Exdirectivo del DAS habría "chuzado" a sindicato de Avianca y hasta a menores de edad

La Fiscalía le abrió una investigación formal a Laude José Fernández Arroyo, exdirector de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por su posible responsabilidad en una red de "chuzadas". Al parecer, Fernández estaría vinculado con las interceptaciones ilegales que sufrieron desde miembros del sindicato de pilotos de Avianca (Acdac), hasta  hijos de abogados y empresarios que eran menores de edad.

(Lea también: Habría una red de “espionaje corporativo” que operaba desde la Fiscalía)

Se trata del mismo caso por el que ya han sido judicializados el exjefe de la sala diamante de la Fiscalía. —desde donde se interceptan las comunicaciones—, Luis Carlos Gómez Góngora (quien aceptó cargos), y el exfiscal para el crimen organizado, Fabio Martínez Lugo (quien se declara inocente). Al parecer, el exdirectivo del DAS concertó un negocio ilícito con los exfuncionarios Gómez Góngora y Martínez Lugo para "determinar" interceptaciones en las comunicaciones que se vienen destapando desde finales del año pasado y que tendrían un vínculo: todas las víctimas interceptadas están enfrentadas a grandes empresas.  

Al caso se suma el exdirectivo del DAS, Laude Fernández Arroyo, pues era el representante en Colombia de Berkeley Research Group (BRG) una multinacional que presta servicios de seguridad a grandes empresas. Según la hipótesis de la Fiscalía, Avianca y GEB  (Grupo de Energía de Bogotá) contrataron a BRG para que les prestara servicios de “inteligencia corporativa” en momentos de crisis.

(Le recomendamos: Fiscal Martínez reconoce que interceptaciones ilegales a Avianca)

Por un lado, durante el paro de pilotos de 2017, declarado ilegal por Avianca y hasta por la Corte Suprema, la empresa aeronáutica contrató a la empresa que representa Fernández Arroyo. BRG, por su parte, habría interceptado las comunicaciones de los capitanes Julián Pinzón, Jaime Hernández y Jorge Mario Medina, miembros del sindicato (Acdac).

Y, por otro lado, mientras el Grupo de Energía de Bogotá se encontraba en una disputa en una tribunal de arbitramento con la empresa Enel-Codensa, la multinacional de seguridad habría accedido a las comunicaciones de Felipe Jaramillo, abogado en el proceso, y de Lucio Rubio, presidente en Colombia de la empresa Enel.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Fernández Arroyo los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, violación de datos personales. El exdirectivo de la agencia de inteligencia, sin embargo, no aceptó los cargos y se declaró inocente. 

(En contexto: Por chuzadas a Acdac, condenan a exjefe de la Sala de interceptaciones de la Fiscalía)

El número de líneas interceptadas por la sala que lideraba Gómez Góngora ascendería a 2.700. Por esto, la Fiscalía se encuentra analizando todos los números para determinar qué tan grave fueron las irregularidades que siguen siendo investigadas. Por ahora, dijo el fiscal del caso, se sabe que en varios de los casos, no solo habrían chuzado al personaje de interés, sino también a sus hijos (menores de edad) y familiares. 

La Fiscalía le abrió una investigación formal a Laude José Fernández Arroyo, exdirector de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por su posible responsabilidad en una red de "chuzadas". Al parecer, Fernández estaría vinculado con las interceptaciones ilegales que sufrieron desde miembros del sindicato de pilotos de Avianca (Acdac), hasta  hijos de abogados y empresarios que eran menores de edad.

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Se trata del mismo caso por el que ya han sido judicializados el exjefe de la sala diamante de la Fiscalía. —desde donde se interceptan las comunicaciones—, Luis Carlos Gómez Góngora (quien aceptó cargos), y el exfiscal para el crimen organizado, Fabio Martínez Lugo (quien se declara inocente). Al parecer, el exdirectivo del DAS concertó un negocio ilícito con los exfuncionarios Gómez Góngora y Martínez Lugo para "determinar" interceptaciones en las comunicaciones que se vienen destapando desde finales del año pasado y que tendrían un vínculo: todas las víctimas interceptadas están enfrentadas a grandes empresas.  

Al caso se suma el exdirectivo del DAS, Laude Fernández Arroyo, pues era el representante en Colombia de Berkeley Research Group (BRG) una multinacional que presta servicios de seguridad a grandes empresas. Según la hipótesis de la Fiscalía, Avianca y GEB  (Grupo de Energía de Bogotá) contrataron a BRG para que les prestara servicios de “inteligencia corporativa” en momentos de crisis.

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Por un lado, durante el paro de pilotos de 2017, declarado ilegal por Avianca y hasta por la Corte Suprema, la empresa aeronáutica contrató a la empresa que representa Fernández Arroyo. BRG, por su parte, habría interceptado las comunicaciones de los capitanes Julián Pinzón, Jaime Hernández y Jorge Mario Medina, miembros del sindicato (Acdac).

Y, por otro lado, mientras el Grupo de Energía de Bogotá se encontraba en una disputa en una tribunal de arbitramento con la empresa Enel-Codensa, la multinacional de seguridad habría accedido a las comunicaciones de Felipe Jaramillo, abogado en el proceso, y de Lucio Rubio, presidente en Colombia de la empresa Enel.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Fernández Arroyo los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, violación de datos personales. El exdirectivo de la agencia de inteligencia, sin embargo, no aceptó los cargos y se declaró inocente. 

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El número de líneas interceptadas por la sala que lideraba Gómez Góngora ascendería a 2.700. Por esto, la Fiscalía se encuentra analizando todos los números para determinar qué tan grave fueron las irregularidades que siguen siendo investigadas. Por ahora, dijo el fiscal del caso, se sabe que en varios de los casos, no solo habrían chuzado al personaje de interés, sino también a sus hijos (menores de edad) y familiares.