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Cuando se daba por sentado que en la recta final de este 2022 no habría más decisiones de las altas cortes colombianas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de tomar una grande: pidió que se investiguen a 16 oficiales retirados de la Policía y el Ejército que habrían tenido nexos con grupos paramilitares. Por ejemplo, habrían conocido del reclutamiento e incorporación de miembros de las guerrillas del EPL y las Farc a las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), liderado por la temida casa paramilitar de los hermanos Carlos, Fidel y Vicente Castaño.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad de esta jurisdicción pidió que esta investigación se abriera en el macro caso 08, el cual prioriza los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y agentes del Estado, o en asociación con paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación con el conflicto armado. A raíz de esta clave solicitud, El Espectador hace un recuento sobre los militares que están bajo la lupa de la JEP y que en el pasado ya fueron mencionados en otros delicados expedientes judiciales.
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Leonardo Barrero Gordillo
La JEP pidió investigar a este general retirado (4) del Ejército por su papel como comandante del Batallón Junín en 1996. El alto oficial del Ejército, quien fue comandante de las Fuerzas Militares entre 2013 y 2014, fue señalado por paramilitares de haber acompañado todo el proceso de una falsa desmovilización de la guerrilla del Epl en Córdoba. Así lo reveló recientemente la unidad investigativa de Noticias Caracol, en un reportaje en el que también quedó salpicado René Sanabria Amaya, comandante de Inteligencia de la Brigada XI en 1996. Este último también hace parte de la lista de 16 uniformados que la JEP pidió investigar.
Barrero fue recientemente mencionado como presunto miembro de una organización criminal narcotraficante que se movía en Nariño. El general (r) sería la misma persona conocida como alias El Padrino, uno de los militares que, presuntamente, conforma la organización “La Cordillera”, uno de los tentáculos del grupo armado Clan del Golfo. De este grupo también harían parte los militares capturados semanas atrás. Se trata del coronel (r) Harry Leonardo Gómez Tabares, excomandante Batallón Boyacá y el coronel (r) Robinson González del Río.
De acuerdo con la investigación que reveló la emisora, Barrero haría parte de “La Cordillera” desde, por lo menos, 2019, afectando principalmente zonas del país como Leiva, Policarpa, Cumbitara y Rosario (Nariño). Asimismo, las pruebas demostrarían que el principal líder de la organización sería Juan Larinson Castro, alias Matamba, quien fue capturado en 2021 y se fugó en marzo de 2022. Posteriormente, en mayo de ese mismo año Matamba murió en un operación especial de la Policía.
Rito Alejo del Río
Este es otro de los generales que es conocido por su aparición en delicados expedientes judiciales. Incluso, ya está preso en una guarnición militar. Del Río fue condenado en 2012 a 25 años de prisión por el caso del asesinato del campesino Marino López en 1997, en lo que se denominó la Operación Génesis, ejecutada por los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas de las Auc. Además, también es investigado por hechos cometidos durante su comandancia en la Brigada XVII del Ejército.
Desde 2017, la Fiscalía también lo vinculó formalmente a la investigación por la masacre de Mapiripán, en la que fueron asesinadas y desaparecidas un número indeterminado de personas. Este crimen de lesa humanidad, perpetrado en julio de 1997, contó, aparentemente, con el apoyo de militares de la XVII Brigada del Ejército, en ese momento comanda por del Río en ese momento. De una pista en Carepa, jurisdicción de esa brigada, salieron dos aviones militares con 150 paramilitares que terminaron perpetrando la masacre.
“La evidencia del proceso de crecimiento y expansión de los grupos paramilitares tuvo un importante apoyo con el ingreso que a estas estructuras de quienes desertaron de las guerrillas. De hecho, los testimonios de Dairo Antonio Úsuga Y Elkin Casarrubia, por ejemplo, dan cuenta de la importante participación de los miembros desmovilizados de estas guerrillas en el proceso de incursión y constitución del Bloque Centauros en los Llanos y la comisión de múltiples crímenes y masacres, entre ellas en Mapiripán, Caño Jabón, La Primavera, Lejanías, El Castillo y Puerto Lleras, entre 1997 y 1999”, dice el comunicado de la JEP.
Emiro José Barrios Jiménez
Además de su reciente mención por la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP, el general ya fue denunciado en el pasado por su supuesta participación en la ejecución extrajudicial de civiles, comúnmente conocidos como falsos positivos. En 2015, el abogado defensor de derechos humanos, Germán Romero, señaló que el alto oficial conoció y participó en 62 de estos crímenes. Las ejecuciones extrajudiciales se habrían presentado en la jurisdicción de la unidad militar, en Risaralda y Caldas, entre 2004 y 2009, según Romero, representante de las familias de las víctimas.
En mayo de 2009, en la recta final del segundo periodo de Álvaro Uribe, Barrios fue enviado a Washington como agregado militar. “El gobierno colombiano ha reconocido que en la jurisdicción de la brigada, se presenta el más alto nivel de seguridad entre las del país custodiadas a través de unidades militares especializadas, por lo que se exaltó la labor del alto oficial Barrios Jiménez. Cuando concluyan los trámites de rigor, Barrios Jiménez viajará a Estados Unidos para asumir su nueva posición en la diplomacia militar, indicaron fuentes oficiales del Ejército Nacional y de la presidencia de la República”, señaló la Crónica del Quindío en 2009.
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