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El Juzgado 26 penal de Circuito de Bogotá avaló la acusación contra el exgobernador de Valle, Juan Carlos Abadía, quien presuntamente sería culpable de pagar un soborno para archivar un proceso en su contra en la Corte Suprema de Justicia.
El exgobernador Abadía fue vinculado formalmente a la investigación penal por el escándalo del cartel de la toga en junio de 2022. Luego de que, por años, testigos lo señalaran como supuesto beneficiario de la red de sobornos que se desarrolló en la alta esfera de la justicia.
La Fiscalía le imputó al exjefe departamental el delito de cohecho por dar u ofrecer, porque, al parecer, Abadía intentó torcer un proceso penal que andaba en su contra por hechos de corrupción cuando estuvo al frente de la Gobernación del Valle. Ante esta imputación se declaró inocente y ahora la Fiscalía lo llamó a juicio penal.
En contexto: Exgobernador Abadía pagó al cartel de la toga para archivar un proceso: Fiscalía
Los elementos de prueba dan cuenta de que el exmandatario regional, al parecer, le entregó $400 millones al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, exfiscal contra la corrupción, en 2014. Este dinero fue direccionado al hoy condenado y exmagistrado Francisco Ricaurte.
El caso es que Moreno Rivera fue contratado por Abadía para que lo asistiera en un proceso penal que se seguía en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, debido a presuntas irregularidades en un convenio de cooperación para la dotación de bibliotecas escolares en el Valle.
Juzgado 26 penal circuito: acusado formalmente por el delito de cohecho por dar u ofrecer art. 407 C.P. Juan Carlos Abadia Campo. Proceso por el llamado #CartelDeLaToga. La audiencia #Preparatoria queda programada para el próximo viernes 1 de septiembre, desde las 8:00 am.
— Complejo Judicial de Paloquemao (@prensapaloq) July 28, 2023
Abadía Campo, presuntamente, pagó para que las investigaciones que adelantaba la Fiscalía en su contra fueran archivadas o retardadas. Adicionalmente, buscaba que no se formulara imputación ni se pidiera medida de aseguramiento en una de estas, en la que se acordó con un fiscal delegado ante la Corte, que se dilataría el avance de la actuación y, a cambio, se le garantizaría al funcionario la continuidad en el cargo.
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