Exdirector de la Unidad de Víctimas a juicio disciplinario por incumplir fallos
Enrique Ardila Franco, exdirector técnico de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV), habría omitido fallos judiciales relacionados con la atención de víctimas de desplazamiento forzado y abuso sexual.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Enrique Ardila Franco, exdirector técnico de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV). Ardila es señalado de presuntamente omitir el cumplimiento de fallos judiciales relacionados con la atención de víctimas de desplazamiento forzado y abuso sexual.
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El proceso disciplinario indaga si Ardila no atendió debidamente la solicitud de Enith Bermúdez Caicedo, una ciudadana que, en su calidad de víctima, solicitó los beneficios de indemnización administrativa establecidos por ley. La Procuraduría también busca determinar si el exfuncionario proporcionó la información necesaria para que Bermúdez accediera a estos beneficios de forma legal desde el año 2019.
La no resolución de la petición de la ciudadana, según el organismo de control, habría causado daños y perjuicios, además de una posible vulneración de sus derechos fundamentales. El Ministerio Público examina las implicaciones de esta omisión en el proceso de reparación de la víctima.
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Por el momento, el Ministerio Público calificó provisionalmente la falta cometida por Ardila como grave, bajo la figura de culpa gravísima, y adelantará el juicio disciplinario para esclarecer los hechos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Enrique Ardila Franco, exdirector técnico de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV). Ardila es señalado de presuntamente omitir el cumplimiento de fallos judiciales relacionados con la atención de víctimas de desplazamiento forzado y abuso sexual.
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El proceso disciplinario indaga si Ardila no atendió debidamente la solicitud de Enith Bermúdez Caicedo, una ciudadana que, en su calidad de víctima, solicitó los beneficios de indemnización administrativa establecidos por ley. La Procuraduría también busca determinar si el exfuncionario proporcionó la información necesaria para que Bermúdez accediera a estos beneficios de forma legal desde el año 2019.
La no resolución de la petición de la ciudadana, según el organismo de control, habría causado daños y perjuicios, además de una posible vulneración de sus derechos fundamentales. El Ministerio Público examina las implicaciones de esta omisión en el proceso de reparación de la víctima.
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Por el momento, el Ministerio Público calificó provisionalmente la falta cometida por Ardila como grave, bajo la figura de culpa gravísima, y adelantará el juicio disciplinario para esclarecer los hechos.
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