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El exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía fue formalmente vinculado a una investigación penal por el escándalo del cartel de la toga. Luego de que, por años, testigos lo señalaran como supuesto beneficiario de la red de sobornos que se enquistó en las altas esferas de la justicia, la Fiscalía le imputó al exjefe departamental el delito de cohecho por dar u ofrecer. Al parecer, Abadía intentó torcer un proceso penal que andaba en su contra por hechos de corrupción cuando estuvo al frente de la Gobernación del Valle. Él se declaró inocente.
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“Usted pagó para que las investigaciones en su contra fueran archivadas, para que no se realizara imputación y no se pidiera medida de aseguramiento”, le dijo el fiscal del caso a Juan Carlos Abadía al darle a conocer los cargos por los que será investigado formalmente. En concreto, a Abadía se le señala de que, a través de su exabogado, Gustavo Moreno, supuestamente, sobornó al exfiscal Alfredo Bettín, quien llevaba un proceso en su contra por contratos de la Gobernación valluna para la dotación de unas bibliotecas.
Gustavo Moreno, posteriormente, fue nombrado jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía y estando en ese cargo, en 2017, fue capturado por aceptar un millonario soborno del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Moreno comenzó a colaborar con la justicia y se convirtió en el principal delator del entramado de corrupción que se tejió en la Corte Suprema de Justicia para amañar procesos penales que se adelantaban en la Sala Penal en contra de congresistas y que fue llamado: cartel de la toga. Entre las personas que salpicó Moreno estaba Abadía.
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El fiscal Saagia Klinger, quien le imputó cargos a Abadía este jueves, aseguró: “se acordó con el fiscal Alfredo Bettín que se retardaría el avance de las investigaciones, que se le entregaría información privilegiada a estas personas y, a cambio, la organización mantendría en el cargo de fiscal delegado ante la Corte Suprema a Bettín”. En esa medida, según la Fiscalía, se configura el delito de cohecho, que consiste en pagar coimas o dádivas a funcionarios públicos por algo relativo a su cargo. Y en calidad de coautor.
Además, el fiscal del caso le reprochó a Abadía: “usted es una persona reconocida en la sociedad vallecaucana” y “ocupaba un lugar privilegiado en la sociedad, que depositó su confianza en usted al elegirlo”. A juicio del ente investigador, estas circunstancias podrían agravar la pena, en caso de que el exgobernador del Valle del Cauca termine condenado.
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El abogado de Abadía insistió varias veces durante la audiencia en que el delito no se configuraba porque el exgobernador, supuestamente, no sabía qué haría la organización criminal del cartel de la toga, y porque al exfiscal Bettín no le imputaron el mismo delito. El juez de control de garantías que presidió la imputación rechazó los reproches que hizo el abogado de Abadía y le insistió: “su cliente se presume inocente ante esta audiencia y ante la sociedad”.
Sin embargo, el juez le ordenó al fiscal que aclarara quiénes fueron los otros coautores que, según la investigación, actuaron de la mano con el exgobernador Abadía. El fiscal referenció directamente a dos: el condenado exmagistrado de la Corte Suprema, Francisco Javier Ricaurte, y Luis Gustavo Moreno, exjefe Anticorupción y exabogado de Abadía.
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