Exfiscal Gustavo Moreno dice que su colaboración con la justicia estaría en riesgo

Un cambio sustancial en la prórroga del principio de oportunidad del testigo Luis Gustavo Moreno podría constituir un nuevo lío para esclarecer toda la verdad del escándalo del cartel de la toga. La resolución 01044 que le otorga por un año más sus beneficios por colaboración para no ser procesado por tres delitos fue firmada por el fiscal Francisco Barbosa el pasado 30 de junio y, en esencia, recapitula toda su contribución a la verdad sobre 18 integrantes o beneficiarios de esta organización criminal. Sin embargo, dicha prórroga le añadió un nuevo elemento al principio de oportunidad: además de su obligación de comparecer a todos los juicios y declarar todo lo que sabe sobre ese entramado de corrupción, ahora las confesiones de Moreno serán valoradas para determinar si resultan determinantes para impartir condenas.

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Según el documento, en poder de El Espectador, en un año la Fiscalía deberá rendir “un informe evaluativo indicando cuál fue el resultado de la verificación de la totalidad de la información suministrada por Luis Gustavo Moreno Rivera y si el testimonio fue importante, contundente, útil y/o determinante dentro de las correspondientes sentencias condenatorias, las que deberá allegar al momento de solicitar la renuncia de la acción penal”. Las tres anteriores resoluciones del principio de oportunidad, el pactado en 2018 y las prórrogas firmadas en 2019 y 2020 no contenían esa disposición y solo le exigían a Moreno aportar las evidencias de sus acusaciones, comparecer a los juicios y contar la verdad. Pero, en este nuevo documento, se agrega que se evaluará si sus delaciones derivan en sentencias. Algo que, para Moreno y su defensa, resulta absurdo.

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“La Fiscalía le está añadiendo cosas a la prórroga del principio de oportunidad como si fuera un carrito de mercado al que se le puedan ir añadiendo cosas cuando uno va de compras. Y estas nuevas exigencias afectan esa negociación porque, además, escapan a la órbita del cumplimiento del testigo, en este caso yo. Se está pidiendo que los juicios todos lleguen hasta su culminación y eso no depende de mí. Hay procesos que no se han movido y eso no depende de Gustavo Moreno. Otra exigencia que han agregado es que las sentencias sean condenatorias. A este paso seguramente muchas van a prescribir por el paso del tiempo y eso no me lo pueden adjudicar a mí”, le dijo desde su sitio de reclusión Luis Gustavo Moreno a El Espectador. En su criterio, lo único exigible a él es contar la verdad, pero no garantizar condenas.

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“Hay intereses en que este principio de oportunidad se caiga y eso afecta toda la cooperación. Incluso obligaría a que no se tengan en cuenta las declaraciones que ya di y que hacen parte de decisiones judiciales. Es un tema muy grave”, señaló. En ese sentido, recordó el testigo que hay varios beneficiarios del cartel, como los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton, que aún no han sido condenados por el cartel de la toga, entre otras razones porque se acogieron a la JEP, aunque Besaile ya fue expulsado. Desde esa perspectiva, dice Moreno, trasladarle la responsabilidad de las condenas a un testigo resulta desproporcionado y, en cambio, podría enredar la colaboración del exfiscal anticorrupción, que ha sido esencial en las condenas que ya profirió la justicia contra los exmagistrados de la Corte Suprema Francisco Javier Ricaurte y Gustavo Malo.

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En esa misma línea se pronunció Pedro Aguilar, abogado de Moreno. En carta enviada al fiscal Francisco Barbosa el pasado 1 de septiembre, señaló: “Determinar la eficacia de la colaboración del aspirante ‘en la valoración de las sentencias condenatorias proferidas contra las personas frente a quienes testificará’, rompe con lo trazado cuando se aprobó el principio de oportunidad y le traslada a mi representado atribuciones que solo le corresponden a la Fiscalía General de la Nación. A esta institución, para el cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, le corresponde ‘investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito’. Y llevar al acusado hasta sentencia condenatoria es una carga procesal que realiza ante los jueces y tribunales”. Para el abogado Aguilar, esto debe ajustarse en el principio de oportunidad de su cliente.

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El abogado remató su alegato explicando que es la administración de justicia la encargada de que no haya impunidad en ningún caso, pero que de ello no puede ocuparse un testigo. Es decir, es el Estado y sus funcionarios o fiscales los responsables de lograr esas condenas. “Una deficiencia funcional, un incorrecto planteamiento de la teoría del caso, un olvido del funcionario, una morosidad judicial, etcétera, pueden llevar al traste con esa pretensión. Pero ya Luis Gustavo Moreno cumplió con fungir como testigo de cargo. Su compromiso es con la verdad”, expuso. Por último, resaltó que César Reyes, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, expidió hace poco una constancia indicando que la acusación que profirió ese alto tribunal contra el excongresista Nilton Córdoba tuvo “como soporte probatorio” la colaboración de Moreno.

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Luis Gustavo Moreno se comprometió a declarar en juicio –o ha declarado ya– contra los excongresistas Musa Besaile, Álvaro Ashton, Nilton Córdoba, Argenis Velásquez, Julio Gallardo Archbold y Martín Emilio Morales; los exgobernadores Alejandro Lyons, Juan Carlos Abadía y Lucas Gnecco Cerchar; el exfiscal delegado ante la Corte Alfredo Bettín Sierra (quién ya aceptó su responsabilidad), el exmagistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz (quien ya está condenado), los exmagistrados de la Corte Suprema Francisco Javier Ricaurte, Camilo Tarquino, Leonidas Bustos y Gustavo Malo, y los abogados Luis Ignacio Lyons España, Leonardo Luis Pinilla (exsocio de Moreno y pieza clave en los famosos audios de la DEA) y Gerardo Torres Roldán.

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Desde hace cuatro años el ventilador de Luis Gustavo Moreno destapó el caso de corrupción más grave en la cúpula del poder judicial. Sus confesiones han marcado la ruta de las pesquisas de la justicia en este expediente, que tuvo ribetes internacionales con extradición a los Estados Unidos de por medio, y la decisión del Senado de declarar indignos a tres exmagistrados de la Corte Suprema. Hoy sus confesiones continúan siendo claves para esclarecer lo que pasó, pero las modificaciones de la Fiscalía a su principio de oportunidad podrían tener incidencia en su colaboración con la justicia. Este martes, ante un juez de control de garantías, tanto Moreno como su defensa expondrán en audiencia pública estas preocupaciones. Al final, será un juez el que avale o no la prórroga del principio solicitada por la Fiscalía.

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El Espectador consultó a la Fiscalía sobre este debate. A través de un comunicado, la entidad señaló: “Respecto al principio de oportunidad del señor Luis Gustavo Moreno, la Oficina de Principios de Oportunidad solicitó incluir nuevas obligaciones. La audiencia de prórroga programada para el próximo 7 de septiembre será el escenario para tratar el tema”. De lo que pase en la audiencia de este martes dependerá el futuro de Luis Gustavo Moreno como testigo.

Un cambio sustancial en la prórroga del principio de oportunidad del testigo Luis Gustavo Moreno podría constituir un nuevo lío para esclarecer toda la verdad del escándalo del cartel de la toga. La resolución 01044 que le otorga por un año más sus beneficios por colaboración para no ser procesado por tres delitos fue firmada por el fiscal Francisco Barbosa el pasado 30 de junio y, en esencia, recapitula toda su contribución a la verdad sobre 18 integrantes o beneficiarios de esta organización criminal. Sin embargo, dicha prórroga le añadió un nuevo elemento al principio de oportunidad: además de su obligación de comparecer a todos los juicios y declarar todo lo que sabe sobre ese entramado de corrupción, ahora las confesiones de Moreno serán valoradas para determinar si resultan determinantes para impartir condenas.

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Según el documento, en poder de El Espectador, en un año la Fiscalía deberá rendir “un informe evaluativo indicando cuál fue el resultado de la verificación de la totalidad de la información suministrada por Luis Gustavo Moreno Rivera y si el testimonio fue importante, contundente, útil y/o determinante dentro de las correspondientes sentencias condenatorias, las que deberá allegar al momento de solicitar la renuncia de la acción penal”. Las tres anteriores resoluciones del principio de oportunidad, el pactado en 2018 y las prórrogas firmadas en 2019 y 2020 no contenían esa disposición y solo le exigían a Moreno aportar las evidencias de sus acusaciones, comparecer a los juicios y contar la verdad. Pero, en este nuevo documento, se agrega que se evaluará si sus delaciones derivan en sentencias. Algo que, para Moreno y su defensa, resulta absurdo.

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“La Fiscalía le está añadiendo cosas a la prórroga del principio de oportunidad como si fuera un carrito de mercado al que se le puedan ir añadiendo cosas cuando uno va de compras. Y estas nuevas exigencias afectan esa negociación porque, además, escapan a la órbita del cumplimiento del testigo, en este caso yo. Se está pidiendo que los juicios todos lleguen hasta su culminación y eso no depende de mí. Hay procesos que no se han movido y eso no depende de Gustavo Moreno. Otra exigencia que han agregado es que las sentencias sean condenatorias. A este paso seguramente muchas van a prescribir por el paso del tiempo y eso no me lo pueden adjudicar a mí”, le dijo desde su sitio de reclusión Luis Gustavo Moreno a El Espectador. En su criterio, lo único exigible a él es contar la verdad, pero no garantizar condenas.

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En esa misma línea se pronunció Pedro Aguilar, abogado de Moreno. En carta enviada al fiscal Francisco Barbosa el pasado 1 de septiembre, señaló: “Determinar la eficacia de la colaboración del aspirante ‘en la valoración de las sentencias condenatorias proferidas contra las personas frente a quienes testificará’, rompe con lo trazado cuando se aprobó el principio de oportunidad y le traslada a mi representado atribuciones que solo le corresponden a la Fiscalía General de la Nación. A esta institución, para el cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, le corresponde ‘investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito’. Y llevar al acusado hasta sentencia condenatoria es una carga procesal que realiza ante los jueces y tribunales”. Para el abogado Aguilar, esto debe ajustarse en el principio de oportunidad de su cliente.

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El abogado remató su alegato explicando que es la administración de justicia la encargada de que no haya impunidad en ningún caso, pero que de ello no puede ocuparse un testigo. Es decir, es el Estado y sus funcionarios o fiscales los responsables de lograr esas condenas. “Una deficiencia funcional, un incorrecto planteamiento de la teoría del caso, un olvido del funcionario, una morosidad judicial, etcétera, pueden llevar al traste con esa pretensión. Pero ya Luis Gustavo Moreno cumplió con fungir como testigo de cargo. Su compromiso es con la verdad”, expuso. Por último, resaltó que César Reyes, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, expidió hace poco una constancia indicando que la acusación que profirió ese alto tribunal contra el excongresista Nilton Córdoba tuvo “como soporte probatorio” la colaboración de Moreno.

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