Estos son los grupos armados que operan en Cauca, Putumayo y Popayán

Una alerta temprana, emitida recientemente por la Defensoría del Pueblo, puso de presente el riesgo en el que se encuentran las comunidades de varios municipios de los departamentos del Cauca, Putumayo y Caquetá. Según la advertencia de la Defensoría, en esos territorios se libra una batalla entre varias organizaciones criminales que buscan hacerse al control total del territorio y de quienes residen en allí. La alerta señala que quienes recientemente han ubicado sus sitios de residencia o trabajo en esos territorios, quienes hacen parte de poblaciones socialmente estigmatizadas, lideresas y líderes campesinos y comunales, lideresas y líderes indígenas, quienes transitan por el corredor fluvial del río Caquetá, mujeres, servidores públicos y niños, niñas y adolescentes son la población que se encuentra en grave situación de riesgo.

Según la Defensoría, los residentes de esas zonas del país están sumergidos en la zozobra y el temor de agentes armados al margen de la ley que buscan ganar la carrera por el dominio del territorio a toda costa. Con ese objetivo, diferentes grupos armados han llegado al departamento para dedicarse al cobro de extorsiones, la regulación sobre la siembra y venta de coca, amenazas, homicidios selectivos, desplazamientos y reclutamientos forzados, etc. Ese es el escenario hostil en el que sobreviven los pobladores de los municipios de Piamote (Cauca), Puerto Guzmán (Putumayo), Curillo, San José del Fragua y Solita (Caquetá), víctimas de la cruenta violencia que ejercen al menos cinco organizaciones criminales que fueron perfiladas por la Defensoría.

El primer actor armado que describe la entidad como fuente de amenaza en dichos departamentos es el Frente 1 Carolina Ramírez disidente, que fue la estructura que, antes de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, declaró que no haría tránsito a la vida civil y no entregaría las armas. Según la Defensoría, su presencia sobre el río Caquetá se evidenció desde abril de 2017 y, desde entonces, ha extendido sus operaciones a lo largo de este afluente, por lo que para 2018 se conocían como el Frente 1 Armado Ríos. Sin embargo, a finales de ese año, el nombre cambió y se empezaron a presentar como Frente 1 Carolina Ramírez. Para señalar su presencia en el territorio, este grupo instaló una serie de pasacalles y vayas advirtiendo represalias contra quienes se atrevieran a retirarlos.

Tal como lo indica la alerta, esta disidencia se ha dedicado a imponer pautas de comportamiento para regular la vida cotidiana de la población civil. De hecho, se retomó la figura de los “manuales de convivencia” que, además de ser difundidos en las comunidades, fueron fijados en sitios de habitual tránsito de la población. Esto, como estrategia de coerción para evitar el ingreso de personas foráneas que pudieran develar sus estrategias en el territorio, impedir “infiltraciones” y cerrar el paso al ingreso de nuevos grupos armados ilegales. (Lea también: Las restricciones “brutales” impuestas por grupos armados ilegales por el COVID-19)

Otros mecanismos usados para el control de las comunidades también están orientados hacia la regulación de utilización, manejo y compraventa de predios destinados a la explotación petrolera, tala de árboles y siembra y limpieza de cultivos pan coger y los pagos de jornales. También se ha establecido una reglamentación sobre sanciones y castigos para quienes participen en riñas, permitan el ingreso de personas ajenas a la comunidad sin el permiso correspondiente y a la población socialmente discriminada (presuntos expendedores y consumidores de sustancias psicoactivas, ladrones, extorsionistas, entre otros).

Otra disidencia de las Farc que permanece en la zona e hizo su aparición a mediados del 2020, en inmediaciones del municipio de Solita es la compañía Miller Perdomo, comisión de finanzas del autodenominado grupo Bloque Comandante Jorge Briceño, también conocida como Estructura 62 disidente de las Farc. El posicionamiento de esta grupo le ha permitido al Frente Carolina Ramírez concentrar sus acciones hacia el corredor del río Caquetá y el área entre los municipios de Puerto Guzmán, Piamonte, Curillo y San José del Fragua, en lo que parece un reacomodamiento de estos grupos en la zona, que podría servir como estrategia para hacerle frente a la amenaza de los grupos Sinaloa-La Mafia y Comandos de la Frontera.

Entre estos últimos también existe una especie de camaradería. Indica el informe que, por un lado, el grupo organizado Sinaloa-La Mafia fue referenciado en los primeros meses de 2019 cuando se reportó el asesinato de alias Sinaloa, al parecer por integrantes de ese mismo grupo. Alias Sinaloa era comandante de la disidencia del Frente 48, que tenía operaciones Puerto Asís (Putumayo). A parecer, Sinaloa-La Mafia está conformado por antiguos integrantes de lo que fueron los frentes 32, 48 y 49 de las Farc. Pero también han incorporado a compradores y vendedores de coca y es señalado de tener vínculos con el grupo pos-desmovilizado de las AUC, La Costru. (Le puede interesar: Más de 500 indígenas confinados en Bojayá por el control de grupos armados)

A diferencia del Frente 1 Carolina Ramírez, Sinaloa-La Mafia entró a los municipios de Puerto Guzmán, Curillo y Piamonte, con un discurso asociado a la compra de coca. Su presencia fue detectada gracias al continuo tránsito de vehículos de alta gama en esos territorios. Sin embargo, anota la Defensoría, su operación se ha ido transformando en la medida en que la disputa por el control del territorio con el Frente 1 Carolina Ramírez se ha vuelto más intensa. En esa carrera, ha pasado del interés por controlar los corredores para el movimiento de marihuana y coca, al cobro de extorsiones, amenazas, homicidios selectivos y anuncios en los que advierten que “han llegado para quedarse”.

Con respecto al grupo Comandos de la Frontera, señala la alerta de la Defensoría que estos han avanzado desde la zona limítrofe de Putumayo con el Ecuador, hacia el sector de Puerto Leguízamo (Putumayo), donde aparecieron en julio de 2020, a través de la difusión de un panfleto que también fue distribuido en Mayoyoque y en la cabecera municipal de Puerto Guzmán. Al igual que Sinaloa-La Mafia, este grupo apela al discurso “político” y, pese a sus manifestaciones frente al respeto por las normas y la autonomía de las comunidades, le han ordenado a la población venderles la hoja y pasta de coca, y han emitido amenazas contra quienes sean informantes del Frente 1 Carolina Ramírez.

La similitud entre Comandos de la Frontera y Sinaloa-La Mafia, respecto a la rivalidad con el Frente Carolina Ramírez y al interés por el dominio, no solo del territorio, sino de la economía ilegal de la coca y de la población, ha generado zozobra y confusión entre la comunidad que no logra establecer si se trata de un nuevo grupo ilegal o hacen parte de la estructura Sinaloa-La Mafia, pero con otro nombre. De hecho, en el informe, la Defensoría señala que el 10 de octubre de 2020 las poblaciones de Yapura y Angosturas fueron citadas por el grupo Sinaloa, pero en el encuentro, afirmaron denominarse Comandos de la Frontera.

“Este último evento podría sugerir una especie de cooptación o articulación estratégica de los Comandos de la Frontera sobre Sinaloa-La Mafia, orientado al logro del control de los corredores estratégicos para el circuito de la economía ilegal de la coca y el tráfico de la marihuana hacia las fronteras internacionales, lo que supone el incremento de las afectaciones para la población civil que se encuentra en medio de la disputa por el control del territorio, pero ahora con la participación de un nuevo grupo armado ilegal”, advierte la alerta temprana.

Esa disputa territorial entre el Frente 1 Carolina Ramírez y el grupo armado Sinaloa-La Mafia, dio paso al ingreso del grupo pos-desmovilizado de las AUC, La Constru. Según la Defensoría, este último, al parecer, ha establecido nexos con Sinaloa-La Mafia, en su interés por vincularse a la comercialización y transporte de sustancias ilícitas, para su posterior distribución y exportación. Aunque La Constru no alcanza la cobertura de los actores armados antes descritos, la Defensoría conoció que esa organización ha perpetrado cobro de extorsiones, amenazas y homicidios selectivos en los municipios de Puerto Guzmán y Piamonte. (Noticia relacionada: Denuncian desplazamiento forzado en veredas de Cúcuta, Puerto Santander y Tibú)

Finalmente, la entidad ha establecido que existe presencia de delincuencia de menor envergadura (”Los Escorpiones”, “Los Niches”, “Los Azules” y “Los Cobra”) entre los municipios de San José del Fragua y Piamonte, desde el año 2017, que también se dedican a controlar la compra y venta de coca, y a cobrar extorsiones forzosas a quienes desempeñan actividades comerciales lícitas. Además, se les señala de ofrecer a grupos de crimen organizado los servicios de control violento. “Constituyen ‘fuerza disponible’ para la comisión de acciones violentas contra la población civil”, indica la Defensoría añadiendo que estos grupos se caracterizan por un cambio constante de nombre, para impedir su identificación y dificultar su persecución.

Entonces, mientras el Frente 1 Carolina Ramírez y el grupo Sinaloa-La Mafia, con el Comando de la Frontera, se enfrentan por el control del territorio, los grupos de delincuencia organizada se convierten en un mecanismo de “tercerización” de actividades violentas que, no solo contribuyen a mantener el control, sino también a la generación de un ambiente de zozobra en la población civil”, relató la Defensoría que, al cierre de la alerta, emitió recomendaciones a 33 entidades estatales como el Ministerio de Defensa, la Sexta División del Ejército Nacional y a los Departamentos de Policía, para que adopten medidas urgentes ante los riesgos y amenazas a los derechos de la vida, integridad, libertad y seguridad personal a los que están expuestos los pobladores de esas zonas que se encuentran sometidos bajo la presencia y actividad de estos actores armados.

Una alerta temprana, emitida recientemente por la Defensoría del Pueblo, puso de presente el riesgo en el que se encuentran las comunidades de varios municipios de los departamentos del Cauca, Putumayo y Caquetá. Según la advertencia de la Defensoría, en esos territorios se libra una batalla entre varias organizaciones criminales que buscan hacerse al control total del territorio y de quienes residen en allí. La alerta señala que quienes recientemente han ubicado sus sitios de residencia o trabajo en esos territorios, quienes hacen parte de poblaciones socialmente estigmatizadas, lideresas y líderes campesinos y comunales, lideresas y líderes indígenas, quienes transitan por el corredor fluvial del río Caquetá, mujeres, servidores públicos y niños, niñas y adolescentes son la población que se encuentra en grave situación de riesgo.

Según la Defensoría, los residentes de esas zonas del país están sumergidos en la zozobra y el temor de agentes armados al margen de la ley que buscan ganar la carrera por el dominio del territorio a toda costa. Con ese objetivo, diferentes grupos armados han llegado al departamento para dedicarse al cobro de extorsiones, la regulación sobre la siembra y venta de coca, amenazas, homicidios selectivos, desplazamientos y reclutamientos forzados, etc. Ese es el escenario hostil en el que sobreviven los pobladores de los municipios de Piamote (Cauca), Puerto Guzmán (Putumayo), Curillo, San José del Fragua y Solita (Caquetá), víctimas de la cruenta violencia que ejercen al menos cinco organizaciones criminales que fueron perfiladas por la Defensoría.

El primer actor armado que describe la entidad como fuente de amenaza en dichos departamentos es el Frente 1 Carolina Ramírez disidente, que fue la estructura que, antes de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, declaró que no haría tránsito a la vida civil y no entregaría las armas. Según la Defensoría, su presencia sobre el río Caquetá se evidenció desde abril de 2017 y, desde entonces, ha extendido sus operaciones a lo largo de este afluente, por lo que para 2018 se conocían como el Frente 1 Armado Ríos. Sin embargo, a finales de ese año, el nombre cambió y se empezaron a presentar como Frente 1 Carolina Ramírez. Para señalar su presencia en el territorio, este grupo instaló una serie de pasacalles y vayas advirtiendo represalias contra quienes se atrevieran a retirarlos.

Tal como lo indica la alerta, esta disidencia se ha dedicado a imponer pautas de comportamiento para regular la vida cotidiana de la población civil. De hecho, se retomó la figura de los “manuales de convivencia” que, además de ser difundidos en las comunidades, fueron fijados en sitios de habitual tránsito de la población. Esto, como estrategia de coerción para evitar el ingreso de personas foráneas que pudieran develar sus estrategias en el territorio, impedir “infiltraciones” y cerrar el paso al ingreso de nuevos grupos armados ilegales. (Lea también: Las restricciones “brutales” impuestas por grupos armados ilegales por el COVID-19)

Otros mecanismos usados para el control de las comunidades también están orientados hacia la regulación de utilización, manejo y compraventa de predios destinados a la explotación petrolera, tala de árboles y siembra y limpieza de cultivos pan coger y los pagos de jornales. También se ha establecido una reglamentación sobre sanciones y castigos para quienes participen en riñas, permitan el ingreso de personas ajenas a la comunidad sin el permiso correspondiente y a la población socialmente discriminada (presuntos expendedores y consumidores de sustancias psicoactivas, ladrones, extorsionistas, entre otros).

Otra disidencia de las Farc que permanece en la zona e hizo su aparición a mediados del 2020, en inmediaciones del municipio de Solita es la compañía Miller Perdomo, comisión de finanzas del autodenominado grupo Bloque Comandante Jorge Briceño, también conocida como Estructura 62 disidente de las Farc. El posicionamiento de esta grupo le ha permitido al Frente Carolina Ramírez concentrar sus acciones hacia el corredor del río Caquetá y el área entre los municipios de Puerto Guzmán, Piamonte, Curillo y San José del Fragua, en lo que parece un reacomodamiento de estos grupos en la zona, que podría servir como estrategia para hacerle frente a la amenaza de los grupos Sinaloa-La Mafia y Comandos de la Frontera.

Entre estos últimos también existe una especie de camaradería. Indica el informe que, por un lado, el grupo organizado Sinaloa-La Mafia fue referenciado en los primeros meses de 2019 cuando se reportó el asesinato de alias Sinaloa, al parecer por integrantes de ese mismo grupo. Alias Sinaloa era comandante de la disidencia del Frente 48, que tenía operaciones Puerto Asís (Putumayo). A parecer, Sinaloa-La Mafia está conformado por antiguos integrantes de lo que fueron los frentes 32, 48 y 49 de las Farc. Pero también han incorporado a compradores y vendedores de coca y es señalado de tener vínculos con el grupo pos-desmovilizado de las AUC, La Costru. (Le puede interesar: Más de 500 indígenas confinados en Bojayá por el control de grupos armados)

A diferencia del Frente 1 Carolina Ramírez, Sinaloa-La Mafia entró a los municipios de Puerto Guzmán, Curillo y Piamonte, con un discurso asociado a la compra de coca. Su presencia fue detectada gracias al continuo tránsito de vehículos de alta gama en esos territorios. Sin embargo, anota la Defensoría, su operación se ha ido transformando en la medida en que la disputa por el control del territorio con el Frente 1 Carolina Ramírez se ha vuelto más intensa. En esa carrera, ha pasado del interés por controlar los corredores para el movimiento de marihuana y coca, al cobro de extorsiones, amenazas, homicidios selectivos y anuncios en los que advierten que “han llegado para quedarse”.

Con respecto al grupo Comandos de la Frontera, señala la alerta de la Defensoría que estos han avanzado desde la zona limítrofe de Putumayo con el Ecuador, hacia el sector de Puerto Leguízamo (Putumayo), donde aparecieron en julio de 2020, a través de la difusión de un panfleto que también fue distribuido en Mayoyoque y en la cabecera municipal de Puerto Guzmán. Al igual que Sinaloa-La Mafia, este grupo apela al discurso “político” y, pese a sus manifestaciones frente al respeto por las normas y la autonomía de las comunidades, le han ordenado a la población venderles la hoja y pasta de coca, y han emitido amenazas contra quienes sean informantes del Frente 1 Carolina Ramírez.

La similitud entre Comandos de la Frontera y Sinaloa-La Mafia, respecto a la rivalidad con el Frente Carolina Ramírez y al interés por el dominio, no solo del territorio, sino de la economía ilegal de la coca y de la población, ha generado zozobra y confusión entre la comunidad que no logra establecer si se trata de un nuevo grupo ilegal o hacen parte de la estructura Sinaloa-La Mafia, pero con otro nombre. De hecho, en el informe, la Defensoría señala que el 10 de octubre de 2020 las poblaciones de Yapura y Angosturas fueron citadas por el grupo Sinaloa, pero en el encuentro, afirmaron denominarse Comandos de la Frontera.

“Este último evento podría sugerir una especie de cooptación o articulación estratégica de los Comandos de la Frontera sobre Sinaloa-La Mafia, orientado al logro del control de los corredores estratégicos para el circuito de la economía ilegal de la coca y el tráfico de la marihuana hacia las fronteras internacionales, lo que supone el incremento de las afectaciones para la población civil que se encuentra en medio de la disputa por el control del territorio, pero ahora con la participación de un nuevo grupo armado ilegal”, advierte la alerta temprana.

Esa disputa territorial entre el Frente 1 Carolina Ramírez y el grupo armado Sinaloa-La Mafia, dio paso al ingreso del grupo pos-desmovilizado de las AUC, La Constru. Según la Defensoría, este último, al parecer, ha establecido nexos con Sinaloa-La Mafia, en su interés por vincularse a la comercialización y transporte de sustancias ilícitas, para su posterior distribución y exportación. Aunque La Constru no alcanza la cobertura de los actores armados antes descritos, la Defensoría conoció que esa organización ha perpetrado cobro de extorsiones, amenazas y homicidios selectivos en los municipios de Puerto Guzmán y Piamonte. (Noticia relacionada: Denuncian desplazamiento forzado en veredas de Cúcuta, Puerto Santander y Tibú)

Finalmente, la entidad ha establecido que existe presencia de delincuencia de menor envergadura (”Los Escorpiones”, “Los Niches”, “Los Azules” y “Los Cobra”) entre los municipios de San José del Fragua y Piamonte, desde el año 2017, que también se dedican a controlar la compra y venta de coca, y a cobrar extorsiones forzosas a quienes desempeñan actividades comerciales lícitas. Además, se les señala de ofrecer a grupos de crimen organizado los servicios de control violento. “Constituyen ‘fuerza disponible’ para la comisión de acciones violentas contra la población civil”, indica la Defensoría añadiendo que estos grupos se caracterizan por un cambio constante de nombre, para impedir su identificación y dificultar su persecución.

Entonces, mientras el Frente 1 Carolina Ramírez y el grupo Sinaloa-La Mafia, con el Comando de la Frontera, se enfrentan por el control del territorio, los grupos de delincuencia organizada se convierten en un mecanismo de “tercerización” de actividades violentas que, no solo contribuyen a mantener el control, sino también a la generación de un ambiente de zozobra en la población civil”, relató la Defensoría que, al cierre de la alerta, emitió recomendaciones a 33 entidades estatales como el Ministerio de Defensa, la Sexta División del Ejército Nacional y a los Departamentos de Policía, para que adopten medidas urgentes ante los riesgos y amenazas a los derechos de la vida, integridad, libertad y seguridad personal a los que están expuestos los pobladores de esas zonas que se encuentran sometidos bajo la presencia y actividad de estos actores armados.