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Fernando Sanclemente, quien fue el embajador de Colombia en Uruguay hasta abril pasado, fue citado a interrogatorio en la Fiscalía. La diligencia está relacionada con el laboratorio de procesamiento de cocaína que fue hallado en una finca vinculada a su familia en febrero de este año. Hace meses un fiscal delegado ante la Corte Suprema le abrió una indagación preliminar a Sanclemente, el exfuncionario ha insistido en su inocencia y ha dicho que está a disposición de las autoridades, pero este es el primer llamamiento que le hacen desde que estalló el escándalo.
(En contexto: “No soy bandido, soy una víctima de estas circunstancias”: Fernando Sanclemente)
El interrogatorio se da casi dos meses después de que la Fiscalía le diera un vuelco a la investigación. Inicialmente, habían sido rápidamente condenados cinco hombres que fueron capturados en flagrancia cuando la Policía, la Fiscalía y autoridades de Estados Unidos irrumpieron en el laboratorio artesanal que habían construido en la finca Haras de San Fernando, ubicada en zona rural de Guasca (Cundinamarca). El predio pertenece a la sociedad Colinas de Guasca, que figura, por un lado, a nombre de sociedades de los padres del exembajador Sanclemente, y, por otro, a la organización Inmobiliaria Dann.
“Ese embajador va a tener que responder ante la justicia colombiana”, dijo en abril el fiscal Francisco Barbosa, en entrevista con Juan Lozano en RCN. Ya para ese momento, Sanclemente llevaba un par de meses con el escándalo a cuestas, pero solo hasta entonces la Fiscalía le abrió una indagación preliminar que tiene que llevar ante la Corte Suprema, pues se trata de un alto funcionario. En paralelo, el ente investigador venía escuchando al mayordomo de la finca, Laureano Martínez, a quien le prometieron una condena menos severa a cambio de que diera información sobre los alcances de la red de narcotráfico, la ubicación de otros laboratorios, entre otros detalles.
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Este diario reveló esa colaboración en octubre pasado y en cuestión de días cambiaron a la fiscal que llevaba el caso y retiraron el preacuerdo al que solo le faltaba el visto bueno de un juez. Ahora, Martínez y quien sería su mano derecha, Gustavo Bejarano, cambiaron su matriz de colaboración y uno de los primeros pasos para encender el ventilador es que tendrían que ser trasladados al búnker de la Fiscalía. No obstante, y a pesar de la insistencia del ente investigador y de los abogados de ambos, el traslado, que es responsabilidad del Inpec o de la Policía, todavía no se da.
La defensa de Sanclemente, desde el allanamiento en el que se encontró el narcolaboratorio, le ha dicho a la Fiscalía que están prestos a colaborar. Le escribieron, por ejemplo, a la fiscal del caso, que los investigadores encargados del operativo habían dejado varias pruebas en el piso de la finca y las hicieron llegar al búnker. En esa línea, la defensa de él y su hermano, Gilberto Sanclemente, ha sido que descuidaron sus labores como gerentes de la hacienda, pero que no tenían idea del laboratorio. Así lo declaró Gilberto Sanclemente en el ente investigador cuando rindió entrevista el 24 de febrero.
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“Aquí no se me puede dar el tratamiento de bandido o mafioso cuando soy una víctima de estas circunstancias”, dijo el propio exembajador hace unos meses en entrevista con El Espectador. Lo cierto es que ahora, por la decisión de la Fiscalía de llamarlo a interrogatorio tendrá la calidad de indiciado. Y, si el fiscal del caso, Daniel Hernández, encuentra mérito en la diligencia que tendrá lugar el 9 de diciembre a las 9:00 a.m., podría terminar vinculándolo a una investigación formal.