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Diferentes campañas alrededor de todo el mundo se suman hoy a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción. En Colombia, la Procuraduría, Contraloría, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, entre otras entidades, se han sumado a la celebración con diferentes actividades para detener lo que en el país se ha convertido en uno de los delitos más problemáticos para la estabilidad económica. Las más recientes cifras sobre el tema muestran la magnitud del problema.
La Secretaría de Transparencia, que dirige Camilo Encisco, publicó a mitad de este año un informe revelador que muestra cómo funciona la corrupción en el país y cómo este delito afecta toda la estructura estatal. De acuerdo con cifras oficiales, de 1.850 sanciones que se han impuesto por delitos contra la administración pública, el 50% de los condenados no paga cárcel y otro 25% consigue cumplir su pena en una casa por cárcel.
La oficina que dirige Encisco reveló que además la información que maneja el Inpec ha permitido establecer que, cuando se trata de grandes empresarios quienes cometen este tipo de delitos, sus penas resultan ser irrisorias: 24 meses de cárcel en pabellones especiales en una situación muy diferente a la de un preso común y corriente. (Lea aquí sobre diez casos de corrupción emblemáticos en el país)
Por otra parte, la Secretaría de Transparencia pudo establecer que entre 2008 y 2013 se impusieron 2.458 sanciones por delitos contra la administración pública. Además, en el mismo informe establece que el cohecho o el soborno fue el delito que más se cometió en este periodo de tiempo en el que 1.045 personas fueron sancionadas.
Otro de los organismos que se encargan de controlar la corrupción en Colombia es la Contraloría. De acuerdo con los datos que se manejan en esta entidad, entre 2008 y 2015 se resolvieron 783 procesos con responsabilidad fiscal por $2,7 billones. Aunque el número y el monto de las sanciones puede ser tenido en cuenta positivamente, el cumplimiento de estos castigos es deficiente: solo el 31% de las multas fueron candeladas. Es decir, de esos dos billones de pesos, solo se han recibido $43 mil millones.
En palabras del investigador Jorge Yarce, especialista en temas de corrupción y autor del libro: ‘¡Por favor, no roben más al Estado! Ética pública vs. Corrupción’ (Editorial Panamericana), la corrupción se puede definir como el principal enemigo de la estabilidad del Estado y la democracia. “Es tan grave como un genocidio, ya que, resulta en una plaga porque afecta los derechos fundamentales de las personas. El mayor problema para hacer negocios en América Latina es la corrupción, lo dicen varios informes internacionales”, le explicó a El Espectador Yace en septiembre de este año. (Lea más sobre la corrupción según jorge Yarce aquí)
Yarce explica además que lo que se necesita para luchar contra esta enfermedad son funcionario públicos honestos. “Las personas roban al Estado porque creen que no son de nadie. Existe demasiado relativismo y consumismo. Todo el mundo hace lo que quiere, porque cree que lo que está haciendo bien. Debe existir una orientación a conseguir el bien, para eso sirve la ética, como una orientación… El camino es la honestidad y los valores. Blindarlos frente a las tentaciones”, señala Yarce.