Exgerente de la Triple A, Ramón Navarro, pierde beneficio de casa por cárcel

El Tribunal Superior de Barranquilla acaba de revocar la prisión domiciliaria con la que contaba el exgerente de la Triple A, Ramón Navarro, condenado por el caso de corrupción que se dio al interior de esa empresa. En marzo de 2018, la antigua cabeza de la empresa pública aceptó su responsabilidad por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado. La Fiscalía General lo investigaba por la apropiación ilícita de $27.879 millones entre los años 2012 y 2015. La determinación de los magistrados se basa en que Navarro no devolvió la mitad del dinero apropiado ni dar garantías de devolver el otro 50 %.

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Esta sentencia de segunda instancia se da a raíz de la apelación presentada por la Procuraduría en contra de la decisión de un juez penal de Barranquilla. Para el Ministerio Público “era evidente que el procesado obtuvo un incremento patrimonial en favor de terceros y para sí de $29.229 millones. El Juez no hizo efectiva la exigencia del reintegro del incremento patrimonial producto de los delitos como lo establece la reciente jurisprudencia sobre la materia que, incluso, lo contempla como requisito, aunque la Fiscalía no haya afirmado que el incremento patrimonial haya tenido lugar; sobre todo cuando en este caso fácil se colige de la imputación fáctica, que tal evento si aconteció y establecen las sumas a las que ascendió tal incremento patrimonial”.

La Procuraduría también afirma que “como los jueces de control de garantías ni el de conocimiento verificaron el cumplimiento del requisito legal del reintegro del incremento patrimonial, debe declararse la nulidad de lo actuado desde la audiencia de formulación de imputación a Ramón navarro Pereira o, en su defecto, desde la decisión que aprobó el allanamiento a los cargos para que se proceda a su rechazo”. En su momento, el juez de primera instancia decidió enviarlo a la cárcel teniendo en cuenta que Navarro tiene 65 años y tiene problemas de salud.

La supuesta apropiación se habría hecho a través de la creación de 54 órdenes de bienes y servicios que, según la Fiscalía, no fueron adquiridos. Sin embargo, los gastos se habrían acreditado como operaciones normales, se registraron en la contabilidad y en las declaraciones de renta en los respectivos años. El ente investigador también dijo que estos dineros se usaron para calcular los dividendos de los accionistas para realizar los cobros por regalías. Navarro fue detenido en el marco de un escándalo de corrupción que estalló en junio de 2017 en España. De acuerdo con la investigación de las autoridades, la Triple A fue utilizada por su casa matriz, la española Inassa, para supuestamente cubrir “torcidos” del Partido Popular español.

(Lea también: Operación Lezo: incautan en Colombia US$ 5,4 millones de Ignacio González)

De acuerdo con lo que han logrado establecer las autoridades de España, los cerebros del escándalo lograron desviar US$25 millones a través de las empresas públicas de aguas canal de Isabel II en España, por medio de transacciones en sus filiales en América Latina. El dinero, señala la investigación, fue utilizado por el Partido Popular y por quienes defraudaron a las empresas. En Colombia, el caso aterrizó en Barranquilla. Y las autoridades buscan establecer si se pagaron sobornos a políticos colombianos con los recursos de Inassa y de la Triple A.

El Tribunal Superior de Barranquilla acaba de revocar la prisión domiciliaria con la que contaba el exgerente de la Triple A, Ramón Navarro, condenado por el caso de corrupción que se dio al interior de esa empresa. En marzo de 2018, la antigua cabeza de la empresa pública aceptó su responsabilidad por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado. La Fiscalía General lo investigaba por la apropiación ilícita de $27.879 millones entre los años 2012 y 2015. La determinación de los magistrados se basa en que Navarro no devolvió la mitad del dinero apropiado ni dar garantías de devolver el otro 50 %.

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Esta sentencia de segunda instancia se da a raíz de la apelación presentada por la Procuraduría en contra de la decisión de un juez penal de Barranquilla. Para el Ministerio Público “era evidente que el procesado obtuvo un incremento patrimonial en favor de terceros y para sí de $29.229 millones. El Juez no hizo efectiva la exigencia del reintegro del incremento patrimonial producto de los delitos como lo establece la reciente jurisprudencia sobre la materia que, incluso, lo contempla como requisito, aunque la Fiscalía no haya afirmado que el incremento patrimonial haya tenido lugar; sobre todo cuando en este caso fácil se colige de la imputación fáctica, que tal evento si aconteció y establecen las sumas a las que ascendió tal incremento patrimonial”.

La Procuraduría también afirma que “como los jueces de control de garantías ni el de conocimiento verificaron el cumplimiento del requisito legal del reintegro del incremento patrimonial, debe declararse la nulidad de lo actuado desde la audiencia de formulación de imputación a Ramón navarro Pereira o, en su defecto, desde la decisión que aprobó el allanamiento a los cargos para que se proceda a su rechazo”. En su momento, el juez de primera instancia decidió enviarlo a la cárcel teniendo en cuenta que Navarro tiene 65 años y tiene problemas de salud.

La supuesta apropiación se habría hecho a través de la creación de 54 órdenes de bienes y servicios que, según la Fiscalía, no fueron adquiridos. Sin embargo, los gastos se habrían acreditado como operaciones normales, se registraron en la contabilidad y en las declaraciones de renta en los respectivos años. El ente investigador también dijo que estos dineros se usaron para calcular los dividendos de los accionistas para realizar los cobros por regalías. Navarro fue detenido en el marco de un escándalo de corrupción que estalló en junio de 2017 en España. De acuerdo con la investigación de las autoridades, la Triple A fue utilizada por su casa matriz, la española Inassa, para supuestamente cubrir “torcidos” del Partido Popular español.

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De acuerdo con lo que han logrado establecer las autoridades de España, los cerebros del escándalo lograron desviar US$25 millones a través de las empresas públicas de aguas canal de Isabel II en España, por medio de transacciones en sus filiales en América Latina. El dinero, señala la investigación, fue utilizado por el Partido Popular y por quienes defraudaron a las empresas. En Colombia, el caso aterrizó en Barranquilla. Y las autoridades buscan establecer si se pagaron sobornos a políticos colombianos con los recursos de Inassa y de la Triple A.