Exdirectivos de Odebrecht no van al banquillo de los acusados

“Manifiesto mi arrepentimiento por las conductas impropias narradas a las autoridades colombianas en mi condición de colaborador de la justicia. Solicito sentidamente disculpas por ellas y corresponder con mi fiel propósito de enmienda, con el deseo de corregir los errores y de reparar los daños que se hayan podido ocasionar”, fueron las palabras de Luiz Antonio Mameri por videoconferencia, luego de que el Juzgado 30 de Garantías en Bogotá avalara el principio de oportunidad que él y otros dos exdirectivos de Odebrecht, Luiz Antonio Bueno Júnior y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, pactaron con la Fiscalía.

Desde que se conoció este gran escándalo de corrupción, los tres han mostrado su intención de colaborar con las autoridades, aunque ninguno se quedó en el país para poner la cara ante la justicia colombiana. En enero de 2017, y directamente desde la Procuraduría General de Brasil, llegaron a la Fiscalía colombiana las declaraciones de Bueno Júnior y Eleuberto Martorelli, exdirectores de Odebrecht en Colombia. Desde entonces los empresarios comenzaron a relatar cómo se pagaron los millonarios sobornos para la adjudicación de contratos de infraestructura vial en el país y quiénes salieron beneficiados.

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El primero en declarar fue Luiz Bueno Júnior, quien contó que llegó a Colombia en abril de 2009 e inició su “integración a la sociedad” en mayo de ese mismo año, a través de la presentación de la compañía al sector empresarial, medios de comunicación y representantes del Gobierno, entre ellos el hoy condenado exviceministro de Transporte Gabriel García Morales. Desde ese momento, García se convirtió en pieza clave en el entramado de corrupción de Odebrecht, ya que entonces se abrieron importantes licitaciones, entre las que se destacaba el proyecto Ruta del Sol 2.

“En ese contexto, contacté a José Elías Melo, el entonces presidente de Corficolombiana/Grupo Aval, y a Carlos Solarte, en la época presidente de CSS Constructores, con el objetivo de evaluar la oportunidad de construir un consorcio para participar en el proceso de licitación referente al lote 2 del Proyecto Ruta del Sol”, aseguró Bueno Júnior a la Fiscalía. Para conformar tal consorcio fueron necesarias varias reuniones, tanto en las oficinas de Corficolombiana como en CSS Constructores. Pero bastaron unos pocos meses para asociar a Odebrecht, Episol (subsidiaria de Corficolombiana) y CSS Constructores en la que se denominó Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

Tras ello, la relación con García Morales se fue afianzando. Ya no solo se reunían en el Ministerio de Transporte, sino también en un apartamento ubicado en el norte de Bogotá. Para octubre de 2009, ad portas de la entrega de la propuesta para la adjudicación del proyecto que acercaría Bogotá a la región Caribe, García Morales, como responsable de la adjudicación del proyecto, “instó para que la compañía produjera una propuesta formalmente perfecta y se comprometió a influir en el proceso de licitación para que fueran descalificadas todas las demás propuestas”, añadió el empresario.

(Le sugerimos: Los tres brasileros que fomentaron la corrupción en Colombia con Odebrecht)

Por ese trabajo, el exviceministro de Transporte recibió US$6,5 millones autorizados por Luiz Mameri, exdirector de Odebrecht para América Latina. La operación fue todo un éxito y el 15 de diciembre de 2009 el contrato fue adjudicado al Consorcio Ruta del Sol. Días después, según Bueno Júnior, García Morales lo contactó para el pago de la coima, el cual fue programado por el equipo de operaciones estructuradas de Odebrecht entre marzo y septiembre de 2010. Otro de los brasileños que han buscado fallidamente un principio de oportunidad con la justicia colombiana es Eleuberto Martorelli, sucesor de Luiz Bueno en la presidencia de Odebrecht en Colombia.

En su primera declaración a la justicia colombiana, Martorelli relató cómo, desde 2012, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) empezó a ser presionada por “grupos y fuerzas políticas del Cesar y Norte de Santander” para desarrollar el proyecto red vial Cúcuta-Ruta del Sol-Puertos Fluviales. En el marco de ese proyecto, en julio de 2013, se firmó el otrosí número 3 para realizar estudios para la construcción del tramo Ocaña-Gamarra, dando como resultado un avalúo de la obra en $1,2 billones. Previamente, en diciembre de 2012, Martorelli había sido contactado con el excongresista Otto Bula, quien actuaba como lobista en el Congreso.

No conforme con que Odebrecht hiciera el estudio de Ocaña-Gamarra, Bula les propuso a los brasileños firmar un otrosí con la ANI para la construcción del tramo, sin que este fuera licitado. “Comenté a Otto Bula que ya estábamos en conversaciones con la ANI para tales efectos, pero que necesitábamos que fueran incluidas algunas cláusulas que eran fundamentales para la viabilidad del proyecto”, afirmó Martorelli. Entre esas cláusulas estaban el incremento del 15 % a las tarifas de los peajes de la concesión y la creación de nuevos. Al ver la influencia de Bula como lobista en el Congreso, Odebrecht decidió contratarlo mediante un contrato formal firmado el 5 de agosto de 2013, también en poder de este diario.

(En contexto: A Odebrecht y sus socios les salió cara la corrupción en la Ruta del Sol 2)

Según el empresario, podían verificar que el trabajo de Bula se estuviera haciendo debido a los constantes debates de control político a los que eran citados el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y la ANI, para hablar de las cláusulas que debían ser discutidas. En esa oportunidad Martorelli aseguró que, a pesar de que en reiteradas oportunidades le preguntó a Otto Bula quiénes eran los políticos con quienes tenía relación, el excongresista nunca quiso revelar sus nombres. “No tengo cómo confirmar si los recursos transferidos a Otto Bula fueron o no utilizados para pagos a funcionarios públicos, pues dicha información nunca me fue dada por él”, aseguró Martorelli entonces.

Según Martorelli, los pagos a Otto Bula fueron de un total de US$4’600.000 y Odebrecht habría financiado campañas presidenciales durante las elecciones de 2014. Otra de las piezas claves en el principio de oportunidad avalado por la justicia colombiana para los brasileños es una denuncia contra Gabriel García Morales radicada en la Fiscalía colombiana por Bueno Júnior, Mameri y Da Rocha Soares en enero de 2017. En ella relatan el modus operandi del exviceministro y cómo se efectuó el pago de la millonaria coima a Lurion Trading Inc., una empresa de papel que crearon los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays en Panamá para lavar los sobornos a García Morales. El fiscal del caso dejó claro que esas revelaciones fueron esenciales para abrir la investigación de Odebrecht en Colombia.

(Lea también: Las evidencias de la SIC que comprometen a Odebrecht, Corficolombiana y el Grupo Aval)

Ahora los exdirectivos deberán hacer una reparación en tres pagos hasta 2020, de más de $18.000 millones, equivalentes a la coima de US$6,5 millones entregada a García Morales por la adjudicación de la Ruta del Sol 2. El primer pago será en ocho días, el segundo el 31 de agosto de 2019 y el último el 31 de enero de 2020. También deberán ser testigos en otros procesos penales de involucrados en este escándalo. A cambio, la Fiscalía suspenderá toda acción penal en su contra por un término de dos años.

“Manifiesto mi arrepentimiento por las conductas impropias narradas a las autoridades colombianas en mi condición de colaborador de la justicia. Solicito sentidamente disculpas por ellas y corresponder con mi fiel propósito de enmienda, con el deseo de corregir los errores y de reparar los daños que se hayan podido ocasionar”, fueron las palabras de Luiz Antonio Mameri por videoconferencia, luego de que el Juzgado 30 de Garantías en Bogotá avalara el principio de oportunidad que él y otros dos exdirectivos de Odebrecht, Luiz Antonio Bueno Júnior y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, pactaron con la Fiscalía.

Desde que se conoció este gran escándalo de corrupción, los tres han mostrado su intención de colaborar con las autoridades, aunque ninguno se quedó en el país para poner la cara ante la justicia colombiana. En enero de 2017, y directamente desde la Procuraduría General de Brasil, llegaron a la Fiscalía colombiana las declaraciones de Bueno Júnior y Eleuberto Martorelli, exdirectores de Odebrecht en Colombia. Desde entonces los empresarios comenzaron a relatar cómo se pagaron los millonarios sobornos para la adjudicación de contratos de infraestructura vial en el país y quiénes salieron beneficiados.

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El primero en declarar fue Luiz Bueno Júnior, quien contó que llegó a Colombia en abril de 2009 e inició su “integración a la sociedad” en mayo de ese mismo año, a través de la presentación de la compañía al sector empresarial, medios de comunicación y representantes del Gobierno, entre ellos el hoy condenado exviceministro de Transporte Gabriel García Morales. Desde ese momento, García se convirtió en pieza clave en el entramado de corrupción de Odebrecht, ya que entonces se abrieron importantes licitaciones, entre las que se destacaba el proyecto Ruta del Sol 2.

“En ese contexto, contacté a José Elías Melo, el entonces presidente de Corficolombiana/Grupo Aval, y a Carlos Solarte, en la época presidente de CSS Constructores, con el objetivo de evaluar la oportunidad de construir un consorcio para participar en el proceso de licitación referente al lote 2 del Proyecto Ruta del Sol”, aseguró Bueno Júnior a la Fiscalía. Para conformar tal consorcio fueron necesarias varias reuniones, tanto en las oficinas de Corficolombiana como en CSS Constructores. Pero bastaron unos pocos meses para asociar a Odebrecht, Episol (subsidiaria de Corficolombiana) y CSS Constructores en la que se denominó Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

Tras ello, la relación con García Morales se fue afianzando. Ya no solo se reunían en el Ministerio de Transporte, sino también en un apartamento ubicado en el norte de Bogotá. Para octubre de 2009, ad portas de la entrega de la propuesta para la adjudicación del proyecto que acercaría Bogotá a la región Caribe, García Morales, como responsable de la adjudicación del proyecto, “instó para que la compañía produjera una propuesta formalmente perfecta y se comprometió a influir en el proceso de licitación para que fueran descalificadas todas las demás propuestas”, añadió el empresario.

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Por ese trabajo, el exviceministro de Transporte recibió US$6,5 millones autorizados por Luiz Mameri, exdirector de Odebrecht para América Latina. La operación fue todo un éxito y el 15 de diciembre de 2009 el contrato fue adjudicado al Consorcio Ruta del Sol. Días después, según Bueno Júnior, García Morales lo contactó para el pago de la coima, el cual fue programado por el equipo de operaciones estructuradas de Odebrecht entre marzo y septiembre de 2010. Otro de los brasileños que han buscado fallidamente un principio de oportunidad con la justicia colombiana es Eleuberto Martorelli, sucesor de Luiz Bueno en la presidencia de Odebrecht en Colombia.

En su primera declaración a la justicia colombiana, Martorelli relató cómo, desde 2012, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) empezó a ser presionada por “grupos y fuerzas políticas del Cesar y Norte de Santander” para desarrollar el proyecto red vial Cúcuta-Ruta del Sol-Puertos Fluviales. En el marco de ese proyecto, en julio de 2013, se firmó el otrosí número 3 para realizar estudios para la construcción del tramo Ocaña-Gamarra, dando como resultado un avalúo de la obra en $1,2 billones. Previamente, en diciembre de 2012, Martorelli había sido contactado con el excongresista Otto Bula, quien actuaba como lobista en el Congreso.

No conforme con que Odebrecht hiciera el estudio de Ocaña-Gamarra, Bula les propuso a los brasileños firmar un otrosí con la ANI para la construcción del tramo, sin que este fuera licitado. “Comenté a Otto Bula que ya estábamos en conversaciones con la ANI para tales efectos, pero que necesitábamos que fueran incluidas algunas cláusulas que eran fundamentales para la viabilidad del proyecto”, afirmó Martorelli. Entre esas cláusulas estaban el incremento del 15 % a las tarifas de los peajes de la concesión y la creación de nuevos. Al ver la influencia de Bula como lobista en el Congreso, Odebrecht decidió contratarlo mediante un contrato formal firmado el 5 de agosto de 2013, también en poder de este diario.

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Según el empresario, podían verificar que el trabajo de Bula se estuviera haciendo debido a los constantes debates de control político a los que eran citados el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y la ANI, para hablar de las cláusulas que debían ser discutidas. En esa oportunidad Martorelli aseguró que, a pesar de que en reiteradas oportunidades le preguntó a Otto Bula quiénes eran los políticos con quienes tenía relación, el excongresista nunca quiso revelar sus nombres. “No tengo cómo confirmar si los recursos transferidos a Otto Bula fueron o no utilizados para pagos a funcionarios públicos, pues dicha información nunca me fue dada por él”, aseguró Martorelli entonces.

Según Martorelli, los pagos a Otto Bula fueron de un total de US$4’600.000 y Odebrecht habría financiado campañas presidenciales durante las elecciones de 2014. Otra de las piezas claves en el principio de oportunidad avalado por la justicia colombiana para los brasileños es una denuncia contra Gabriel García Morales radicada en la Fiscalía colombiana por Bueno Júnior, Mameri y Da Rocha Soares en enero de 2017. En ella relatan el modus operandi del exviceministro y cómo se efectuó el pago de la millonaria coima a Lurion Trading Inc., una empresa de papel que crearon los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays en Panamá para lavar los sobornos a García Morales. El fiscal del caso dejó claro que esas revelaciones fueron esenciales para abrir la investigación de Odebrecht en Colombia.

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Ahora los exdirectivos deberán hacer una reparación en tres pagos hasta 2020, de más de $18.000 millones, equivalentes a la coima de US$6,5 millones entregada a García Morales por la adjudicación de la Ruta del Sol 2. El primer pago será en ocho días, el segundo el 31 de agosto de 2019 y el último el 31 de enero de 2020. También deberán ser testigos en otros procesos penales de involucrados en este escándalo. A cambio, la Fiscalía suspenderá toda acción penal en su contra por un término de dos años.