Excúpula FARC no acepta delitos de esclavitud y pide nulidad en la JEP
La solicitud del secretariado de las ex-Farc llega justo cuando el proceso estaba a punto de comenzar una nueva etapa, en la cual se verificarían los compromisos con la verdad y la reparación de los firmantes. El documento incluye 20 peticiones.
La excúpula de las FARC presentó una solicitud de nulidad parcial del documento que contiene toda la información que ha recopilado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del caso que investiga las tomas de rehenes, las graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por esa guerrilla, como la esclavitud o la tortura. Precisamente ese caso imputado a la excúpula estaba a punto de comenzar la etapa final, en la cual se desarrollaría una audiencia de verificación de los compromisos con la verdad y la reparación de los firmantes, para proceder a las sanciones esperadas desde 2016. Sin embargo, el exsecretariado pidió que se revoque parcialmente este documento y presentó 20 solicitudes referentes a él.
Entre las solicitudes, se encuentra una petición que ya había sido mencionada anteriormente por los firmantes, en la cual la excúpula solicita a la JEP que se emita una única Resolución de Conclusiones y una única sanción para los comparecientes seleccionados. También piden que se abstengan de imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad hasta que la Sala de Reconocimiento de Verdad no logre sustentar su diferenciación. Y, además, solicitan que se tumben las acusaciones por el delito de esclavitud, pues para ellos no existe evidencia sobre estos actos o la intención de cometerlos. Plantean la posibilidad de que estas acusaciones sean cambiadas por el delito de trabajos forzados, según el documento revelado por W Radio.
En el documento de nulidad parcial, los ex-FARC argumentan que han sufrido violaciones al debido proceso y exponen que un reciente documento de la JEP, que destrababa el proceso hacia su etapa final, fue emitido cuando presuntamente el expediente se encontraba suspendido debido a una recusación en contra del magistrado Camilo Andrés Suárez. “Las irregularidades detectadas, al no ser corregidas, generan un impacto negativo en la confianza pública del sistema judicial”, afirman en el comunicado.
El reciente documento señalado por el antiguo secretariado es un Auto de Evaluación de la Correspondencia, es decir, un texto en el cual se recopilan los hechos y conductas reconocidas por los firmantes, así como las pruebas entregadas y las propuestas de reparación y contribuciones a la verdad. Como la JEP expidió ese documento, hace poco menos de un mes, lo que seguirá era una nueva etapa procesal en la cual se realiza una audiencia pública para verificar las contribuciones a la verdad y las formas de reparación con las víctimas. Posterior a ella, la sección dicta la sentencia en contra de los firmantes, así como las condiciones y la modalidad de la sanción que recibirán.
La cúpula de las antiguas Farc está conformada por Julián Gallo Cubillos, Pastor Alape, Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra, quienes en actos previos de la Jurisdicción han admitido su responsabilidad por los miles de secuestros cometidos por la guerrilla.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La excúpula de las FARC presentó una solicitud de nulidad parcial del documento que contiene toda la información que ha recopilado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del caso que investiga las tomas de rehenes, las graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por esa guerrilla, como la esclavitud o la tortura. Precisamente ese caso imputado a la excúpula estaba a punto de comenzar la etapa final, en la cual se desarrollaría una audiencia de verificación de los compromisos con la verdad y la reparación de los firmantes, para proceder a las sanciones esperadas desde 2016. Sin embargo, el exsecretariado pidió que se revoque parcialmente este documento y presentó 20 solicitudes referentes a él.
Entre las solicitudes, se encuentra una petición que ya había sido mencionada anteriormente por los firmantes, en la cual la excúpula solicita a la JEP que se emita una única Resolución de Conclusiones y una única sanción para los comparecientes seleccionados. También piden que se abstengan de imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad hasta que la Sala de Reconocimiento de Verdad no logre sustentar su diferenciación. Y, además, solicitan que se tumben las acusaciones por el delito de esclavitud, pues para ellos no existe evidencia sobre estos actos o la intención de cometerlos. Plantean la posibilidad de que estas acusaciones sean cambiadas por el delito de trabajos forzados, según el documento revelado por W Radio.
En el documento de nulidad parcial, los ex-FARC argumentan que han sufrido violaciones al debido proceso y exponen que un reciente documento de la JEP, que destrababa el proceso hacia su etapa final, fue emitido cuando presuntamente el expediente se encontraba suspendido debido a una recusación en contra del magistrado Camilo Andrés Suárez. “Las irregularidades detectadas, al no ser corregidas, generan un impacto negativo en la confianza pública del sistema judicial”, afirman en el comunicado.
El reciente documento señalado por el antiguo secretariado es un Auto de Evaluación de la Correspondencia, es decir, un texto en el cual se recopilan los hechos y conductas reconocidas por los firmantes, así como las pruebas entregadas y las propuestas de reparación y contribuciones a la verdad. Como la JEP expidió ese documento, hace poco menos de un mes, lo que seguirá era una nueva etapa procesal en la cual se realiza una audiencia pública para verificar las contribuciones a la verdad y las formas de reparación con las víctimas. Posterior a ella, la sección dicta la sentencia en contra de los firmantes, así como las condiciones y la modalidad de la sanción que recibirán.
La cúpula de las antiguas Farc está conformada por Julián Gallo Cubillos, Pastor Alape, Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra, quienes en actos previos de la Jurisdicción han admitido su responsabilidad por los miles de secuestros cometidos por la guerrilla.
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