Estos son los grupos armados que le creen a la “paz total” del presidente Petro
Eln, facciones de las disidencias Farc y, ahora, representantes de La Oficina y Los Pachelly, dialogan con el nuevo gobierno de cara a un robusto proceso de dejación de armas y, como lo proponen algunos, un proyecto de justicia restaurativa.
A punto de cumplirse un mes del gobierno del nuevo presidente Gustavo Petro, ya están claras las iniciativas de un grupo de organizaciones armadas que conversan de cara al proyecto de “paz total”. Se trata de una ambiciosa propuesta defendida por el máximo mandatario, que ya fue radicada en el Congreso por el ministro del Interior, Alfonso Prada. Estos son los grupos que, por ahora, dieron pistas de pretender dejar las armas y, en otros casos particulares, recomendar modelos de justicia restaurativa de cara a un futuro pacífico.
En contexto: “Paz total”: Los detalles de la ambiciosa reforma del Gobierno Petro para la paz
Eln
Casi cuatro años después de que el gobierno de Iván Duque se parara de la mesa de negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), el gobierno de Gustavo Petro da los primeros pasos para avanzar en la negociación con el grupo insurgente. En ese momento se decidió romper la negociación por el atentado que ejecutó el Frente de Guerra Oriental contra la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá y que dejó decenas de muertos.
Desde 1990 se han adelantado varios intentos para finalizar el conflicto a través de la negociación con el Eln, siendo el último el que realizó el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2017. Ahora, el escenario de la paz total de Petro abre la posibilidad de finalizar la guerra con la guerrilla que nació en los años 60. A pesar de los acercamientos del gobierno, aún la voluntad de negociación de esta guerrilla no ha sido visible, pero sí su disposición para dialogar.
Le puede interesar: “En negociación con el Eln es indispensable la cooperación de Nicolás Maduro”: FIP
Petro, hace una semana, aseguró que por medio de un decreto los negociadores del Eln quedan temporalmente fuera del radar de las autoridades mientras precisan reuniones y avanzan con una negociación final de paz. Su objetivo es “intentar construir el camino ojalá rápido y expedito, para que esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia”. Luego de ello, el fiscal general Francisco Barbosa canceló, por tres meses, las órdenes de captura contra los jefes guerrilleros.
Actualmente, los territorios en donde el Eln tiene presencia importante son Arauca, Catatumbo, Cauca y Chocó. Según Indepaz, ahora la guerrilla del Eln es más robusta, militar y económicamente comparada con lo que era en 2018. A pesar de que siguen buscando el control territorial, la minería ilegal y el manejo de las rutas de narcotráfico en estas regiones, el aumento de tamaño no corresponde a su estado actual de organización operativa.
Disidencias Farc
Mediante un comunicado al parecer firmado por el Frente 36 de las disidencias de las Farc, se anunció su voluntad de participar en el proceso de paz total. “Acogemos el llamado a un cese al fuego multilateral como gesto humanitario y sin ser la paz aún, como dijo el señor Presidente, traerá enormes beneficios para la situación de guerra indiscriminada que vive el departamento” dicta la misiva difundida por redes sociales.
Le puede interesar: ¿Es posible negociar con disidentes sin meter a la JEP ni reformar la Constitución?
Esta disidencia, que hace presencia en el norte y el nordeste de Antioquia, se dedica al narcotráfico, sicariato, secuestro, extorsión y control de la minería ilegal. Recientemente, el pasado 10 de junio, recibió un duro golpe al morir Ricardo Abel Ayala, alias Cabuyo, quien era su fundador y líder principal en un operativo militar. Según fuentes de inteligencia, su primo Édgar Orrego Arango, Firu, funge ahora como líder de la disidencia que al parecer estaría dispuesta a negociar el cese al fuego “en una mesa mediada por la iglesia, el gobierno y organizaciones de la sociedad civil de carácter local y nacional y comunidad internacional” aseguraron en esta carta.
A finales de agosto pasado, por otro lado, la Columba Jaime Martínez de las disidencias, que opera en Cauca, anunció su disposición a sentarse a dialogar con el Gobierno. En un video, además, reconoció a Iván Lozada, conocido con el alias de Iván Mordisco como uno de los comandantes que estaría en esas eventuales conversaciones, lo que implica que este no fue abatido en un bombardeo del pasado 8 de julio en el Caquetá, como lo anunció el entonces gobierno de Iván Duque. “Estamos en plena disposición de avanzar hacia la nueva Colombia”, aseguraron.
Las intenciones de paz de Los Pachelly y La Oficina
El abogado Alex Alberto Morales, del Movimiento Sinergia, es quien representa judicialmente al grupo narcotraficante Los Pachelly, miembros del grupo de delincuencia organizada La Oficina y extraditables que eran miembros de las Farc. Sumando todas esas voces en distintos documentos y a través de una propuesta formal al presidente Gustavo Petro, allegó ofrecimientos de tales organizaciones para un proceso de dejación de armas, cuyo norte podría ser la justicia restaurativa y alternativa.
Le puede interesar: La historia de “Alber”, el “duro” del crimen organizado en Bello que fue detenido
“Absolutamente todos, el Estado, la sociedad civil y los grupos armados al margen de la ley, están cansados de una absurda guerra. Los conflictos armados en el mundo los han solucionado con una visión de justicia transicional. En Colombia se plantea esta figura con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Nosotros vamos más allá y hablamos, no solamente de revisar el conflicto urbano y rural, también implementar principios de justicia alternativa y restaurativa”, señaló Morales.
Los Pachelly son un grupo de narcotráfico con sede en Antioquia, que contaría con alrededor de 200 integrantes y alianzas con el Clan del Golfo. La Oficina, por su parte, agremia a grupos armados organizados con presencia en el área metropolitana de Medellín. “Recibimos con esperanza su llamado a la construcción de una paz total, que solamente será posible en la medida que se tenga la grandeza de reconocer la urbanización de la guerra en Colombia y con ello asumir la atención integral del conflicto armando urbano, que indiscutiblemente debe estar cimentada en una ley que facilite nuestro acogimiento a la justicia”, allegó La Oficina al presidente Petro.
Antecedentes: Los tentáculos de la Oficina para el narcotráfico en Colombia y el mundo
Según Morales, ambos grupos están dispuestos a acogerse a la idea de paz del nuevo presidente y esperan, considerando modificaciones legislativas, que su juez natural sea la JEP. Tal cual lo propuso Petro, esperan que se les garantice la no extradición y puedan participar de un proceso encaminado hacia la verdad y la reparación a las víctimas. Acogen la política de justicia restaurativa proyectada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, cuyo propósito es que víctima y victimario trabajen en conjunto para dar solución al hecho criminal.
“El proceso de reintegración será de carácter obligatorio para los acogidos por la justicia. Los programas y procesos de reintegración estarán a cargo de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, la cual incluirá a los acogidos a procesos productivos o a programas de capacitación o educación que les facilite acceder a empleos productivos. Simultáneamente, brindará su apoyo para ingresarlos a programas de asistencia psicológica adecuados que faciliten su reintegración social y adopción a la normal vida cotidiana”, se lee en la propuesta.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
A punto de cumplirse un mes del gobierno del nuevo presidente Gustavo Petro, ya están claras las iniciativas de un grupo de organizaciones armadas que conversan de cara al proyecto de “paz total”. Se trata de una ambiciosa propuesta defendida por el máximo mandatario, que ya fue radicada en el Congreso por el ministro del Interior, Alfonso Prada. Estos son los grupos que, por ahora, dieron pistas de pretender dejar las armas y, en otros casos particulares, recomendar modelos de justicia restaurativa de cara a un futuro pacífico.
En contexto: “Paz total”: Los detalles de la ambiciosa reforma del Gobierno Petro para la paz
Eln
Casi cuatro años después de que el gobierno de Iván Duque se parara de la mesa de negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), el gobierno de Gustavo Petro da los primeros pasos para avanzar en la negociación con el grupo insurgente. En ese momento se decidió romper la negociación por el atentado que ejecutó el Frente de Guerra Oriental contra la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá y que dejó decenas de muertos.
Desde 1990 se han adelantado varios intentos para finalizar el conflicto a través de la negociación con el Eln, siendo el último el que realizó el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2017. Ahora, el escenario de la paz total de Petro abre la posibilidad de finalizar la guerra con la guerrilla que nació en los años 60. A pesar de los acercamientos del gobierno, aún la voluntad de negociación de esta guerrilla no ha sido visible, pero sí su disposición para dialogar.
Le puede interesar: “En negociación con el Eln es indispensable la cooperación de Nicolás Maduro”: FIP
Petro, hace una semana, aseguró que por medio de un decreto los negociadores del Eln quedan temporalmente fuera del radar de las autoridades mientras precisan reuniones y avanzan con una negociación final de paz. Su objetivo es “intentar construir el camino ojalá rápido y expedito, para que esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia”. Luego de ello, el fiscal general Francisco Barbosa canceló, por tres meses, las órdenes de captura contra los jefes guerrilleros.
Actualmente, los territorios en donde el Eln tiene presencia importante son Arauca, Catatumbo, Cauca y Chocó. Según Indepaz, ahora la guerrilla del Eln es más robusta, militar y económicamente comparada con lo que era en 2018. A pesar de que siguen buscando el control territorial, la minería ilegal y el manejo de las rutas de narcotráfico en estas regiones, el aumento de tamaño no corresponde a su estado actual de organización operativa.
Disidencias Farc
Mediante un comunicado al parecer firmado por el Frente 36 de las disidencias de las Farc, se anunció su voluntad de participar en el proceso de paz total. “Acogemos el llamado a un cese al fuego multilateral como gesto humanitario y sin ser la paz aún, como dijo el señor Presidente, traerá enormes beneficios para la situación de guerra indiscriminada que vive el departamento” dicta la misiva difundida por redes sociales.
Le puede interesar: ¿Es posible negociar con disidentes sin meter a la JEP ni reformar la Constitución?
Esta disidencia, que hace presencia en el norte y el nordeste de Antioquia, se dedica al narcotráfico, sicariato, secuestro, extorsión y control de la minería ilegal. Recientemente, el pasado 10 de junio, recibió un duro golpe al morir Ricardo Abel Ayala, alias Cabuyo, quien era su fundador y líder principal en un operativo militar. Según fuentes de inteligencia, su primo Édgar Orrego Arango, Firu, funge ahora como líder de la disidencia que al parecer estaría dispuesta a negociar el cese al fuego “en una mesa mediada por la iglesia, el gobierno y organizaciones de la sociedad civil de carácter local y nacional y comunidad internacional” aseguraron en esta carta.
A finales de agosto pasado, por otro lado, la Columba Jaime Martínez de las disidencias, que opera en Cauca, anunció su disposición a sentarse a dialogar con el Gobierno. En un video, además, reconoció a Iván Lozada, conocido con el alias de Iván Mordisco como uno de los comandantes que estaría en esas eventuales conversaciones, lo que implica que este no fue abatido en un bombardeo del pasado 8 de julio en el Caquetá, como lo anunció el entonces gobierno de Iván Duque. “Estamos en plena disposición de avanzar hacia la nueva Colombia”, aseguraron.
Las intenciones de paz de Los Pachelly y La Oficina
El abogado Alex Alberto Morales, del Movimiento Sinergia, es quien representa judicialmente al grupo narcotraficante Los Pachelly, miembros del grupo de delincuencia organizada La Oficina y extraditables que eran miembros de las Farc. Sumando todas esas voces en distintos documentos y a través de una propuesta formal al presidente Gustavo Petro, allegó ofrecimientos de tales organizaciones para un proceso de dejación de armas, cuyo norte podría ser la justicia restaurativa y alternativa.
Le puede interesar: La historia de “Alber”, el “duro” del crimen organizado en Bello que fue detenido
“Absolutamente todos, el Estado, la sociedad civil y los grupos armados al margen de la ley, están cansados de una absurda guerra. Los conflictos armados en el mundo los han solucionado con una visión de justicia transicional. En Colombia se plantea esta figura con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Nosotros vamos más allá y hablamos, no solamente de revisar el conflicto urbano y rural, también implementar principios de justicia alternativa y restaurativa”, señaló Morales.
Los Pachelly son un grupo de narcotráfico con sede en Antioquia, que contaría con alrededor de 200 integrantes y alianzas con el Clan del Golfo. La Oficina, por su parte, agremia a grupos armados organizados con presencia en el área metropolitana de Medellín. “Recibimos con esperanza su llamado a la construcción de una paz total, que solamente será posible en la medida que se tenga la grandeza de reconocer la urbanización de la guerra en Colombia y con ello asumir la atención integral del conflicto armando urbano, que indiscutiblemente debe estar cimentada en una ley que facilite nuestro acogimiento a la justicia”, allegó La Oficina al presidente Petro.
Antecedentes: Los tentáculos de la Oficina para el narcotráfico en Colombia y el mundo
Según Morales, ambos grupos están dispuestos a acogerse a la idea de paz del nuevo presidente y esperan, considerando modificaciones legislativas, que su juez natural sea la JEP. Tal cual lo propuso Petro, esperan que se les garantice la no extradición y puedan participar de un proceso encaminado hacia la verdad y la reparación a las víctimas. Acogen la política de justicia restaurativa proyectada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, cuyo propósito es que víctima y victimario trabajen en conjunto para dar solución al hecho criminal.
“El proceso de reintegración será de carácter obligatorio para los acogidos por la justicia. Los programas y procesos de reintegración estarán a cargo de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, la cual incluirá a los acogidos a procesos productivos o a programas de capacitación o educación que les facilite acceder a empleos productivos. Simultáneamente, brindará su apoyo para ingresarlos a programas de asistencia psicológica adecuados que faciliten su reintegración social y adopción a la normal vida cotidiana”, se lee en la propuesta.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.