Estos son los militares imputados por la JEP por falsos positivos en Casanare

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de imputar a 25 personas que habrían ejecutado 303 ejecuciones extrajudiciales (conocidos como falsos positivos) en el departamento de Casanare. De esa red criminal, según la Sala, participaron 22 militares, un agente del DAS y dos civiles, quienes, entre 2005 y 2008, presentaron a civiles, en su mayoría entre los 18 y 24 años, como miembros de la guerrilla caídos en enfrentamientos con la Fuerza Pública. En el documento con el que la JEP imputa cargos a los 22 uniformados se encuentra un general, mayores, capitanes y tenientes de la brigada XVI del Ejército.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de imputar a 25 personas que habrían ejecutado 303 ejecuciones extrajudiciales (conocidos como falsos positivos) en el departamento de Casanare. De esa red criminal, según la Sala, participaron 22 militares, un agente del DAS y dos civiles, quienes, entre 2005 y 2008, presentaron a civiles, en su mayoría entre los 18 y 24 años, como miembros de la guerrilla caídos en enfrentamientos con la Fuerza Pública. En el documento con el que la JEP imputa cargos a los 22 uniformados se encuentra un general, mayores, capitanes y tenientes de la brigada XVI del Ejército.

El Espectador hace un recuento de algunos de los perfiles de los altos oficiales hoy formalmente investigados por esta justicia y que son considerados como máximos responsables de esta acción criminal.

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General (r) Henry Torres Escalante

Es el militar de mayor rango imputado dentro de este expediente y que, antes de ser imputado por la JEP, ya se encontraba detenido preventivamente mientras afrontaba un juicio por estos mismos hechos. El general retirado llegó a la Brigada XVI el 19 de diciembre de 2003 a ocupar el cargo de oficial de operaciones. A partir del 3 de diciembre de 2004 y hasta el 10 de diciembre de 2005 se desempeñó como Jefe de Estado Mayor (JEM) y segundo comandante de la brigada, y en función de dicha responsabilidad, así como por el posterior nombramiento en propiedad, la comandó desde el 10 de diciembre de 2005 hasta el 8 de junio de 2007.

Durante el periodo como comandante de la Brigada XVI, las unidades a su cargo y subordinadas reportaron a 259 personas como bajas en combate en 183 eventos. Por esos resultados alcanzados en la brigada, fue felicitado y condecorado con la Medalla Cruz al Mérito DAS, en octubre de 2006 y con la Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público, en dos de las seis ocasiones en las que le fue conferida: en agosto de 2005, cuando se desempeñaba como JEM y segundo comandante de la Brigada XVI, y, en agosto de 2007, a su salida de la comandancia de la brigada. Asimismo, fue reconocido por su gestión como comandante de la unidad por parte de las autoridades locales.

Torres Escalante rindió versiones voluntarias entre diciembre de 2019 y octubre de 2021. En esas diligencias Torres Escalante reconoció su responsabilidad por omisión, por los homicidios y desapariciones atribuidos a la Brigada XVI durante su comandancia. Señaló que por su posición de “garante de la vida de todas las personas que se encontraban en la jurisdicción de la brigada”, tanto aquellos hechos de responsabilidad directa de la brigada, que fueron ejecutados por los grupos Delta y en cabeza de “los comandantes del Batallón Ramón Nonato Pérez; por el Grupo Guías del Casanare, por los tres batallones de combate terrestre y por el Grupo Gaula”.

Esa responsabilidad, de acuerdo con su declaración, la asume porque los comandantes de estas unidades eran sus subordinados y falló en el ejercicio de dirección y control de las operaciones. “Asimismo, el general retirado Torres Escalante manifestó que no tuvo conocimiento alguno de que en la Brigada XVI se estuvieran cometiendo estos crímenes, a pesar de que muchos de sus subordinados hubieran señalado a esta Sala que debía haber sabido de la ocurrencia de esos hechos. De acuerdo con su relato, ninguno de sus subordinados le informó sobre las actividades criminales que estaban adelantando”, dice el auto con el que la JEP le imputó cargos.

Mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte

Es mayor retirado del Ejército y comandó el Grupo Gaula Casanare entre junio de 2006 y el 31 de octubre de 2007, fecha en la que le es capturado por un proceso relacionado con un homicidio. Durante este periodo, el Gaula Casanare reportó 83 personas como bajas en combate en 60 eventos en los que se presentaron bajas en combate. “La Sala ha podido determinar que 59 de estos resultados, esto es el 98,3%, corresponden a muertes ilegítimas, en los que fueron asesinadas 82 personas, 80 hombres y 2 mujeres. De estas 82 víctimas, 49 fueron presentadas como no identificadas. Además, esta Sala pudo establecer que, al menos, seis personas serían sobrevivientes de estos hechos”, dice el documento de más de 500 páginas de la JEP.

Soto Bracamonte aportó copia de la documentación operacional de aquellos hechos en los que se habrían presentado falsos resultados operacionales y confesó en versión voluntaria que casi la totalidad de los resultados operacionales de muertes en combate presentados durante su comandancia corresponden a “muertes ilegales”. Por esta razón, el análisis realizado por la Sala de Reconocimiento en este apartado “agrupa la totalidad de hechos determinados, con el objetivo de establecer el rol esencial por liderazgo que desempeñó en su calidad de comandante de Grupo Gaula Casanare para el periodo comprendido entre junio de 2006 y octubre de 2007″.

La Sala dice que Soto Bracamonte, como comandante del Grupo Gaula Casanare, tenía el control sobre la organización criminal instalada dentro del Gaula, y que, a su vez, hacía parte de una de entidad mayor conformada en la Brigada XVI. El asesinato de personas indefensas y su presentación como bajas en combate venía ocurriendo tanto en la Brigada XVI como en el Gaula Casanare. Sin embargo, en su comandancia este actuar criminal aumentó hasta tal punto que los hechos presentados durante su periodo por el Gaula Casanare corresponden casi a una tercera parte (27,8%) de los hechos identificados por la Sala para el periodo 2005-2008.

Adicionalmente, se consolida en esta unidad un modus operandi característico: la mitad de los eventos presentados durante su comandancia (50,8%) correspondieron a hechos de la modalidad de engaño, mediante el uso de reclutadores que servían como informantes. Según lo confesado en versión voluntaria, su intervención en la organización criminal se concentraba en requerir información de los reclutadores y, una vez identificadas las víctimas, que eran principalmente engañadas, organizaba el grupo de militares y el comandante de la misión, para que ejecutaran la operación ilegal y asesinaran y desaparecieran a las víctimas.

“También manifestó que ordenó a la tropa asesinar a las víctimas y posteriormente adelantar distintas acciones para encubrir los hechos, dentro de las cuales participó a través de la firma de documentación operacional y coordinación de elementos (principalmente armas y munición) para implantar a las víctimas y procurar la impunidad de los hechos. Así, asignó roles y facilitó los medios necesarios para garantizar que sus subordinados cumplieran con los objetivos criminales de la organización. También, intervino a través de las decisiones administrativas que legalmente le correspondían por su cargo, necesarias para que se desplegaran las actividades criminales”, señaló la JEP.

Teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán

Es teniente coronel retirado del Ejército. Inició su carrera militar en 1984 y llegó a la Brigada XVI el 12 de diciembre de 2005 a ocupar la comandancia del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, cargo que ocupó hasta el 15 de noviembre de 2006, cuando fue trasladado a la Cuarta Brigada del Ejército, donde fue nombrado jefe de operaciones de la unidad. León Durán no aceptó haber tenido conocimiento o responsabilidad en los asesinatos fuera de combate ocurridos durante su comandancia del Batallón. De acuerdo con León Durán, durante el tiempo en el que estuvo al frente de dicha unidad nunca supo ni participó en asesinatos y desapariciones presentados falsamente como bajas en combate.

El uniformado señaló que: “Yo hasta el momento, cuando estuve, yo pensé que eso era normal los combates, pero no tuve conocimiento mientras estuve ahí de que: ‘oiga, esto está mal hecho, esto está ilegal, no me fue comentado nada’”. Además, indicó a esta Sala que, aunque al recibir la unidad, ésta tenía “un nivel alto de resultados” (bajas en combate), por lo que se le señaló la importancia de mantenerlos y de que “no se fuera a perder ese dinamismo”, él ejerció su mando sin prestar particular atención a dicha demanda. Y, por lo demás, aseguró, el comandante de la brigada para ese momento “nunca le hacía como gran resonancia” por las bajas en combate obtenidas por su unidad.

Si embargo la Sala encontró que las bajas reportadas por ese batallón durante el año en el que él comandó dicha unidad son equiparables a las obtenidas en el año inmediatamente anterior y que un alto porcentaje de estas fueron cometidas fuera de combate por efectivos bajo su mando, con su conocimiento. Así, durante los 11 meses en los que León Durán comandó dicho batallón, esa unidad reportó 39 bajas en 28 eventos distintos; 26 de estas muertes, es decir, poco más del 66% de los resultados operacionales consistentes en bajas fueron reportadas. El batallón, en 2005, de enero a noviembre, registró 44 bajas en combate, apenas cinco más de las reportadas al año siguiente al mando León Durán”.

Henry Hernán Acosta Pardo

Ingresó a las Fuerzas Militares el 1 de diciembre de 1988. Pasó por diferentes unidades, en las cuales ejerció como comandante de pelotón y de compañía. Entre el 1 de julio de 2003 y noviembre de 2004 fue trasladado al comando de la Brigada XVI, para luego pasar a la Escuela Superior de Guerra para hacer el curso de ascenso de mayor a teniente coronel. Posteriormente fue trasladado a la Décima Cuarta Brigada, donde se desempeñó como jefe de inteligencia en el año 2005. Un año después, fue trasladado al Birno, donde ejerció como comandante de batallón entre diciembre de 2006 y junio de 2008, hasta el 16 de junio de 2008, fecha en la que se aceptó su solicitud de retiro voluntario.

Acosta Pardo, en versión voluntaria, reconoció su responsabilidad como comandante del Birno al haber conocido de las bajas ilegítimas que se estaban reportando: “Yo hasta ese momento no sabía absolutamente nada de las bajas ilegales mas sin embargo uno comienza como a sospechar (…) ¿cuándo yo me doy cuenta de lo que estaba pasando? Yo me di cuenta el primero de enero de 2007″ 2035 . Así, manifestó que su responsabilidad se fundamenta en el no haber denunciado los hechos, como lo afirmó en su versión voluntaria: “pero yo sabía lo que estaba pasando y yo no hice nada, esa fue mi actitud y mi cobardía prácticamente en ese momento que no fui capaz de hacer absolutamente nada porque yo sabía de las cosas que estaban pasando en esa unidad”.

Sin embargo, la Sala dice tener bases suficientes para asegurar que Acosta Pardo, en su calidad de comandante del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, tenía control sobre la suborganización criminal enquistada en la Brigada XVI. Aunque antes de su llegada al Birno ya se venía gestando ese mecanismo macabro de los falsos positivos, durante su comandancia, las bajas ilegítimas aumentaron drásticamente, pues pasaron de 28 hechos a 75. Igualmente, la JEP determinó que durante el período de comandancia de Acosta se consolidó una forma de operar para presentar las bajas ilegítimas por medio de la selección de víctimas.

“Teniendo en cuenta dichas facultades, la intervención de Acosta Pardo en el patrón de macrocriminalidad descrito en esta decisión no se limitó a la falta de denuncia de los hechos. Por el contrario, conforme a la contrastación hecha de los diferentes elementos que componen el acervo probatorio, se pudo determinar que Acosta Pardo, como comandante del Birno, tenía el control sobre la suborganización que se conformó en el batallón para la ejecución del plan criminal, pues estaba destinada a la comisión de asesinatos y su posterior presentación como supuestas bajas legales”, señaló la JEP en su documento en el que imputó a varios los 22 militares.

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