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Una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la acusación contra el excongresista liberal Tiberio Villarreal Ramos, por su presunta participación en la masacre de La Rochela. El ataque, ocurrido el 18 de enero de 1989 en Simacota (Santander), dejó 12 muertos y 3 heridos. Villarreal Ramos es señalado de presionar a un líder paramilitar en el Magdalena Medio para que ordenara la ejecución de los miembros de una comisión judicial, quienes investigaban la desaparición de 19 comerciantes en la región de Santander.
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El juicio, en el cual Villarreal Ramos deberá responder por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y concierto para delinquir, se llevará a cabo bajo la Ley 600 de 2000, la cual investiga a congresistas y corresponde al sistema penal antiguo. Según las pruebas presentadas, el excongresista habría sostenido reuniones frecuentes con líderes paramilitares, con el fin de obtener apoyo político y financiero. En uno de esos encuentros, habría solicitado que asesinaran a los integrantes de la comisión y robaran los documentos y pruebas del caso.
De acuerdo con la Fiscalía, la orden del excongresista fue ejecutada cuando hombres armados interceptaron a los funcionarios, fingiendo tener información relevante. Los trasladaron a una zona rural, donde fueron emboscados por un grupo paramilitar bajo el mando de alias el negro Vladímir. En el ataque perdieron la vida dos jueces, dos secretarios, seis investigadores judiciales y dos conductores.
El caso continúa tras la decisión de la Fiscalía en 2018 de archivar la investigación. El fallo, expedido cuando Francisco Barbosa era fiscal general, fue apelado por la defensa y la Procuraduría. En noviembre de 2021, la apelación prosperó, alegando falta de fundamentos en la decisión inicial de cerrar el proceso contra Villarreal.
La masacre, ocurrida hace 34 años en Simacota (Santander), resultó en la muerte de 12 de los 15 funcionarios judiciales que investigaban asesinatos de miembros de la Unión Patriótica y líderes sindicales por paramilitares. La comisión fue interceptada por un grupo al mando de Alonso de Jesús Baquero, alias el negro Vladímir, quien, junto a sus hombres, se hizo pasar por miembros de las Farc para abrir fuego contra Mariela Morales Caro, Pablo Beltrán Palomino, Virgilio Hernández Serrano, Carlos Castillo Zapata, Luis Hernández Muñoz, Yul Germán Monroy Ramírez, Gabriel Vesga Fonseca, Benhur Guasca Castro, Orlando Morales Cárdenas, César Morales Cepeda, Arnulfo Mejía Duarte y Samuel Vargas Páez.
Alias el negro Vladímir implicó a Villarreal, asegurando que el excongresista era parte de los grupos paramilitares de Magdalena Medio liderados por Henry Pérez, quienes contaban con apoyo de la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), miembros de la Policía y la XIV Brigada del Ejército, bajo el mando de Juan Salcedo Lora. Farouk Yanine, entonces comandante de la Segunda División del Ejército, también fue señalado.
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Esta organización buscaba exterminar a integrantes de la Unión Patriótica y otras organizaciones sindicales en Magdalena Medio. Además, fue responsable de la masacre de 19 comerciantes en 1987 por no pagar “impuestos” a los paramilitares, y cuyas muertes estaban siendo investigadas por los miembros de la comisión judicial asesinados dos años después.
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