Este viernes se conoció que la defensa del ex gobernador del Guaviare, Oscar López Cadavid, pedirá a la Corte Suprema de Justicia la inmediata libertad de su cliente.
Cadavid, quien actualmente es procesado por sus presuntos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia, soportó su solicitud en que en 2004 fue investigado por la Fiscalía por su relación con las Farc y no se encontró ningún nexo con miembros de grupos armados ilegales.
En ese año, la fiscal Ana Fenney Ospina Peña (fiscal segunda especializada de Bogotá) resolvió que el ex gobernador y ex congresista no era testaferro de la guerrilla, ni de ningún grupo armado y ordenó que no se iniciara ningún proceso de extinción de dominio.
En la resolución, se ordenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes adelantar la entrega "real y material" de los bienes que fueron entregados para administrarlos mientras se investigaba a Cadavid.
Además, el informe que detalla la Fiscalía corrobora que el grupo empresarial del ex gobernador Cadavid no tiene actividades ni con el narcotráfico o corrupción administrativa.
La determinación del ente investigador se basó en que las denuncias interpuestas fueron a través de anónimos. Dentro de éstos, se evidenció que ninguno de los posibles testigos aparecía y no tenía conocimiento de los señalamientos expuestos contra Cadavid.
En la misma resolución, la Fiscalía definió que no se puede hablar de incrementos injustificado del patrimonio del ex gobernador. Según eso, los análisis financieros reflejan que el origen de los bienes de Cadavid proviene su actividad comercial y ganadera, principalmente.
Álvaro Pérez, abogado defensor del ex gobernador, señaló que como se ha demostrado en la anterior sentencia de la Fiscalía "las acusaciones que actualmente se hacen en contra de mi cliente por parapolítica son un montaje de los contradictores políticos que él tiene en el Guaviare".
El abogado aseguró que cree firmemente en la seriedad, el trabajo, la investigación que se adelanta por parte de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia "pero este expediente es una prueba más de que mi defendido es un perseguido político de sus impugnantes".
"Por tal razón le pido a la honorable Corte Suprema d Justicia que incorpore la resolución inhibitoria de 2004 de mi cliente, donde fue acusado de testaferro de las Farc", concluyó.