Exdirector de cárcel en Tuluá fue sancionado por incendio que dejó 56 muertos

El 28 de junio de 2022 se registró el peor incendio en una cárcel en Colombia. Ocurrió en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tuluá (Valle del Cauca) y el resultado fue el de 56 personas muertas y una decena más terminaron gravemente heridas. La Procuraduría, al investigar el papel que jugaron los funcionarios públicos que tenían a su mando la protección y control del penal, decidió sancionar a cuatro.

El primero de ellos es Arely Julián Fernández Torres, el director encargado del penal cuando sucedieron los hechos. Según la decisión del Ministerio Público, el funcionario queda suspendido para ejercer cargos públicos durante 11 meses. El segundo es Javier de Jesús Orozco Gómez, quien se desempeñaba como comandante de vigilancia; y los últimos dos son los entonces dragoneantes, Luis Felipe Cruz Arredondo y Edilson Alberto Marín Marín. Los tres últimos fueron suspendidos durante 9 meses.

“De acuerdo con las pruebas recaudadas, una riña sostenida entre algunos detenidos, por el control del microtráfico en el patio ocho, generó un incendio que cobró la vida de 56 internos dentro del establecimiento penitenciario y carcelario. Por estos hechos, la Procuraduría sancionó al entonces director Fernández Torres quien, más allá de la gestión que haya realizado para la asignación de más personal de guardianes, no garantizó las medidas eficaces para garantizar la disciplina dentro de dicho establecimiento”, explicó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

Para la Procuraduría, el Fernández Torres no ejecutó las medidas de control necesarias para garantizar la integridad y seguridad de las personas privadas de la libertad que se encontraban en la cárcel de Tuluá. De acuerdo con los testimonios recopilados en la investigación, “las disputas entre los líderes de los combos criminales eran permanentes lo que demandaba la adopción de medidas”, dice el comunicado. Asimismo, las pesquisas del ente de control le permitieron sancionar también a los entonces tenientes de Prisiones, Orozco Gómez y dragoneantes, Cruz Arredondo y Marín Marín, “por omisión, pues fallaron en los servicios de orden, seguridad, disciplina, custodia y vigilancia que debían implementarse en el establecimiento de reclusión”.

Para la Procuraduría, las faltas cometidas por los disciplinados fueron graves. Los sancionados podrán apelar la decisión ante la Sala Ordinaria Disciplinaria de Juzgamiento. Lo que se supo en su momento es que, luego de una riña entre varios presos, algunos prendieron fuego a algunas colchonetas, lo que hizo que el incendio se propagara por gran parte de la prisión de mediana seguridad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El 28 de junio de 2022 se registró el peor incendio en una cárcel en Colombia. Ocurrió en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tuluá (Valle del Cauca) y el resultado fue el de 56 personas muertas y una decena más terminaron gravemente heridas. La Procuraduría, al investigar el papel que jugaron los funcionarios públicos que tenían a su mando la protección y control del penal, decidió sancionar a cuatro.

El primero de ellos es Arely Julián Fernández Torres, el director encargado del penal cuando sucedieron los hechos. Según la decisión del Ministerio Público, el funcionario queda suspendido para ejercer cargos públicos durante 11 meses. El segundo es Javier de Jesús Orozco Gómez, quien se desempeñaba como comandante de vigilancia; y los últimos dos son los entonces dragoneantes, Luis Felipe Cruz Arredondo y Edilson Alberto Marín Marín. Los tres últimos fueron suspendidos durante 9 meses.

“De acuerdo con las pruebas recaudadas, una riña sostenida entre algunos detenidos, por el control del microtráfico en el patio ocho, generó un incendio que cobró la vida de 56 internos dentro del establecimiento penitenciario y carcelario. Por estos hechos, la Procuraduría sancionó al entonces director Fernández Torres quien, más allá de la gestión que haya realizado para la asignación de más personal de guardianes, no garantizó las medidas eficaces para garantizar la disciplina dentro de dicho establecimiento”, explicó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

Para la Procuraduría, el Fernández Torres no ejecutó las medidas de control necesarias para garantizar la integridad y seguridad de las personas privadas de la libertad que se encontraban en la cárcel de Tuluá. De acuerdo con los testimonios recopilados en la investigación, “las disputas entre los líderes de los combos criminales eran permanentes lo que demandaba la adopción de medidas”, dice el comunicado. Asimismo, las pesquisas del ente de control le permitieron sancionar también a los entonces tenientes de Prisiones, Orozco Gómez y dragoneantes, Cruz Arredondo y Marín Marín, “por omisión, pues fallaron en los servicios de orden, seguridad, disciplina, custodia y vigilancia que debían implementarse en el establecimiento de reclusión”.

Para la Procuraduría, las faltas cometidas por los disciplinados fueron graves. Los sancionados podrán apelar la decisión ante la Sala Ordinaria Disciplinaria de Juzgamiento. Lo que se supo en su momento es que, luego de una riña entre varios presos, algunos prendieron fuego a algunas colchonetas, lo que hizo que el incendio se propagara por gran parte de la prisión de mediana seguridad.

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