Exdirectivos de Odebrecht piden perdón por la corrupción cometida en Colombia

El Juzgado 30 de Garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad (Resolución 0026 del 3 de enero de 2019) que la Fiscalía firmó con Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, exdirectivos de Odebrecht. Los investigados, presentes en la audiencia a través de videoconferencia desde Brasil, han sido claves para tratar de desenmarañar la historia de los sobornos que pagó la multinacional en el país. Además, pidieron perdón por los hechos de corrupción cometidos en Colombia. 

El primero en pedir perdón fue Luis Antonio Mameri. “Señora juez con función de control de garantías y, por intermedio, a la sociedad colombiana, manifiesto mi arrepentimiento por las conductas impropias narradas a las autoridades colombinas en mi condición de colaborador de la justicia. Solicito sentidamente disculpas por ellas y corresponder con mi fiel propósito personal de enmienda y con el deseo propio de corregir los errores y de reparar los daños que se hayan podido ocasionar. Puedo garantizar que estoy totalmente comprometido en actuar con base en los valores de honestidad y ética”. Después lo hicieron Luiz Eduardo Da Rocha Soares y por último Luiz Antonio Bueno Júnior. 

Con ese beneficio judicial, de acuerdo con la jueza, los exdirectivos se comprometieron a ser testigos en otros procesos penales y a pagar una reparación —en tres pagos hasta el 2020— de más de $18.000 millones, equivalente a la coima de US$6,5 millones que le dieron a Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte, por la adjudicación del tramo II de la Ruta del Sol. El primer pago será en ocho días, el segundo pago el 31 de agosto de 2019 y el último el 31 de enero de 2020.

(Le puede interesar: Lo que ha pasado en el caso Odebrecht en 2018)

A cambio, el organismo investigativo suspenderá la acción penal por dos años contra los exdirectivos por el delito de cohecho por dar u ofrecer. Aunque la Contraloría y la Procuraduría no se opusieron al beneficio judicial, esta última consideró que en el principio de oportunidad debe ser aclarado que los exdirectivos deben comprometerse a declarar en otros procesos no solo penales, sino fiscales y disciplinarios. 

Cómo parte de este beneficio judicial, los directivos serán testigos de cargo en un proceso clave: el juicio contra José Elías Melo. El expresidente de Corficolombiana, según la Fiscalía, conoció los movimientos de los sobornos dados por la firma brasilera para la concesión de la Ruta del Sol II. Melo es investigado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y celebración indebida de contratos, proceso que continuará el próximo 21 de enero. 

(Vea: Néstor Humberto Martínez sospechó que hallazgos de Pizano eran delitos)

El origen de este proceso judicial es el contrato del sector II de la Ruta del Sol, la construcción o rehabilitación de 528 kilómetros de carretera entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), un negocio estimado en $5 billones.La multinacional tenía el 65% de la Concesionaria Ruta del Sol, una sociedad integrada por Episol (una filial de Corficolombiana) y CSS Constructores, del grupo Solarte.

Nota de la editora: Esta nota fue actualizada con la decisión de la jueza de garantías. Se publicó por primera vez cuando comenzó la audiencia en los Juzgados de Paloquemao.

El Juzgado 30 de Garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad (Resolución 0026 del 3 de enero de 2019) que la Fiscalía firmó con Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, exdirectivos de Odebrecht. Los investigados, presentes en la audiencia a través de videoconferencia desde Brasil, han sido claves para tratar de desenmarañar la historia de los sobornos que pagó la multinacional en el país. Además, pidieron perdón por los hechos de corrupción cometidos en Colombia. 

El primero en pedir perdón fue Luis Antonio Mameri. “Señora juez con función de control de garantías y, por intermedio, a la sociedad colombiana, manifiesto mi arrepentimiento por las conductas impropias narradas a las autoridades colombinas en mi condición de colaborador de la justicia. Solicito sentidamente disculpas por ellas y corresponder con mi fiel propósito personal de enmienda y con el deseo propio de corregir los errores y de reparar los daños que se hayan podido ocasionar. Puedo garantizar que estoy totalmente comprometido en actuar con base en los valores de honestidad y ética”. Después lo hicieron Luiz Eduardo Da Rocha Soares y por último Luiz Antonio Bueno Júnior. 

Con ese beneficio judicial, de acuerdo con la jueza, los exdirectivos se comprometieron a ser testigos en otros procesos penales y a pagar una reparación —en tres pagos hasta el 2020— de más de $18.000 millones, equivalente a la coima de US$6,5 millones que le dieron a Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte, por la adjudicación del tramo II de la Ruta del Sol. El primer pago será en ocho días, el segundo pago el 31 de agosto de 2019 y el último el 31 de enero de 2020.

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A cambio, el organismo investigativo suspenderá la acción penal por dos años contra los exdirectivos por el delito de cohecho por dar u ofrecer. Aunque la Contraloría y la Procuraduría no se opusieron al beneficio judicial, esta última consideró que en el principio de oportunidad debe ser aclarado que los exdirectivos deben comprometerse a declarar en otros procesos no solo penales, sino fiscales y disciplinarios. 

Cómo parte de este beneficio judicial, los directivos serán testigos de cargo en un proceso clave: el juicio contra José Elías Melo. El expresidente de Corficolombiana, según la Fiscalía, conoció los movimientos de los sobornos dados por la firma brasilera para la concesión de la Ruta del Sol II. Melo es investigado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y celebración indebida de contratos, proceso que continuará el próximo 21 de enero. 

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El origen de este proceso judicial es el contrato del sector II de la Ruta del Sol, la construcción o rehabilitación de 528 kilómetros de carretera entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), un negocio estimado en $5 billones.La multinacional tenía el 65% de la Concesionaria Ruta del Sol, una sociedad integrada por Episol (una filial de Corficolombiana) y CSS Constructores, del grupo Solarte.

Nota de la editora: Esta nota fue actualizada con la decisión de la jueza de garantías. Se publicó por primera vez cuando comenzó la audiencia en los Juzgados de Paloquemao.