalidad en Colombia, con el fin de presentarlos al Consejo Superior de Política Criminal”, además de “impulsar con las universidades y centros de educación el adelantamiento de investigaciones y tesis de grado sobre temas relacionados con la política criminal y asesorar dichas investigaciones y tesis”, se lee en un comunicado de prensa divulgado por el Ministerio de Justicia.
Entre los “duros” está un viejo conocido. El académico Rodrigo Uprimny Yepes integrará de nuevo el equipo, luego de ser uno de los primeros elegidos en 2012, cuando el exministro Germán Vargas Lleras creo la Comisión. Uprimmy es catedrático de la Universidad Nacional y profesor en múltiples universidades. Además, fue magistrado auxiliar y encargado de la Corte Constitucional.
Actualmente también es investigador y cofundador de Dejusticia, donde abarca temas de derechos humanos, justicia transicional, sistema judicial y política de drogas.
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Otro de los que regresan es el académico e investigador del Centro de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad. Es abogado de la Universidad Javeriana y cuenta con un doctorado en ciencia política de la Universidad de Mainz. Trabajó en el CINEP, de la mano del padre Francisco De Roux. Ha profundizado en derechos humanos y los derechos de las víctimas.
“La Oficina del Alto Comisionado de Paz lo contrató como asesor de las negociaciones en La Habana, después de haber contribuido con el informe sobre la masacre de La Rochela en el Grupo de Memoria Histórica, donde ha trabajado con otros investigadores reconocidos”, agrega La Silla Vacía.
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Por otro lado, entra a fortalecer el equipo la académica Mónica Cifuentes Osorio, quien es ampliamente reconocida como gerente jurídica del Proceso de Paz con las extintas Farc. Se encargó de coordinar el marco legal de los diálogos y los acuerdos.
Entre la nómina de la Comisión también están expertos como el abogado y conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo; la especialista en argumentación jurídica, magíster en Antropología y doctora en Historia y Derecho, Gloria Patricia Lopera Mesa; la directora de Fundación Ideas para la Paz (FIP) y consultora en proyectos sobre paz, diálogo, seguridad ciudadana, prevención del crimen, reforma policial y política de drogas, María Victoria Llorente.
También conforman la Comisión el abogado, economista y máster en Políticas Públicas y Administración Pública, Miguel Emilio Larrota; la directora del Centro de Investigación de Política Criminal y coordinadora de Cátedra Unesco, Marcela Gutiérrez Quevedo; y el abogado y máster en derecho, Daniel Gómez Mazo.
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