Exfiscal Martínez Lugo, vinculado en “chuzadas”, busca negociar con la Fiscalía

Fabio Martínez Lugo, el exfiscal que está ante los estrados judiciales por un episodio de interceptaciones ilegales, pretende celebrar un preacuerdo con la Fiscalía General. La solicitud la hizo a través de su abogado Miguel Ángel del Río, quien en una misiva de dos páginas aclaró que la intención tiene como finalidad lograr “una pronta y cumplida justicia” en los procesos que se surte en su contra. El penalista en diálogo con El Espectador aclaró que no descarta que en el proceso de juicio puedan consolidar un principio de oportunidad.

Martínez Lugo está ante los estrados judiciales por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de comunicaciones por supuestamente ordenar “chuzar” al presidente de Enel Colombia, Lucio Rubio Díaz; el abogado Felipe Jaramillo Londoño, y el vicepresidente del sindicato de aviadores (Acdac), Julián Pinzón Saavedra. Este proceso nació en los allanamientos realizados a la firma JHS consultores, de propiedad del coronel Jorge Salinas, el 4 de agosto de 2018 y en el que se encontraron en dispositivos electrónicos carpetas referidas a “chuzadas” a Avianca.

Le puede interesar: ¿En qué va el caso de las “chuzadas” desde la Fiscalía, después de dos años?

En este caso, la intención de Del Río es avanzar con el juicio que se adelanta en contra de su defendido. Dejó claro que la iniciativa de empezar una negociación con la Fiscalía no es únicamente de la parte acusada, pues el fiscal 12 delegado Álvaro Betancur también tiene el propósito de adelantar dichos trámites que favorecerían a ambos lados. Martínez Lugo se comprometería a entregar información respecto de las denominadas “chuzadas” y a cambio recibiría beneficios en su condena.

Cabe mencionar que sobre Martínez Lugo pesan dos procesos. El mencionado con el cual buscan una negociación y el segundo por calumnia. En este caso el exfiscal puso contra las cuerdas al entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez por afirmar que habría impartido órdenes para fomentar interceptaciones ilegales. Según lo que dijo el exfuncionario desde la cárcel Picota, en Bogotá, durante 2019, es que esas directrices estaban encaminadas a conocer las comunicaciones de negociadores de paz, abogados litigantes y funcionarios del mismo organismo.

Lea también: El capítulo Avianca en las chuzadas ilegales

Los procesos judiciales en contra de Martínez Lugo no solo se han movido en la justicia ordinaria. El exfuncionario pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en septiembre de 2020, argumentando que sus faltas tenían relación con el conflicto armado en Colombia, sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas no los aceptó dado que “no existe prueba alguna de las interceptaciones ilegales y que además no pueden darse por probadas a partir de notas periodísticas”.

Aquella vez, el exfiscal Fabio Augusto Martínez intentó entrar a la justicia transicional indicando que conoce “información pormenorizada sobre cómo la Fiscalía actúa bajo órdenes del Fiscal General -entonces Néstor Humberto Martínez- para la interceptación telefónica de todos aquellos casos que resulten relevantes para la esfera nacional”.

En una segunda petición al tribunal de paz, le volvieron a cerrar la puerta. Ocurrió en marzo de este año cuando la Sala de Apelación de la JEP recordó que Martínez Lugo debe demostrar que los hechos por los que es acusado ocurrieron en el marco del conflicto armado. En este caso la justicia transicional le recordó que sus actuaciones no tienen vínculo con ello.

Fabio Martínez Lugo, el exfiscal que está ante los estrados judiciales por un episodio de interceptaciones ilegales, pretende celebrar un preacuerdo con la Fiscalía General. La solicitud la hizo a través de su abogado Miguel Ángel del Río, quien en una misiva de dos páginas aclaró que la intención tiene como finalidad lograr “una pronta y cumplida justicia” en los procesos que se surte en su contra. El penalista en diálogo con El Espectador aclaró que no descarta que en el proceso de juicio puedan consolidar un principio de oportunidad.

Martínez Lugo está ante los estrados judiciales por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de comunicaciones por supuestamente ordenar “chuzar” al presidente de Enel Colombia, Lucio Rubio Díaz; el abogado Felipe Jaramillo Londoño, y el vicepresidente del sindicato de aviadores (Acdac), Julián Pinzón Saavedra. Este proceso nació en los allanamientos realizados a la firma JHS consultores, de propiedad del coronel Jorge Salinas, el 4 de agosto de 2018 y en el que se encontraron en dispositivos electrónicos carpetas referidas a “chuzadas” a Avianca.

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En este caso, la intención de Del Río es avanzar con el juicio que se adelanta en contra de su defendido. Dejó claro que la iniciativa de empezar una negociación con la Fiscalía no es únicamente de la parte acusada, pues el fiscal 12 delegado Álvaro Betancur también tiene el propósito de adelantar dichos trámites que favorecerían a ambos lados. Martínez Lugo se comprometería a entregar información respecto de las denominadas “chuzadas” y a cambio recibiría beneficios en su condena.

Cabe mencionar que sobre Martínez Lugo pesan dos procesos. El mencionado con el cual buscan una negociación y el segundo por calumnia. En este caso el exfiscal puso contra las cuerdas al entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez por afirmar que habría impartido órdenes para fomentar interceptaciones ilegales. Según lo que dijo el exfuncionario desde la cárcel Picota, en Bogotá, durante 2019, es que esas directrices estaban encaminadas a conocer las comunicaciones de negociadores de paz, abogados litigantes y funcionarios del mismo organismo.

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Los procesos judiciales en contra de Martínez Lugo no solo se han movido en la justicia ordinaria. El exfuncionario pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en septiembre de 2020, argumentando que sus faltas tenían relación con el conflicto armado en Colombia, sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas no los aceptó dado que “no existe prueba alguna de las interceptaciones ilegales y que además no pueden darse por probadas a partir de notas periodísticas”.

Aquella vez, el exfiscal Fabio Augusto Martínez intentó entrar a la justicia transicional indicando que conoce “información pormenorizada sobre cómo la Fiscalía actúa bajo órdenes del Fiscal General -entonces Néstor Humberto Martínez- para la interceptación telefónica de todos aquellos casos que resulten relevantes para la esfera nacional”.

En una segunda petición al tribunal de paz, le volvieron a cerrar la puerta. Ocurrió en marzo de este año cuando la Sala de Apelación de la JEP recordó que Martínez Lugo debe demostrar que los hechos por los que es acusado ocurrieron en el marco del conflicto armado. En este caso la justicia transicional le recordó que sus actuaciones no tienen vínculo con ello.