
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Temístocles Ortega, quien por estos días está detrás de la curul que dejó en el Senado David Luna de Cambio Radical, fue acusado ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado. Los hechos por los que lo juzgará el alto tribunal habrían ocurrido cuando fue gobernador del Cauca entre 2012 y 2015.
Según lo que encontró la Fiscalía en la investigación en contra del político, es que en su administración buscó ampliar en 200 metros la pista de aterrizaje del aeropuerto del municipio de López de Micay. Dice el ente acusador que en julio de 2013, el entonces gobernador Ortega tramitó el proyecto y la obra fue priorizada con un presupuesto inicial de $2.807′708.294
El ente investigador dice que Ortega como gobernador llevó a cabo el “contrato No. 1040 de 2014 con sustento en documentación falsa, que a la postre generó un detrimento patrimonial”. Además, que no cumplía con varios requisitos legales.
Dice la Fiscalía en su escrito de acusación que “en la etapa precontractual no se realizaron los estudios de suelo correspondientes, ya que los presentados son falsos, utilizando para ello el nombre y la firma del ingeniero Víctor Hugo Bautista Ponce, quien de manera tajante afirma que no los elaboró”. Además, el ente acusador encontró que esos mismos estudios fueron el principal argumento para “etapa contractual para soportar la primera suspensión, con fecha 20 abril 2015 por treinta (30) días”.
Dentro de las pruebas que tiene el ente investigador, están también documentos “consistentes en los planos de diseños del box coulvert y el plano de estructura del pavimento, también fueron falseados para dar apariencia de legalidad a la etapa precontractual”. Sobre esto, en la investigación se habló con el ingeniero Luis Antonio Garzón, quien manifestó que de la Alcaldía “le pidieron que elaborara unos estudios para la ampliación, los cuales hizo en referencia a la construcción inicial de la pista, de la cual fue director de la obra, y adicionó algo más para el box coulvert, y los envió, pero nunca se los pagaron y nunca los firmó, sin embargo, después se dio cuenta que en el proceso contractual se encontraban estos documentos con unas firmas que no eran las suyas”.
Para la Fiscalía, con estos presuntos hechos “se observa una muy deficiente planeación; un excesivo aumento de las variaciones de las cantidades de obra inicialmente pactadas; se adicionaron ítems que debieron ser previstos”.
Igualmente, el ente acusador señaló que “se presentaron inconsistencias en los estudios previos referidos a: estudios de suelos, levantamientos topográficos, diseños estructuras de concreto hidráulico reforzado, estudios hidrológicos e hidráulicos; se hicieron modificaciones a las cláusulas contractuales inicialmente pactadas, a pesar de estar ello restringido en la cláusula cuarta del contrato 1040, entre las cuales se evidenciaron las sucesivas suspensiones de ejecución, prórrogas”.
De acuerdo con lo encontrado en la investigación, dice la Fiscalía, “no se cumplió el objeto contractual consistente en la ampliación en doscientos metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Lopez de Micay, Departamento del Cauca para que este contara con las especificaciones técnicas de los aeropuertos de la región del litoral pacífico, con la finalidad de que, llegaran aviones de mayor calado de los que estaban ingresando a la pista en funcionamiento”.
Finalmente, solo se construyeron 100 metros, y, según el ente investigador, “el tramo posterior no cumplió con las dimensiones establecidas en el reglamento aeronáutico, y prontamente presentó agrietamientos, ondulaciones y resaltos”. Por esas razones, esa parte de la pista no pudo ser utilizada, porque “podría poner en riesgo la aeronavegabilidad, sin acatar las recomendaciones de la Aerocivil, que por lo tanto no expidió una nueva licencia de operaciones”.
El costo total de la obra con modificaciones a los contratos “propiciaron el desembolso de los pagos en los dos últimos dos meses del año 2015, para un total de $2.061.520.221 sustentados con las actas de recibo parcial de fechas 29 de septiembre, 26 de noviembre y 15 de diciembre del 2015, sin que se haya acreditado por parte del contratista el correlativo cumplimiento del objeto del contrato”, dice la Fiscalía. Finalmente, el valor que se pagó en total por la obra fue de $ 2.509. 356.409. Por esas razónes, dice la Fiscalía que Temítocles Ortega “es autor a título de dolo, de los delitos”, porque “incumplió como ordenador del gasto del Departamento sus deberes de planeación, economía y responsabilidad”.
Esta es la segunda acusación que se presenta en contra de Ortega por los hechos que habrían ocurrido cuando fue gobernador del Cauca. En junio del año pasado, el excongresista y exgobernador fue llamado a juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por la misma obra.
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