Temístocles Ortega es acusado por irregularidades en obra de aeropuerto en Cauca

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador del Cauca y excongresista, Temístocles Ortega Narváez, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Cuando gobernó el departamento (2012-2015), dio luz verde a un contrato por más de $2.500 millones para ampliar la pista del aeropuerto de López de Micay, Cauca. Pero, el proyecto no tuvo en cuenta varios requisitos legales que eran su responsabilidad, además, la obra se entregó incompleta.

Dentro de la investigación, la Sala encontró que en julio de 2013, el entonces gobernador Ortega tramitó un proyecto para ampliar en 200 metros la pista de aterrizaje del aeropuerto del municipio de López de Micay. La obra fue priorizada por la administración de Ortega y tuvo un presupuesto inicial de $2.807′708.294, que salieron de los recursos del sistema general de regalías, específicamente, del fondo de compensación regional.

El entonces gobernador del departamento adelantó la licitación para el proyecto que finalmente le fue entregado en agosto de 2014 a la Fundación EDICOL, representada legalmente por María Margarita Zapata Paredes. El contrato tuvo como objeto “la ampliación en 200 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto del municipio de López de Micay, por un valor de $2.599′729.902, con un plazo inicial de 6 meses”.

Sin embargo, dice la Corte, Temístocles Ortega, quien era el encargado de velar para que se cumplieran con las normas establecidas para entregar el contrato, no tuvo en cuenta que “no se realizaron los estudios de suelo correspondientes, pues puede afirmarse con probabilidad de verdad que, los utilizados y suscritos supuestamente por el Ingeniero Víctor Hugo Bautista Ponce, en marzo del 2013, son falsos”.

De igual manera, la Sala resalta que no se realizaron y presentaron los documentos del diseño de la obra y que los planos no daban el soporte necesario para seguir avanzando con el proyecto. También, dice el alto tribunal, no se tuvo en cuenta la reglamentación aeronáutica para construir los 200 metros de pista que se habían contratado. El permiso para la obra fue concedido por el alcalde de López de Micay, pero no pasó por la revisión de la Aeronáutica Civil. Incluso, la Corte encontró que la solicitud a la autoridad aeronáutica para que revisara el proyecto se hizo dos años después de la firma del contrato.

Dentro de otros incumplimientos que habrían existido dentro de esa contratación, dice la Corte, está que, al parecer, el entonces gobernador presentó documentos falsos sobre la licencia ambiental que se exigía para seguir adelante con la obra. Dice la Sala que Ortega Narváez, como representante legal del Departamento del Cauca, y máximo orientador de la planeación de la Gobernación, no realizó su trabajo y dejó pasar estos requisitos.

El alto tribunal encontró que por todas estas faltas, hubo varias afectaciones para el departamento, como, por ejemplo, que “como no se realizaron los estudios previos de manera correcta, siete días antes de que se venciera el término de ejecución del contrato se tuvo que suspender y realizar nuevos diseños y se le tuvo que adicionar al contrato $775′276.873, que tuvieron que ser entregados por la administración siguiente. Igualmente, se encontró que de la construcción de los 200 metros previstos, solamente se materializaron 100 metros, en los cuales, además, se presentaron agrietamientos, ondulaciones y resaltos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador del Cauca y excongresista, Temístocles Ortega Narváez, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Cuando gobernó el departamento (2012-2015), dio luz verde a un contrato por más de $2.500 millones para ampliar la pista del aeropuerto de López de Micay, Cauca. Pero, el proyecto no tuvo en cuenta varios requisitos legales que eran su responsabilidad, además, la obra se entregó incompleta.

Dentro de la investigación, la Sala encontró que en julio de 2013, el entonces gobernador Ortega tramitó un proyecto para ampliar en 200 metros la pista de aterrizaje del aeropuerto del municipio de López de Micay. La obra fue priorizada por la administración de Ortega y tuvo un presupuesto inicial de $2.807′708.294, que salieron de los recursos del sistema general de regalías, específicamente, del fondo de compensación regional.

El entonces gobernador del departamento adelantó la licitación para el proyecto que finalmente le fue entregado en agosto de 2014 a la Fundación EDICOL, representada legalmente por María Margarita Zapata Paredes. El contrato tuvo como objeto “la ampliación en 200 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto del municipio de López de Micay, por un valor de $2.599′729.902, con un plazo inicial de 6 meses”.

Sin embargo, dice la Corte, Temístocles Ortega, quien era el encargado de velar para que se cumplieran con las normas establecidas para entregar el contrato, no tuvo en cuenta que “no se realizaron los estudios de suelo correspondientes, pues puede afirmarse con probabilidad de verdad que, los utilizados y suscritos supuestamente por el Ingeniero Víctor Hugo Bautista Ponce, en marzo del 2013, son falsos”.

De igual manera, la Sala resalta que no se realizaron y presentaron los documentos del diseño de la obra y que los planos no daban el soporte necesario para seguir avanzando con el proyecto. También, dice el alto tribunal, no se tuvo en cuenta la reglamentación aeronáutica para construir los 200 metros de pista que se habían contratado. El permiso para la obra fue concedido por el alcalde de López de Micay, pero no pasó por la revisión de la Aeronáutica Civil. Incluso, la Corte encontró que la solicitud a la autoridad aeronáutica para que revisara el proyecto se hizo dos años después de la firma del contrato.

Dentro de otros incumplimientos que habrían existido dentro de esa contratación, dice la Corte, está que, al parecer, el entonces gobernador presentó documentos falsos sobre la licencia ambiental que se exigía para seguir adelante con la obra. Dice la Sala que Ortega Narváez, como representante legal del Departamento del Cauca, y máximo orientador de la planeación de la Gobernación, no realizó su trabajo y dejó pasar estos requisitos.

El alto tribunal encontró que por todas estas faltas, hubo varias afectaciones para el departamento, como, por ejemplo, que “como no se realizaron los estudios previos de manera correcta, siete días antes de que se venciera el término de ejecución del contrato se tuvo que suspender y realizar nuevos diseños y se le tuvo que adicionar al contrato $775′276.873, que tuvieron que ser entregados por la administración siguiente. Igualmente, se encontró que de la construcción de los 200 metros previstos, solamente se materializaron 100 metros, en los cuales, además, se presentaron agrietamientos, ondulaciones y resaltos.

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