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La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a dos exfuncionarios de este ente investigador como presuntos responsables de usar sus cargos dentro de la Fiscalía e incurrir en varios hechos ilegales para realizar interceptaciones ilegales a comunicaciones entre los años 2017 y 2018. Los presuntos responsables serían el exfiscal especializado Fabio Augusto Martínez Lugo y el exinvestigador Luis Carlos Gómez Góngora.
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De acuerdo con las pruebas entregadas por la Fiscalía, el exinvestigador Gómez Góngora habría entregado informes de Policía judicial creados a partir de información falsa. Estos informes fueron utilizados para justificar diferentes órdenes de intervención a líneas telefónicas en procesos que el exfiscal Martínez tenía a cargo. Así, estos dos exfuncionarios habrían hecho que varios jueces de control de garantías que se encontraban ejerciendo control a estas actuaciones incurrieran en el error.
Estos exfuncionarios ya se encontraban siendo investigados por otros hechos de interceptaciones ilegales. Estos fueron procesados en su momento por haber interceptado a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles y al presidente para Latinoamérica del Grupo Enel-Codensa. Gómez Góngora ya había sido condenado a ocho años y cuatro meses de prisión por “chuzar” las comunicaciones de un piloto miembro de esta asociación de Aviadores.
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Por otro lado, al exfiscal Martínez fue acusado por la intervención a las comunicaciones del presidente de Enel Codensa, Lucio Rubio Díaz, y al abogado Felipe Jaramillo como parte de procesos en contra del Grupo de Energía de Bogotá. Ahora, Martínez y Gómez Góngora aceptaron cargos por interceptaciones ilegales que se llevaron a cabo entre los años 2012 y 2013.
El primer hecho se trata sobre las interceptaciones ilegales que realizaron los dos exfuncionarios a dos mujeres en el año 2012. Los exfuncionarios interceptaron las líneas telefónicas de estas mujeres por su posible relación con la desaparición de un hombre en Bogotá en marzo de ese año. Ahora, la Fiscalía determino que las dos mujeres eran ajenas a este caso, y una de ellas era la encargada del proceso de liquidación del frigorífico San Martín.
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Por otra parte, como parte de la investigación que llevaba el ente investigador por el secuestro de una persona en Bogotá durante el 2013, se dictaron órdenes para intervenir varias líneas telefónicas. Entre estas líneas se encontraban las de un empresario español, un abogado y varios de sus familiares. Según las investigaciones de la Fiscalía, estas personas afectadas no tenían ninguna relación con el secuestro de este hombre.
La Fiscalía también informó que “la información obtenida en estos dos eventos, presuntamente, fue destruida sin dejar rastro en el sistema misional SPOA y en el almacén de evidencias”. Por estos hechos, los exfuncionarios fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y prevaricato por acción.
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